«Cataluña tiene que hablar con Cataluña». Pedro Sánchez ha instado a los independentistas a que «reconozcan a la otra parte que niegan» y renuncien a la «unilateralidad» a tres días de que se celebre el Consejo de Ministros en Barcelona, el primero en la ciudad desde la restauración de la democracia. El presidente del Gobierno ha reiterado que «lo que pide a gritos» Cataluña «es convivencia y no independencia» y que la única solución posible ante la autodeterminación es el «autogobierno» y por tanto el reforzamiento del Estatuto de autonomía. El camino solo será posible mediante un diálogo «sereno y sosegado», ha subrayado Sánchez como ya hizo el pasado fin de semana: «Si no renuncian a la unilateralidad están renunciando al diálogo, son conceptos contrapuestos», ha remachado.
«Dentro de la Constitución todo y fuera nada», ha sentenciado el presidente del Gobierno en su comparecencia en la Cámara alta, donde ha negado que los impulsores del procés en prisión provisional desde hace más de un año sean presos de conciencia. La misma consideración realizada por Sánchez la comparte Amnistía Internacional. El presidente también ha irritado a los representantes de los partidos secesionistas cuando ha afirmado que desde 2014 en Cataluña se ha votado «al menos en cuatro ocasiones, incluidos referendos para su pandilla», en respuesta al senador del PDeCAT, Josep Lluís Cleries. «La vía a la independencia es una vía cegada».
La crisis territorial ha centrado las intervenciones en el Senado de las formaciones nacionalistas e independentistas. La senadora de ERC Mireia Cortés ha eximido a la Generalitat de toda responsabilidad en el caso de que se produzcan disturbios el viernes en Barcelona. «Si pasa algo, la responsabilidad será de Sánchez y del Gobierno del Estado por la imposición de un Consejo de Ministros el 21 de diciembre, una decisión nada democrática», ha afirmado. La senadora, que ha reclamado la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado —opción que respalda Unidos Podemos, pero no el PSOE— ha recurrido a un documental de TV3 sobre la jornada del 20 de septiembre de 2017, cuando se produjo la concentración independentista frente a la Consejería de Economía, para desacreditar las acusaciones de violencia generalizada en Cataluña. Con todo, no ha cerrado la puerta a Sánchez para buscar una solución, aunque ha criticado la celebración de la reunión ministerial en Barcelona. «Víctimas de su autoritarismo y represión, tendemos la mano al diálogo en el que se pueda hablar de todo. ¿Está dispuesto a hacer avances reales? El Govern sí tiene una propuesta: dialogar de todo, de todo, de todo», ha expresado.
El PDeCAT ha puesto el énfasis en los «presos políticos», «cuatro de ellos en huelga de hambre, y acusados de delitos inexistentes», y ha pedido a la Unión Europea que «actúe de una vez». Para Cleries, Sánchez se encuentra «atrapado por las elecciones andaluzas y por PP, Ciudadanos y Vox, los defensores de la sacrosanta unidad de España». Y le ha reclamado un acuerdo para un referéndum de autodeterminación para resolver un conflicto que, desde su punto de vista, «es entre España y Cataluña y no entre catalanes». Respecto a la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, ha confiado en que sea «para aproximarse a la realidad catalana» y para tratar de abordar acuerdos con el presidente de la Generalitat. Aunque para ello, ha insistido, Sánchez «ha de hacer un cambio de rumbo». «Vuelva al diálogo y a los compromisos de la moción de censura. Nos encontrará», le ha trasladado.
«155 perpetuo»
La petición del PP de aplicar «un 155 perpetuo» en Cataluña supone para Sánchez cuestionar el modelo de la España de las autonomías. El presidente ha vinculado en su intervención de este martes en el Senado la exigencia del principal partido de la oposición de intervenir la autonomía catalana con una apuesta por el «centralismo predemocrático». Sánchez ha advertido de la “oportunidad para derruir la España autonómica”, que supondría la crisis territorial, en una alusión indirecta a los postulados que recoge en su programa Vox, partidario de acabar con el Estado autonómico. A diferencia de Ciudadanos, el PP quiere aplicar el acuerdo con la extrema derecha que, salvo sorpresa, permitirá el cambio en la Junta de Andalucía tras 36 años de Gobiernos del PSOE. «Si se escoran más a la extrema derecha ustedes sabrán», le ha dicho Sánchez a los representantes de Ciudadanos.
El PP, por boca de su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, ha descalificado la gestión de Sánchez al frente del Gobierno, al que, según ha recordado, llegó «en las peores condiciones y apoyado por los grupos radicales y los que quieren romper España» . «La mejor respuesta a sus seis meses de desgobierno son los resultados de las elecciones autonómicas de Andalucía», ha contrapuesto el portavoz al discurso del presidente, que ha calificado de «mitin». Cosidó ha reprochado a Sánchez haber «fracasado en todo cuanto ha intentado» y, con los ojos puestos en Cataluña, lo ha instado a volver aplicar el artículo 155 de la Constitución, a ejercer el control financiero de la Generalitat y de los Mossos d’Esquadra «ante la gravedad de la situación».
Cosidó ha acusado a Sánchez de tener un «mensaje equivocado» en inmigración y le ha pedido una rectificación urgente de la política migratoria. «En solo seis meses ha convertido a España en la principal puerta de entrada de la inmigración irregular de Europa», le ha espetado, incidiendo en que «su primer error se llama Aquarius«, en relación al barco de migrantes que acogió España ante la inhibición de Italia, lo que, según el popular, creó un «efecto llamada».
La inmigración como arma arrojadiza
El portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar, ha reprochado al PP que recurra a la inmigración «como arma arrojadiza y como competencia con la extrema derecha» y ha pedido a Sánchez que garantice los derechos humanos e impulse una operación retorno de quienes se fueron de España forzados por la crisis. Espinar, no obstante, ha centrado su discurso en la Constitución, en la que ha criticado «algunos de sus elementos agotados o quebrados por definición doctrinaria» en el ámbito social y territorial.
El senador ha instado a Sánchez a tomar la iniciativa para llevar a cabo «una transformación democrática del país». Espinar ha señalado que «el discurso de las tres derechas hace España cada día más pequeña»: «Necesitamos un proyecto de patria grande frente a los estrechadores, que reconozca el carácter plurinacional. Afronte el agotamiento del modelo autonómico». El portavoz de Unidos Podemos ha recordado a Sánchez que llegó a liderar su partido y a la presidencia del gobierno «subido a una ola de cambio». «No puede claudicar», lo ha exhortado.
Por el PNV, el senador Jokin Bildarratz ha apuntado hacia el modelo de Estado. «La Constitución española no está siendo una herramienta útil para resolver los problemas», ha diagnosticado. Para reforzar su argumento ha señalado que el 40º aniversario de la Ley Fundamental «se celebra en todas partes excepto en Euskadi y Cataluña» y ha invitado al Gobierno a «reconocer la plurinacionalidad del Estado y avanzar en el modelo» Bildarratz ha apelado a «abrir una nueva cultura política asentada en el respeto, el diálogo y la negociación orientada a una nueva visión de Estado». A «alcanzar un nuevo pacto político» en un país en el que «está vivo el espíritu de la Loapa (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico)».
Respecto a la intervención de la Administración catalana mediante el artículo 155 se ha preguntado de forma retórica si ha mejorado las cosas. «Todo lo contrario. Han empeorado», se ha respondido, señalando los riesgos de una «alocada carrera a ninguna parte» por parte de quienes «no se conforman con lo vivido» y «prefieren un empeoramiento». Bildarratz ha reclamado «un giro radical» para afrontar el problema territorial y abrir «una nueva fase con propuestas y con todos los grupos»: «Lo que pide Cataluña es distensión y diálogo. Negociación frente a la imposición». El senador vasco ha aprovechado su intervención para pedir la excarcelación de los políticos implicados en el procés: «Queremos a los presos catalanes en casa por justicia».
