En plena incertidumbre sobre el Brexit, España y Reino Unido han concluido un preacuerdo bilateral relativo a Gibraltar. Los dos Gobiernos han cerrado provisionalmente el paquete que regirá la relación entre España y la colonia británica una vez esta abandone la UE, junto a Reino Unido. Se trata de cuatro memorandos de entendimiento y de un tratado fiscal que persiguen equilibrar el nexo entre España y la colonia británica, etiquetada como paraíso fiscal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió anoche este principio de acuerdo, pero advirtió de que su amenaza de veto al acuerdo general del Brexit persiste.
Más tarde, el jefe del Ejecutivo conversó telefónicamente con Theresa May, primera ministra británica, a la que comunicó que España está dispuesta a vetar el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE en caso de que no se modifique para dejar claro que la aplicación en Gibraltar de la relación futura que pacte Londres con los Veintisiete tiene que negociarse de manera bilateral entre Madrid y Reino Unido, según fuentes de La Moncloa. La oficina de May, por su parte, ha asegurado que el acuerdo que negocia es global para Reino Unido, de forma que incluya también al Peñón. La conversación, a iniciativa de Pedro Sánchez, ha permitido a la líder británica tener una idea más clara del porqué de las objeciones españolas, explican esas mismas fuentes.
En medio de ese malestar, España y Reino Unido han conseguido el primer entendimiento sobre Gibraltar desde los malogrados acuerdos de Córdoba, hace 12 años. Paradójicamente, ese hito se produce en el momento más crítico del Brexit, en buena medida por el rechazo de España a firmar un texto que no garantiza, según la interpretación del Gobierno, que Gibraltar no sea considerada en el futuro como parte integrante de Reino Unido.
Aunque el Ejecutivo evitó dar publicidad a este acuerdo respecto a los memorandos bilaterales —la noticia fue anunciada por el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo—, el presidente confirmó su existencia y lo empleó como ejemplo de que España mantiene un enfoque constructivo respecto al Brexit, pese al insólito amago de veto. “Si no se resuelve el problema, España tendrá que votar no al acuerdo del Brexit porque afecta a la esencia de nuestro país, de nuestra nación. Y se lo dice un Gobierno que ha logrado pactar un protocolo y cuatro memorandos sobre la relación con Gibraltar. Nuestra actitud es constructiva”, argumentó Sánchez en una comparecencia conjunta con el primer ministro portugués, António Costa, tras celebrar una cumbre hispano-lusa en Valladolid.
Los memorandos de entendimiento abordan las cuatro áreas más sensibles entre España y el Peñón. Una de las más problemáticas ha sido el tabaco. Mediante el texto pactado, las autoridades gibraltareñas deberán comprometerse a elevar el precio para que no sea tan atractivo para el contrabando hacia España. Otro documento crucial, pero menos conflictivo, ha sido el relativo a los trabajadores transfronterizos (alrededor de 10.000 españoles cruzan la verja cada día para dirigirse a su puesto en el Peñón). El tercero recoge compromisos medioambientales (España se queja de que Gibraltar realiza vertidos ilegales, entre otros incumplimientos) y el cuarto alude a la cooperación policial y aduanera. Quizás el más importante de todos, formulado como tratado, alude a la fiscalidad. Gibraltar asume ciertos compromisos encaminados a reducir la competencia fiscal que realiza la colonia, donde se asientan muchas empresas con actividad en España para beneficiarse de la reducida tributación gibraltareña.
Ese preacuerdo es un primer paso en un largo historial de desencuentros entre Madrid y Londres a cuenta de Gibraltar, territorio etiquetado por España como paraíso fiscal. Los memorandos de entendimiento solo afectan, de momento, al llamado periodo transitorio del Brexit, el que regirá desde el día de salida (el 30 de marzo de 2019) hasta la entrada en vigor de la relación futura entre Reino Unido y el bloque comunitario (previsiblemente, en enero de 2021). Pero España confía en que siente las bases para un contacto futuro más pacífico. El razonamiento es que si el Peñón desea una relación estrecha con la UE —el 96% de sus ciudadanos votó por permanecer en la familia europea en el referéndum de 2016— tendrá que entenderse necesariamente con España.
Picardo, que regresó ayer de Madrid, una vez despejadas las negociaciones, aseguró en un comunicado que los trabajos han concluido ya y que solo quedan “ligeras aclaraciones pendientes” que se resolverán en las próximas horas. El ministro principal informará hoy a las instituciones del Peñón. Las autoridades españolas también sugieren que los cinco textos atienden la mayoría de sus reclamaciones en este proceso: que con la salida de Gibraltar de la Unión Europea, la relación respecto a España sea más equilibrada. El secretario de Estado para la UE, Marco Aguiriano, dará hoy más detalles en el Congreso de los Diputados.
Esta vía negociadora es paralela al acuerdo general del Brexit, en el que España sí mantiene fuertes objeciones a la solución que se da al futuro de Gibraltar. Pese a esa incertidumbre respecto al marco general, los Gobiernos español y británico han preferido concluir esta fase bilateral para allanar el camino en caso de que prospere el acuerdo final de retirada de Reino Unido de la UE. En cualquier caso, Sánchez está dispuesto a frustrar la próxima cumbre sobre el Brexit si el texto de retirada británica y la declaración política sobre la futura relación no clarifican que Gibraltar no forma parte de Reino Unido (y, por tanto, no se puede beneficiar automáticamente, sin el visto bueno del Gobierno español, de las ventajas que puedan pactar en un futuro Londres y Bruselas). “No nos sentimos representados ni reflejados en ese texto”, remachó Sánchez. La voluntad del Gobierno español es, pese a todo, lograr un encaje que permita desbloquear el texto antes del 25 de noviembre, cuando está previsto que lo refrenden en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno europeos.
Malestar en Bruselas
Aunque esta hipótesis de bloqueo incomoda a algunos líderes europeos, que ven un obstáculo sobrevenido en la ya compleja gestión del divorcio británico, el primer ministro portugués quiso respaldar la objeción española. “Se ha considerado esencial que no haya una frontera rígida entre Irlanda e Irlanda del Norte. Pero el asunto de Gibraltar también es central para España. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por contentar a todos”, señaló Costa. El divorcio británico fue uno de los asuntos europeos que abordaron ambos mandatarios.
Con la insistencia en clarificar el estatus de Gibraltar, España pretende corregir una anomalía que le perjudica desde que accedió a la Unión Europea, en 1986. Cuando Reino Unido se adhirió al club, en 1973, Gibraltar lo hizo en una situación bastante peculiar: como territorio no autónomo cuyas relaciones exteriores gestiona Londres, pero sin atenerse a muchos de los preceptos comunitarios, entre ellos la unión aduanera o la fiscalidad. Eso le permite estar dentro de la UE, pero con unas normas fiscales abusivas respecto a España. Esa situación ha provocado choques continuos entre Madrid y Londres durante su convivencia europea.
Hasta ahora los socios europeos trataban de mantener equidistancia porque era un conflicto que afectaba a dos de ellos. Pero con la salida de Reino Unido, España quiere garantizarse que Bruselas está de su lado. Algo que no queda resuelto, según la interpretación del Gobierno, con la actual redacción del acuerdo de retirada británica.
