LA AMNESIA QUE HACE DESTROZOS EN LOS CEREBROS POLÍTICOS
LAS TORRES DE COTILLAS (PSICOANÁLISIS DE CANO VERA).- Oigo ruidos de sables y de cascos de caballos. Leo titulares de medios de prensa de papel, y me siento un enano por la sencillez y humildad de nuestras criticas a los mandamás que van a menos creíbles. Escucho la críticas a los jueces, fiscales y al Estado del Derecho. Y en las pantallas de televisión ruedan cabezas en tertulias que te crispan los nervios que suavizo con ingestas con cantidad de tila. Y estando en situación de éxtasis gracias a un canuto de «maría» observo, preocupado,que me zumban los oídos castigados por tantas chorradas, gilipolleces, desvaríos, robos, mentiras y coartadas demenciales. Pero el peor problema que tenemos en este país potreado es la epidemia de amnesia que ha invadido los cerebros de las cúpulas políticas, negocios sucios, económicas y hasta religiosas y largo etcétera, una enfermedad contagiosa que se denomina murciana por los talentos del periodismo alquilado, que nunca se acuerdan de la Región en los momentos de más necesidad.
J.J. CANO VERA
HEMEROTECA: Instan a investigar si la desaladora de Escombreras lesionó a la hacienda pública
De hecho, el mismo informe de la Intervención señala que «la pérdida media de la explotación de la planta asciende a 6 millones de euros, lo que, unido a los gastos financieros anuales, llevaría a que los resultados negativos cada año se situasen, como media, cerca de 13 millones de euros durante el periodo 2013-2015». Es decir, 54 millones en los últimos 4 años.
Y aún más, parafraseando al Tribunal de Cuentas en su informe relativo a las cuentas del 2010 y 2011, éste afirmaba «que el mantenimiento del actual porcentaje de subvención sobre coste de producción de agua abastecida» (en torno al 95% en esos dos años), supondría unas pérdidas anuales de 11 millones de euros, incluso si la planta estuviera a pleno rendimiento (21 hm3 frente a los 12 hm3 actuales).
Cuentas «infieles»
Y, siguiendo en la misma línea argumental, los servicios jurídicos comentan que los sucesivos informes de auditoría de cuentas anuales de la desaladora de Escombreras advierten en 2008, 2009 y 2010, «la reducción del patrimonio neto a menos del capital social». En 2012 y 2013, la auditoría concluye que «las cuentas no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad».
Además, esas mismas auditorías concluyen en el informe de hace dos años que «no se especifican los motivos que han llevado a esta situación» a la planta «ni se incluye información acerca de la capacidad de la sociedad para continuar su funcionamiento».
Los servicios jurídicos recuerdan que la responsabilidad contable se describe en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/82 como una responsabilidad patrimonial, al indicar que «el que por acción u omisión contraria a la Ley originara menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados». Estos daños deberán ser «efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales o efectos».
Posible relevo de los cargos que pusieron su firma
- Una de las consecuencias inmediatas de la situación que arrastra la polémica desaladora de Escombreras sería la sustitución de las dos personas que firman los informes. Al parecer, el presidente de la Comunidad Autónoma estaría valorando cambiar al interventor, Eduardo Garro
- En su lugar, situaría al antiguo consejero e interventor jurídico militar Fernando de la Cierva, quien la pasada semana sonó también como secretario general de la consejería de Cultura, hasta el punto que se dio por hecho su nombramiento
- Para el puesto de jefe de los servicios jurídicos y en lugar del actual, Francisco Ferrer, aparece el nombre de Guillermo Insa, quien ocupó la plaza de director general de la Función Pública de la consejería de Presidencia en los tiempos en los que la titular era María Pedro Reverte
Disolución y fiscalía
En su informe, también consideran que sería viable, conforme a Derecho, poner en práctica el procedimiento para disolver o declarar concurso de acreedores la Sociedad Mercantil Regional Desaladora de Escombreras S.A.U., dada su inviabilidad económica y las pérdidas que acarrea desde que entró en funcionamiento.
Por último, en sus conclusiones, los Servicios Jurídicos de la Comunidad consideran que «procede dar traslado a la Fiscalía los informes emitidos con fechas 30 de abril y 18 de mayo de 2015 por la Intervención General de la documentación que ha servido de soporte a los mismos», así como el propio de los Servicios, «para que se incorporen» a las diligencias de la investigación abierta por el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera. De hecho, el fiscal reclamó hace unos días estos informes a la Comunidad.