El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recurrido a las pensiones para intentar sacar adelante los Presupuestos de 2018 y, con ello, salvar la legislatura. No está dispuesto a hacer cambios sobre las reformas que ya se han aprobado en el pasado ni a recurrir a nuevos impuestos para aumentar los ingresos de la Seguridad Social en déficit desde hace siete años. Y para el futuro, al menos el inmediato, solo ha ofrecido en el debate sobre pensiones del Congreso de los Diputados ayudas en el IRPF para pensionistas y familias, así como una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad. Pero las ha vinculado al debate de Presupuestos de 2018 y a su aprobación: un objetivo que no está garantizado por parte de los dos principales apoyos del Gobierno: Ciudadanos y el PNV.

Sus propuestas, aparte de no dar ni un paso atrás, consisten en trabajar en el Pacto de Toledo para tratar de cerrar el déficit estructural, compaginar una mejora de las pensiones con el equilibrio del sistema, mejorar las pensiones de viudedad, avanzar lucha contra el fraude y favorecer el envejecimiento activo y compatibilidad de la pensión con el trabajo. Pero todo en base a la creación de empleo y en el marco presupuestario de este año, para el cual no existe consenso.

En un debate monocorde y de perfil bajo, sin grandes propuestas ni concreción por parte del Gobierno ni de la oposición, el presidente Rajoy apenas ha concedido en una respuesta a la diputada canaria Ana Oramas, que cuando habla de «mejora pensiones mínimas», ahora 2,4 milllones (el 25% del total), ve con buenos ojos que suban según el IPC. Pero solo estas, no el resto, la principal reivindicación de los pensionistas que han salido estos días a la calle.

Rajoy sí ha dejado claras sus líneas rojas: no tocará la reforma de 2013, es decir, no se volverá a la revalorización de las pensiones según la evolución de los precios como reclaman los pensionistas en la calle y la oposición en el Pacto de Toledo. «Lo que les propongo es seguir avanzando sobre lo ya construido y no dar marcha atrás en ninguna reforma de las que se han hecho a lo largo de nuestra democracia», ha aclarado, con referencias explícitas a las reformas de 2011, la que retrasó la edad legal de jubilación de 65 a 67 años, y la de 2013.

Hasta llegar aquí, el presidente del Gobierno ha desgranado un discurso en el que, sin decirlo, ha venido a dejar claro que piensa que hay poco margen de gasto. Ha apuntado que el 40% del gasto del Gobierno central recae en pensiones; que si se toma el desembolso anual de todas las administraciones, se queda en el 29%, casi ocho puntos porcentuales más que hace 10 años, y que «más que duplica la siguiente partida de gasto, la de sanidad». Cuando ha hablado del número de beneficiarios, lo ha cifrado en 14 millones, incluyendo no solo a los pensionistas (de Seguridad Social y funcionarios jubilados) sino también a los parados que perciben prestaciones y subsidios.

La propuesta para los Presupuestos no va más allá de 2018. Y nada ha dicho sobre cómo aportar más recursos al sistema de pensiones que no procedan de las cotizaciones y ha descartado nuevos impuestos. Ha insistido en que es necesario que haya «más y mejor empleo». Sin embargo, no ha expuesto alguna de las iniciativas que el Ministerio de Empleo esta misma legislatura y su Gobierno, en la anterior, ya ponían sobre la mesa para cerrar el déficit de casi 19.000 millones de euros que tuvo la Seguridad Social en 2016 y 2017.

Después de haber rechazado hasta cinco iniciativas de la oposición para revalorizar las pensiones con el apoyo de Ciudadanos, y con los pensionistas caldeando la calle por la subida del 0,25% en sus retribuciones, Mariano Rajoy afronta el pleno más político de la XII Legislatura. Para el presidente del Gobierno, con el PP casi en minoría en el Pacto de Toledo, es uno de los momentos más complicados desde que llegó a la Moncloa. Aliviada la crisis catalana, los problemas reales han empezado a estallar en la cara del Gobierno. Y el de los pensionistas, uno de los caladeros del voto popular, constituye el desafío más inasequible.

El Gobierno eligió el formato más cómodo para este trance, insertando la intervención de Rajoy en un pleno ordinario, desechando, como quería la oposición, propuestas de resolución comprometedoras por la aritmética del hemiciclo. Sobre ese marco, el presidente ha puesto el énfasis en las dificultades de revalorizar las retribuciones de los jubilados en las actuales circunstancias y ha insistido en la creación de empleo como mejor fórmula para resolver el problema.

Réplicas y contrarréplicas

En tono agrio, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha reprochado a Rajoy que vaciara la hucha de las pensiones y que, con sus recortes, haya hecho que los pensionistas soporten el déficit estructural. “Se están tomando el Pacto de Toledo a cachondeo”, ha reprendido. Robles ha pedido la revalorización de las pensiones en relación al IPC, el fin del factor de sostenibilidad, impuestos a la banca y a las transacciones financieras, la derogación de la reforma laboral y políticas de empleo.

También el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias ha sugerido propuestas para mejorar las prestaciones y asegurarlas en el futuro para que no dependan del Gobierno de turno. “La seguridad de un Estado se mide por la calidad de las pensiones”, ha señalado. En ese sentido, ha pedido la derogación de las dos últimas reformas laborales, solidaridad tributaria (un impuesto a la banca), suspender las desgravaciones a los planes privados de pensiones y acabar con el factor de sostenibilidad (que ha designado como “de empobrecimiento”).

Por su parte, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha reprendido a Rajoy y al PSOE que no hayan cumplido con el artículo 50 de la Constitución, que alude a pensiones dignas y a su periódica actualización. “Ciudadanos ayudará si hay reformas valientes”, ha condicionado. Entre sus propuestas, ha aludido a una bajada del IRPF para quienes ganan entre 12.000 y 17.000 euros anuales. También al problema de la baja tasa de natalidad, para la que ha solicitado ayudas y deducciones. Ha llamado a una bajada de los impuestos y a llevar a cabo una reforma laboral.

El portavoz paralamentario del Grupo Vasco, Aitor Esteban, ha criticado las tanto las políticas del PSOE como las del PP y se ha mostrado muy escéptico . con el formato del pleno y con el futuro del sistema de pensiones «tal y como está planteado ahora». Esteban ha conminado a Rajoy a hacer propuestas y recuperar consenso; a derogar la ley de factor de sostenibilidad y a encontrar nuevas fórmulas de actualización. Por ejemplo, eliminando gastos impropios de bonificaciones y exenciones de cotización de empresas.

En su segunda intervención, Rajoy se ha sentido preocupado por las críticas del PSOE, que ha considerado demagógicas. Se ha aferrado a la reforma laboral porque considera que ha ayudado generar crecimiento y, para defenderse, ha sacado el retrovisor para reprobar políticas socialistas y la situación económica que encontró el PP a su llegada al poder. Rajoy ha ajustado cuentas con las medidas que adoptó el PSOE al respecto, como el retraso de la jubilación, el aumento de los años de cotización o la previsión del factor de sostenibilidad, pero ha decidido que no va a tocarlas, aunque no dará su brazo a torcer con la indexación de las pensiones al IPC, que ha considerado que “no funciona” y cree que es mejor vincularlas al factor de crecimiento.

El presidente ha fijado el desafío en equilibrar el sistema generando empleo, pese a que ha admitido que hay que hacer reformas económicas «en el Pacto de Toledo». Rajoy ha compartido palabras y deseos de Rivera y ha agradecido que “no se sumara a la subasta general”, pero ha fijado el objetivo en que el empleo crezca en número y calidad. Esa amabilidad le ha sido correspondida por Rivera, que en su contestación ha desvelado su disposición a negociar los Presupuestos.

«Ciudadanos ha decidido ser responsable y va a negociar los Presupuestos con una bajada de impuestos a los que no pueden llegar a fin de mes», ha enfatizado. Una condición que ha vinculado a otras como la equiparación salarial de los policías, el permiso paternidad o las ayudas a las familias que quieren tener hijos. En esta ocasión, Rivera no exigió al PP que apartarara a la senadora Pilar Barreiro, investigada en una causa judicial.

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELPAIS