La previsible salida de prisión del los ex miembros del gobierno de la Generalitat, una vez que la causa que se sigue en la Audiencia ha recalado en el Tribunal Supremo, podría reducir la tensión en la campaña electoral del 21-D, o al menos eso cree el Gobierno, pero la acción judicial seguirá su implacable curso en un proceso cuya sentencia podría producirse a mediados de 2018.
Oriol Junqueras, Raúl Romeva o Jordi Turull (ahora en la cárcel de Estremera) podrían participar en las campañas de ERC y Junts per Catalunya. E incluso podrían formar parte del nuevo Govern de la Generalitat si los independentistas suman suficientes escaños. Pero más temprano que tarde terminarán sentándose en el banquillo de los acusados para responder por graves delitos.
El escrito de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el que estima que “la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes es la única manera de comprender en su integridad toda la trama” es rotundo a la hora de señalar el objeto de la investigación: “La existencia de una trama compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña“.
El planteamiento de Lamela es coherente con el auto del juez del Supremo Pablo Llarena por el que decretó prisión eludible con fianza de 150.000 euros para la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El magistrado sostiene que “de la observación de los hechos se constata la concurrencia inicial de todos los elementos que precisa la calificación de rebelión que el Ministerio Fiscal sustenta en su querella”.
Los delitos por los que serán juzgados los investigados (rebelión, sedición, desobediencia, malversación) conllevan duras penas de prisión -de 15 a 25 años- y, por supuesto, la inhabilitación para ejercer cargo público.
El Tribunal Supremo ya condenó el pasado 22 de marzo a 13 meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros al ex portavoz del PDeCAT,Francesc Homs, por un delito de desobediencia por su actuación en la organización de la consulta ilegal del 9-N.
La Sala que juzgó a Homs (presidida por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena) será la encargada de establecer las responsabilidades de los investigados en una causa que sentará en el banquillo a todo el anterior gobierno catalán, empezando por su presidente, el huido Carles Puigdemont; a los ex miembros de la Mesa del Parlament que dio luz verde a la declaración de independencia, y a los implicados en los hechos que tuvieron lugar el día 1 de octubre con motivo de la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación (los Jordis, ya que Trapero seguirá en la Audiencia)
Se da por seguro que, durante la instrucción, el Supremo ampliará la lista de investigados. En el escrito de la juez Lamela se establece la existencia de un “comité estratégico” para poner en marcha la independencia unilateral que estaría compuesto por el presidente y vicepresidente de la Generalitat (Puigdemont y Junqueras), los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas (lo que abre la vía a la imputación de la líder de la CUP Anna Gabriel), y los presidentes y vicepresidentes de entidades soberanistas (ANC, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios Independentistas).
Los máximos responsables de la conspiración -algunos de los cuales figuran en las listas de ERC, Junts per Catalunya o la CUP- pueden ser condenados a duras penas de cárcel y a inhabilitación ¿Qué ocurrirá si esto sucede cuando ocupen cargos en el Govern o sean miembros electos del Parlament?
Ese escenario es contemplado como una hipótesis más que probable por parte del gobierno. “Sería la tormenta perfecta, pero tenemos que contar con ello”, se resigna un miembro del Ejecutivo.
¿Qué hacer? La entrada de todo o gran parte del Govern y de un grupo de diputados en la cárcel -no ya de forma preventiva, sino cumpliendo condena- provocaría una crisis institucional sin precedentes, al margen de la utilización política que de ella haría el independentismo radical. El gobierno tiene dos opciones: asumir con todas sus consecuencias la sentencia del Supremo; o bien, ofrecer a los independentistas un pacto que consistiría en el ofrecimiento de un indulto a cambio de una renuncia expresa y rotunda a la independencia unilateral.
Sólo pensar en esa situación, que se concretará dentro de unos meses, pone de los nervios al gobierno. La opción más pragmática sería la de buscar un acuerdo, un gran pacto en el que necesariamente debería implicarse la oposición. Rajoy se inclina por esa vía y la prueba de ello ha sido la elección como Fiscal General del Estado del magistrado Julián Sánchez Melgar, un hombre al que sus compañeros del Supremo califican como “sólido jurista pero con menos aristas que su antecesor Maza”. Es decir, un Fiscal idóneo para una nueva etapa que el presidente del gobierno pretende que sea menos tensa y dramática que la que concluyó con la aplicación del arículo 155.
Los riesgos del pacto son evidentes. Los independentistas podrían vender ante su electorado que su salida de prisión implica una victoria: la “amnistía” política. Pero lo que más preocupa en Moncloa es la reacción contraria a esa vía por parte de los sectores políticos y mediáticos más a la derecha y que no están dispuesto a admitir el perdón a los que han puesto en riesgo la unidad de España.
Rajoy mira con recelo a su flanco derecho. Sabe que Aznar se está mostrando muy activo e incluso que dentro de la propia dirección popular hay quien ve esa alternativa como una traición. El cabeza de lista del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, ha dicho, en una entrevista publicada por El Independiente: “Si algún gobierno indultara a los golpistas, desaparecería del mapa político”. Lo que está haciendo Albiol es dar un aviso a navegantes. El líder popular catalán no está sólo en el PP en esta batalla contra el pacto. Una parte importante del gobierno recela de la vía del pacto y utiliza como argumento que, de producirse, se estaría dando una baza política impagable a Ciudadanos, que ha ganado enteros en las encuestas a costa del PP precisamente por su posición intransigente respecto a la independencia de Cataluña.
