El Gobierno no ha roto la línea que trazó hace poco más de un año sobre el perfil que quería del fiscal general del Estado. La designación de Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo, en sustitución del fallecido José Manuel Maza, supone la continuidad en los criterios de fondo sobre las querellas presentadas contra los líderes independentistas de la Generalitat de Cataluña, aunque se le atribuye más flexibilidad. Las variaciones pueden darse sobre las medidas de prisión preventiva que, aunque no fueron compartidas por el Gobierno, el anterior fiscal general impulsó hasta el final.
Con la elección de Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado, el Gobierno sigue el modelo por el que ya optó con el fallecido Maza: situar al frente del ministerio público a un magistrado proveniente de la Sala Penal del Tribunal Supremo y conservador. Maza lo fue y también lo es Sánchez Melgar, con un perfil técnico y profesional muy sólido. En la elección ha jugado un papel determinante el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que le conoce y trata desde hace 15 años, junto al criterio del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, que es muy escuchado tanto por Catalá como por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Nada tenía que objetar el Gobierno sobre el trabajo de José Manuel Maza, cuyo fallecimiento ha afectado tanto al presidente como al ministro de Justicia, aunque en medio de la gravísima crisis con Cataluña su absoluta independencia de criterio no vino siempre bien al Gobierno. Este compartía la necesidad de presentar las querellas contra los líderes independentistas, pero no así la petición de medidas cautelares que hizo la fiscalía: prisión provisional para los exmiembros del Govern y los representantes de la Mesa del Parlament. Hubo momentos de tensión en esos días entre el Gobierno y la Fiscalía, pero Maza siguió adelante con su criterio.
Catalá apuntó ayer una línea de continuidad pero abrió la puerta a cambios si las circunstancias varían. “Las querellas que se presentaron contra miembros del Gobierno catalán fueron decisión de la institución que es la Fiscalía General del Estado, y no solo de una persona, y esas marcarán las líneas de la Fiscalía sin prejuicio de las acciones que se puedan tomar”, dijo.
Esas acciones vendrán determinadas por la asunción por parte del Tribunal Supremo de todas las causas abiertas y también por las declaraciones que puedan hacer los exmiembros del Govern. Si mantienen la línea de defensa de los miembros de la Mesa, con su presidenta Carmen Forcadell a la cabeza, de renunciar a la vía unilateral de independencia o negar que se proclamara, la medida de prisión preventiva puede levantarse. No obstante, es posible que las medidas de prisión para los ahora encarcelados se revisen antes incluso de que sea oficial el nombramiento de Sánchez Melgar. Al Gobierno y a jueces del Supremo la prisión preventiva les pareció excesiva.
No es previsible que Sánchez Melgar dé un gran cambio de rumbo a estas posiciones, pero sí se le atribuye más cintura política que a su antecesor. El candidato del Gobierno a fiscal general del Estado fue nombrado magistrado del Supremo en diciembre de 1999 gracias a la mayoría conservadora que, entonces como ahora, existía en el Consejo General del Poder Judicial.
Pasar al otro lado
Nacido en Palencia en 1955, Sánchez Melgar ingresó en la carrera judicial en 1983 y en el inicio de su carrera estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona. Ahora, en la cúpula de la Fiscalía, le tocará ocuparse de nuevo de esa comunidad.
No es un tema al que Sánchez Melgar llegue de nuevas porque el futuro jefe de la Fiscalía es uno de los cinco magistrados del Supremo que firmó el pasado 31 de octubre el auto de admisión a trámite de la querella presentada por Maza contra los miembros de la Mesa del Parlament. En esa resolución, acordada por unanimidad, los magistrados del alto tribunal asumieron la mayoría de los argumentos del fiscal, aunque introdujeron algún matiz, como la posibilidad de que no hubiera indicios suficientes para atribuir a los investigados el delito de rebelión (que exige que se haya actuado con violencia) y hubiera que rebajarlo a conspiración para la rebelión. Ahora, Sánchez Melgar tendrá que pasarse al otro lado y tomar los mandos de la acusación contra los líderes independentistas, que, tras la decisión adoptada ayer por el instructor Pablo Llarena de unificar las causas, será instruida por sus antiguos compañeros del Supremo.
Antes de su nombramiento definitivo, este magistrado tendrá que pasar por el juicio del Consejo General del Poder Judicial, aunque su informe no es vinculante, y por una audiencia en la Comisión de Justicia del Congreso. En la Cámara baja, la oposición le reprocha ser el candidato del Gobierno. Tanto el ministro de Justicia como el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, recordaron ayer que es competencia del Gobierno la designación del fiscal general. Nunca ha sido un candidato de consenso, sino de criterio exclusivo del Ejecutivo.
FUENTE: ELPAIS
