CUANDO leí la entrevista de Jorge Bustos a Montoro anteayer me quedé atónito, pero no sorprendido. Ya he comentado aquí -sin hipérbole- que el Gobierno de Rajoy debería ser juzgado por auxilio a la rebelión en el golpe de Estado catalán, que, como acredita Llarena, comenzó cinco años antes con el proyecto de desconexión de Mas, que Rajoy se negó a combatir entonces -prefirió dialogar, hasta por carta- y sigue financiando ahora. De las embajadas a TV3 y el inmenso pesebre mediático separatista, de los Mozos a la propia Generalidad, el dinero que afana Montoro con su terror fiscal (la Amnistía es para los iniciados) se dedica a mantener vivo el golpe. Lo demuestran el juez de Barcelona, la Audiencia y el Supremo, con las pruebas que la Policía y la Guardia Civil rescataron de las zarpas de los Mozos golpistas.
Pero lo de Montoro es algo más y mucho peor: un respaldo al tribunal de Schleswig-Holstein y al Gobierno alemán en su desprecio a la euroorden. Es la misma genuflexión de Rajoy ante Merkel en Argentina y el mismo día de la declaración de los golpistas ante Llarena, reforzando las tesis de la defensa de los golpistas que son las mismas de la Ministra de Justicia alemana, cuya destitución debió pedir el Gobierno el día en que nos trató como a una dictadura asociada a la UE. Recordemos: presumió de conocer la sentencia de antemano, la respaldó y añadió que no había delito de rebelión ni «sería fácil que el Gobierno demostrara el de malversación de fondos». Montoro lo suscribe. Ayer, el Frankfurter citaba a Montoro para respaldar a Merkel y su apoyo al golpe. Y también Junqueras y Tardá se lo agradecieron y anunciaron que lo citarán como lo que es: testigo de la defensa del golpe.
Montoro miente descaradamente, como cuando su ministerio respaldó a la infanta Cristina admitiendo deducciones que reconocía falsas. Amén de abofetear al Supremo, revela que a Rajoy le resulta cómodo que Berlín se quede a Puigdemont. Este es un Gobierno en desbandada que mantiene el lío de Cifuentes para tapar su responsabilidad en Cataluña. Y la insostenible postura alemana, que ha diseccionado implacablemente Enrique Gimbernat, le conviene sobre todo a Montoro, que afirmó en el Parlamento ante Rivera que no se había gastado dinero público en el Prusés. Rivera dijo que le tomaba la palabra. Hágalo.
Cristóbal Montoro certifica el fin de ciclo de Mariano Rajoy
No hay Gobierno en España. Es la impresión de lo que viene sucediendo en los últimos tiempos. Sobre todo, referido al fracaso de la estrategia de Mariano Rajoy frente al secesionismo.
Pero no solo en este acápite fundamental. Se instala la sensación de fin de ciclo que recuerda a lo que sucedió en la última época de la UCD en el Gobierno de España. Para que la similitud sea simétrica, solo falta la estampida final en las confrontaciones internas del PP al grito de «sálvese quien pueda».
El presidente de Gobierno hace tiempo que ha abdicado de toda acción política frente al desafío catalán. Ha dejado toda la defensa del estado en manos del Rey y del magistrado Pablo Llarena.
Se instala la sensación de fin de ciclo que recuerda lo que sucedió en la última época de la UCD en el Gobierno de España
Pero en su desidia ha dado un paso al frente. El ministro Cristóbal Montoro, sorprendentemente y sin una razón distinta que su imprudencia o su deseo de justificar su gestión, ha declarado en una entrevista en el diario El Mundo que «no se ha utilizado ni un euro de dinero público en el referéndum del 1-O».
En otras palabras, Montoro contradice de raíz la existencia de los presuntos delitos que justifican el procesamiento de los golpistas por malversación. Hasta tal punto que el magistrado Llarena ha requerido al Ministerio de Hacienda para que apuntale con datos lo manifestado por el ministro.
Montoro contradice la existencia de los presuntos delitos de malversación en Cataluña
Y todo ello con la extradición de los fugados pendiente de decisión de las autoridades judiciales de Alemania, Bélgica y el Reino Unido.
Es el último episodio de una larga carrera de errores y omisiones cometidos por Rajoy desde que comenzara la más importante crisis de la democracia española desde el golpe de estado del 23-F.
Hagamos algunas reflexiones
La impericia del Gobierno en el intento de referéndum del 1-0 es de sobra conocida. Las fotos de la intervención policial, producto de la incapacidad del ejecutivo para prevenir la respuesta del secesionismo, apuntaló el relato secesionista en el mundo.
Tuvo que mediar el Rey para establecer un sólido muro de contención del secesionismo. A la vista de lo ocurrido desde la puesta en vigor del artículo 155, la intervención se ha quedado corta. Y no solo en lo referido a la televisión pública catalana.
Fuentes cercanas a la delegación del Gobierno en Cataluña, dan cuenta de la desazón del delegado, Enric Millo, por los criterios impuestos desde el Gobierno en la administración de los órganos intervenidos de la Generalitat.
La intervención del 155 se ha quedado corta
Las mismas fuentes afirman que la mayor parte de las instituciones de la Generalitat carecen de un control efectivo del Gobierno de Rajoy y que están sincronizadas por canales subterráneos al servicio de los intereses del cesado presidente Carles Puigdemont.
Según estas fuentes, la consigna impartida desde la presidencia del Gobierno de España ha sido la de mínima intervención y guante de terciopelo en la gestión pública de los órganos de la Generalitat.
En este momento, producto de diferencias importantes de criterio en estos asuntos, la comunicación del presidente Rajoy con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, está rota.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sigue fiel a su compromiso de apoyar al Gobierno de Rajoy en la defensa del estado. Pero su descontento y sus discrepancias son profundas.
La acusación de desistimiento de la política y la delegación de todo el peso en el Tribunal Supremo hace más incomprensible la posición de Montoro de cuestionar la utilización de fondos públicos sostenida por el magistrado Llarena.
La puntilla: los sindicatos y el ‘caso Cifuentes‘
Hay otros episodios que sin ser responsabilidad directa de Rajoy apuntalan la idea de fracaso en la crisis catalana. Sin duda el apoyo público y activo de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT a la causa del independentismo.
Se ha constatado la baja masiva de afiliados en los dos sindicatos a los que nadie ha sido capaz de reconducir en su deriva de apoyo a los golpistas.
La ausencia de una estrategia de comunicación internacional del Gobierno en la crisis catalana ha promovido discretas quejas de embajadores por la falta de instrucciones en sus respectivas legaciones para contrarrestar el relato secesionista.
Ciudadanos succiona toda la acción política del Gobierno
Rajoy traslada la impresión de que toda la acción política de su gobierno está succionada por la amenaza electoral de Ciudadanos. La gestión de la crisis de Cristina Cifuentes es un buen ejemplo. Prefiere que no dimita solo con la creencia de que el apoyo de Ciudadanos a la moción de censura presentada por Ángel Gabilondo pase factura al partido de Albert Rivera por la participación de Podemos.
Empieza a producirse abandonos en el barco del Partido Popular en medios de comunicación, hasta ahora amigos, y en sectores financieros.
Lo más preocupante, sin duda, es el frente contra los intentos de secesión en Cataluña y la sensación creciente de que Mariano Rajoy navega a la deriva en estas aguas turbulentas.
