El expresidente de Murcia habría cometido un delito de fraude
En su escrito de acusación de 49 folios las fiscales anticorrupción solicitan al titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, García Castellón, la apertura de juicio oral. El número de acusados se eleva a 19.
Según el Ministerio Fiscal, el empresario Alejandro de Pedro contactó directamente o a través de intermediarios con tres dirigentes del Partido Popular de Murcia, de los que dos eran miembros del Consejo de Gobierno y el tercero la alcaldesa de Cartagena. El objetivo era la elaboración de estrategias de comunicación online encaminadas a promocionar la imagen en la red de estos cargos públicos. El pago de estos informes sería abonado por las respectivas Consejerías y el Ayuntamiento de Cartagena.
Tras una exhaustiva investigación de la Fiscalía que incluye varios informes elaborados por la UCO de la Guardia Civil y por la AEAT que han supuesto la incautación de numerosa documentación e intervenciones telefónicas, esta Pieza Separada nº 3 del Caso Púnica, tras la presentación de este escrito del MF y de las acusaciones populares y particulares, entra en su recta final.
A la vista de los hechos constatados las fiscales solicitan para los principales cabecillas de la trama las siguientes penas:
Pedro Antonio Sánchez , ex Consejero de Educación, Cultura y Universidades. Por el delito de fraude en concepto de autor: la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de costas. Sánchez está además procesado en otros dos casos que se están siendo investigados en los juzgados de en Lorca y que tienen que ver con su etapa como Alcalde de Puerto Lumbreras: Auditorio y Pasarelas.
Juan Carlos Ruíz, ex Consejero de Industria, Turismo. Empresa e Innovación. Por el delito de fraude, como autor por inducción: 2 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por 8 años, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de costas. Por el delito de prevaricación, como autor por inducción: la pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y pago de costas.
Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena. Por razón de su aforamiento ya que en la actualidad es senadora, el MF no la incluye entre los acusados ciñéndose a relatar su participación solo en los hechos que se investigan en esta PS. En estos momentos está siendo investigada por la Sala II del Tribunal Supremo por los trabajos pagados por el propio Ayuntamiento del que era alcaldesa. Para el MF “Pilar Barreiro buscó la forma de financiar sus trabajos personales de reputación fuera del Ayuntamiento (…) para lo que pactó con Pedro Antonio Sánchez que Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso le realizasen trabajos de reputación en internet y a la vez, le promocionasen ante el PP nacional utilizando sus contactos. También convino que fuese el presupuesto de educación el que costease los trabajos personales de reputación de los dos”.
Para el resto de los acusados, destacan las penas solicitadas para el cabecilla Alejandro de Pedro que ascienden a 6 años y 6 meses por los delitos continuados de fraude, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos mercantiles y de prevaricación.
