A la espera de la respuesta oficial de Carles Puigdemont al Gobierno casi todos los caminos apuntan a elecciones en breve en Cataluña. La diferencia básica está en quién convoca esos comicios, si lo hace el actual presidente de la Generalitat o si lo hace el Estado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, según la previsión del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Cada camino dependerá de si Puigdemont responde antes del lunes a las 10 horas con un sí o con un no a la pregunta de si ha declarado ya la independencia de Cataluña.
Si Puigdemont admitiera que el pasado martes declaró la independencia en su confuso discurso en el Parlament o si optara por una respuesta ambigua, seguiría adelante la aplicación del artículo 155. El siguiente plazo se cumpliría el próximo jueves y, hasta entonces, el presidente de la Generalitat tendría tiempo para rectificar.
Si no lo hiciera antes del jueves, el siguiente paso sería la convocatoria de un Pleno del Senado al que el Gobierno llevaría un plan de aplicación de ese artículo, que supone sustraer competencias autonómicas. Tendría el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para superar con holgura la mayoría absoluta que ya tiene en la Cámara Alta.
En ese plan de aplicación se incluiría la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña de forma inmediata, probablemente antes de final de año. El Gobierno asegura que dispone de detallados estudios jurídicos que le permiten tomar esta medida que supone quitar al presidente catalán la competencia de convocar elecciones que, en principio, solo tiene él. La duda legal que generaría es si es posible tomar una decisión sobre la soberanía del pueblo de Cataluña, representada en el Parlament, desde la soberanía popular del Senado. Solo el Parlament puede nombrar presidente de la Generalitat según el Estatut y solo este pude convocar elecciones autonómicas.
Si esos partidos aceptaran participar en esas elecciones, de alguna manera estarían aceptando la legalidad previa a sus leyes de desconexión
Surge también la duda política de si los partidos independentistas o soberanistas aceptarían esa nueva legalidad y si concurrirían a esas elecciones. Si no lo hicieran, el nuevo Parlament que surgiera de esas elecciones tendría un déficit de representación por ausencia de ese sector político, en este momento mayoritario en la Cámara. Y, por tanto, ese Parlament elegiría un presidente no independentista.
Algunos ministros tienen dudas sobre esta vía que, además, podría tener contraindicaciones políticas y electorales notables para el PSC en el futuro inmediato.
Si esos partidos aceptaran participar en esas elecciones convocadas desde el Estado, de alguna manera estarían aceptando la legalidad previa a sus leyes de desconexión y la potestad del Gobierno de actuar por la vía del 155.
Esta vía de aplicación del artículo 155 tiene también el riesgo, según admite el Gobierno, de las protestas en la calle, tras haber demostrado el independentismo su músculo y su capacidad de movilización. El Gobierno tendría que imponer una administración provisional, técnica o política, hasta las elecciones.
La otra opción, la deseada por el Gobierno de Rajoy, es que sea el propio Puigdemont el que convoque elecciones autonómicas anticipadas. Para eso, el presidente catalán tendría que responder antes del lunes que no declaró la independencia o convocar esas elecciones antes del fin de ese plazo.
La razón de esta convocatoria sería la falta de apoyo parlamentario de Puigdemont, puesto que ERC y las CUP no son partidarios de frenar el proceso independentista y, por tanto, presionan para responder que se declaró la república catalana el pasado martes.
En ese caso, el Gobierno ya ha explicado que levantaría la amenaza del 155 y se volvería a la legalidad previa a la aprobación en el Parlament de las leyes luego suspendidas por el Tribunal Constitucional. El Govern de la Generalitat que saliera de esas elecciones sería el que tendría que negociar con el Gobierno del Estado el estatus de Cataluña o los eventuales cambios legales, estatutarios o constitucionales.
En cualquiera de los supuestos hay otra variable a tener en cuenta: quiénes serán los cabezas de lista de cada uno de los partidos que concurran, teniendo en cuenta que a medio plazo es muy probable que alguno de ellos, empezando por Puigdemont, pueda ser condenado a penas de inhabilitación, como lo fueron en su momento los promotores de la consulta del 9-N, encabezados por Artur Mas. De hecho, el proceso penal se mezcla con el político porque, significativamente, el fin del plazo para la respuesta de Puigdemont coincide con el momento de la comparecencia del ‘major’ de los Mossos y de los responsables de la ANC y Òmnium Cultural en la Audiencia Nacional para declarar bajo la acusación de sedición y con la amenaza por parte de la Fiscalía de solicitar medidas cautelares contra ellos.
