La Fiscalía General del Estado ha recibido la primera denuncia para la ilegalización de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) como partido político por ejecutar «acciones violentas palpables». Así consta en un escrito, incoado ya por el Ministerio Público, al que ha tenido acceso en exclusiva Vozpópuli. Según reza en esta «solicitud de intervención para instar a la disolución» de la coalición anticapitalista, la CUP ha celebrado «actos que son ilegales, inconstitucionales y que atentan frontalmente contra el Estado de Derecho, evidenciándose así un comportamiento que no obedece a la Carta Magna».
Esta denuncia, presentada por un particular, señala que los socios del Govern de Carles Puigdemont «han apoyado y promovido públicamente un acto, autodenominado referéndum de autodeterminación, que vulnera flagrantemente los principios rectores elementales de nuestra Constitución». En ese punto, el escrito recuerda que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y suspendió dicha ley de ruptura.
Así mismo, el denunciante considera que los miembros de la CUP «han actuado y lanzado mensajes públicos que han provocado concentraciones tumultuosas, ocupaciones de espacio público y hostigamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». El escrito destaca aquí que la destrucción de coches de la Guardia Civil en el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre fue «como consecuencia de las premisas promovidas por dirigentes de la CUP».
Además de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, hoy en prisión como agitadores del aquel cerco a la Guardia Civil, también se subieron a un coche del Instituto Armado las diputadas autonómicas de la CUP Mireia Boya y Eulàlia Reguant. Con megáfono en mano y rodeadas de esteladas, fueron jaleadas por los independentistas radicales allí congregados, a los que pidieron «calma y tranquilidad».
De igual modo, la denuncia indica que miembros de la CUP «han actuado dejándose llevar por la ira al convocar movilizaciones en las calles de la ciudad de Barcelona como forma de reacción frente a las labores que han estado llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado«. En este caso se pone como ejemplo la llamada que la coalición hizo a sus activistas aquella jornada para que se concentraran ante la Consellería de Economía tras las detenciones de altos cargos de la Generalitat, impidiendo el registro ordenado por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. El juez investigaba los preparativos del referéndum del 1-O. La CUP escribió el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter: «AHORA MISMO: Concentración en Rambla Cataluña, a las 19, ante la Conselleria de Economía! Movilicémonos!!!»
Antes tales hechos, el denuncia señala a la Fiscalía que los responsables de la CUP «han propiciado y legitimado el uso de la violencia para la consecución de un objetivo político que, además, es contrario a la Constitución Española», en este caso, «la independencia de un territorial nacional español». Los 10 diputados cupaires votaron a favor de la DUI el pasado 27 de octubre.
El escrito considera que la reacción frente al fomento o uso de la violencia por los partidos políticos «debe ser siempre contundente». Se cita aquí a Miguel Pérez-Moneo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, para advertir que «la violencia no es una opción amparada por el pluralismo político» y «no cabe pretender transformar el orden constitucional por medios ilegales«, por lo que «el partido que apoya la violencia pone en peligro la misma subsistencia del orden pluralista constitucionalista».
En concreto, la denuncia hace alusión al artículo 9.2b) de la Ley Orgánica de Partidos Políticos según el cual «un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático», además de «fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas».
También hay referencia al artículo 9.3 de la misma ley, que actúa contra conductas como «dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia».
Suspensión cautelar
En su petición al Ministerio Fiscal para que lleve a cabo las actuaciones que estime pertinentes, el denunciante insta a la «declaración de ilegalidad de la CUP y su consecuente disolución», solicitando que durante dicho procedimiento «se suspenda cautelar y provisionalmente las actividades de la CUP hasta que se dicte sentencia«. Con tal suspensión, la coalición independentista no podría presentarse a las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas por el presidente del Gobierno para el próximo 21 de diciembre.
Hasta la fecha, ningún partido político ha instado a la ilegalización de la CUP en base a presuntos hechos punibles. Sólo se han acercado a título individual el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, y el candidato popular a la Presidencia de la Generalitat el 21-D, Xavier García Albiol. El primero ha instado a «tipificar la ilegalización de los partidos que reclaman la independencia» y el segundo, si bien ha rechazado la ilegalización como tal, ha abogado por prohibir los «programas electorales» que defiendan la secesión.
