Pedro Antonio Sánchez se tiene que enfrentar a dos procesamientos que tiene abiertos por el caso Auditorio y la trama Púnica tras desestimar el TSJ sus recursos
PSOE, Podemos y Ciudadanos exigen que el expresidente regional abandone el escaño al que se aferra desde que fue imputado
En el PP sopesan nombrar una gestora si finalmente se sienta en el banquillo y se ve obligado a abandonar también la presidencia del partido

La pesadilla por los casos de corrupción que martillean al PP no va a cesar en otoño. Tras el mal trago de ver a Mariano Rajoy testificando por la trama Gürtel ante la Audiencia Nacional, el partido conservador va a tener que afrontar ver también en el banquillo, pero esta vez como acusado, a otro de sus históricos dirigentes. En este caso al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, sobre el que pesan dos causas de procesamiento: uno por el caso Auditorio, y otro por la trama Púnica.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) desestimó el martes pasado los recursos de apelación interpuestos por Sánchez contra los autos dictados por el magistrado instructor del caso Púnica.

Nada más conocerse la noticia, los tres grupos de la oposición en la Asamblea regional, PSOE, Podemos y Ciudadanos, le exigieron que renunciara a su acta de diputado, que mantiene desde que se vio obligado a dejar la presidencia del Gobierno tras ser imputado por el caso Auditorio, obras realizadas en el Centro Cultural del municipio de Puerto Lumbreras en la etapa en la que Sánchez era alcalde de la localidad. Las exigencias de la oposición han caído de nuevo en saco roto, al menos de momento.

La decisión de despojarle de la presidencia regional la tomó in extremis el PP al comprobar que los grupos parlamentarios estaban dispuestos a desbancarle a través de una moción de censura que dependía del partido naranja, sus socios de legislatura hasta entonces.

EL PP no quiso ir a una inciertas elecciones anticipadas y decidió que Sánchez fuera sustituído por Fernando López Miras, un dirigente de su confianza. Pese a las protestas de los socialistas, Ciudadanos y Podemos, PAS [acróstico con el que se conoce a Sánchez] continuó en su escaño aunque ello ya no le garantiza al cien por cien el aforamiento ya que la Asamblea de Murcia aprobó a finales de abril una reforma del Estatuto para la eliminación de este privilegio político, que está aún pendiente de ser ratificada por las Cortes Generales.

El panorama que se le presenta al exregidor murciano no es muy esperanzador y en Génova lo saben. Las posibilidades de que finalmente alguna de las dos causas sea archivada son muy escasas y todo apunta a que se le abrirá juicio oral en otoño por el caso Auditorio, al que seguiría el de la trama Púnica.

Por este motivo en la dirección nacional sopesan que pasos dar. Los Estatutos del partido establecen que se debe abrir expediente disciplinario a un afiliado «desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial» por un caso de presunta corrupción.

Después del último Congreso Nacional, Génova creó, además, la Oficina de Cargo Popular destinada «a mejorar la lucha contra la corrupción». A finales del pasado mes de mayo el Comité Ejecutivo Nacional designó a Manuel Cobo para la presidencia de este órgano pero el exdirigente madrileño renunció a los pocos días al cargo por «razones personales». Desde entonces el puesto sigue vacante aunque lo ocupa de manera provisional la exdiputada del PP, Beatriz Rodríguez Salmones.