FÉLIX GALLARDO

 

No es bueno que parezca que las sentencias del Tribunal Supremo pueden quedar en nada; ni que los números del Tribunal de Cuentas se conviertan en cifras sin ninguna trascendencia o que las opiniones del Tribunal Constitucional apenas cuenten en la realidad de la vida política.

Es muy posible que el españolito de a pie esté un poco harto de tanto tribunal metido en asuntos políticos (ahora se dice judicialización de la política o politización de la justicia, que vaya usted a saber) y se pregunte para que sirve tanto tribunal, tanta sentencia, tanto dictamen, tanta consulta -vinculante o no- tanta sala, tanta audiencia…
Porque interrogantes hay unos cuantos. A saber: Si el Tribunal Supremo condena a unos individuos por la comisión de delitos graves; si esos individuos son indultados; si el Tribunal Supremo se ratifica en su sentencia y no ve con buenos ojos los indultos y los indultos siguen su curso y los que cometieron los delitos graves están en la calle porque han salido de la cárcel con todos los predicamentos a su favor…

Si el Tribunal de Cuentas, echa cuentas (que es para lo que está) y esas cuentas le salen a pagar millones de euros por parte de unos individuos condenados por el Tribunal Supremo y esos millones que deben pagar o resarcir o avalar mediante una fianza, parece que se pueden quedar en el limbo…

Si el Tribunal Constitucional dictamina en una materia tan delicada como son las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos; si ese dictamen acusa al Gobierno de acciones –como mínimo- “aconstitucionales” y esa sentencia no tiene más consecuencias que la posible nulidad de unas multas de unos cuantos euros…
Son demasiados “síes” sin que los ciudadanos vislumbren ningún resultado práctico.

Es evidente la voracidad de Sánchez para engullir los contrapesos y los equilibrios que los distintos poderes deben de ejercer en cualquier democracia y están claros sus manejos y los de sus colaboradores o ex colaboradores para conseguir ese “engullimiento”. Pero es el caso que tanto el Tribunal Supremo, como el Tribunal de Cuentas, como el Tribunal Constitucional, han dictado sentencias, han evacuado dictámenes y han emitido informes contrarios a los objetivos de Sánchez, incluidos los correspondientes votos particulares.

Lo que queda de todo eso es el desconcierto y la desconfianza de los ciudadanos que, legítimamente, pueden preguntarse si tanto tribunal, en el terreno de la controversia política y de la discrepancia partidista, sirve para algo.

No es bueno que parezca que las sentencias del Tribunal Supremo pueden quedar en nada; ni que los números del Tribunal de Cuentas se conviertan en cifras sin ninguna trascendencia o que las opiniones del Tribunal Constitucional apenas cuenten en la realidad de la vida política.

Tal vez la opinión, no la de los ciudadanos sino la de los que “crean” la opinión pública y la que circula por los mentideros de la política, se esté enredando en discusiones partidistas y estériles y no se esté ocupando (ambas opiniones) de lo verdaderamente importante, entre otras muchas cosas e instituciones, de los tribunales, cada uno con su naturaleza jurídica e institucional y cuya posible inoperancia, en ciertos terrenos, puede ser muy grave para el futuro de la democracia en España.

Si los altos tribunales sentencian, opinan y dictaminan contra los intereses de Sánchez y esas sentencias, opiniones y dictámenes no tienen consecuencias, la pregunta sobre su utilidad en materias que rocen la política o a los políticos, estará servida.

La carcajada. Dice Díaz: “Me gustaría que abandonásemos, quizás, la carga pesada del concepto patria para, trabajar sobre el concepto matria”