La Policía Nacional y la Guardia Civil (junto con el Ejército y la Monarquía) son las instituciones más valoradas hoy por la sociedad y los políticos y sindicatos, las que menos. Es el mismo resultado que daban encuestas o estudios de opinión durante la dictadura, cambiando Monarquía por régimen franquista. Esta valoración no ha impedido que los policías, los guardias civiles y los soldados (no confundir con la Policía, la Guardia Civil y el Ejército como instituciones) hayan sido funcionarios muy maltratados, despreciados, como en general todos los que sirven a la administración general o central en detrimento de los que lo hacen a las administraciones autonómicas y locales. En el caso de las fuerzas de seguridad estatales parece que pagamos el “pecado original” de ser miembros de Cuerpos que existieron durante la dictadura, y por eso un amplio sector de la izquierda y nacionalismos varios ven más modernos y democráticos a la Ertzaintza, los Mossos, la Policía Foral Navarra o a las policías locales, que disponen de mejores salarios y más derechos sindicales (la Policía española es la única civil estatal de los países de nuestro entorno que sigue teniendo prohibido afiliarse a sindicatos de clase).

POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES, LOS PEOR PAGADOS DE LA DEMOCRACIA.

Durante todo el desarrollo constitucional de creación de policías autonómicas y ampliación de policías locales, por una u otra razón, se ha valorado más en las tareas de seguridad a los cuerpos autonómicos y locales (de grandes ciudades) que a los de las fuerzas de seguridad del Estado (hay policías locales que cobran 2.700-3.000 euros/mes, bastante más que los Mossos y la Ertzaintza). La Ertzaintza nació con un sueldo más elevado que el de las fuerzas de seguridad estatales en el conjunto de España, si bien el plus de peligrosidad que se percibe en el País Vasco por la existencia de ETA y el rechazo social que se sufre iguala el salario de policías/guardias civiles allí destinados. Los Mossos por su parte han ido ampliando la diferencia salarial progresivamente hasta llegar a la situación actual, vergonzosa, dando lugar al reciente y mal llamado acuerdo de equiparación salarial suscrito por el ministro y asociaciones sindicales/profesionales de policías y guardias civiles.

En la Guardia Civil la situación en comparación con la Policía obteniendo la media es de unos 150€ menos/mes de salario en la escala básica… si no se tiene en cuenta al obtener dicha media que hay 33.000 viviendas en ese Cuerpo que no existen en la Policía.

No solo las comunidades autónomas históricas que aspiran siempre a diferenciarse de las demás en el marco jurídico-político español decidieron pagar más a sus policías, también lo hacen bastantes ayuntamientos y otras comunidades autónomas, que disponen de unidades adscritas de Policía Nacional como Andalucía o Comunidad Valenciana, que perciben unos 400 euros más fijos al mes, que abonan dichas comunidades de sus presupuestos. También el Tribunal Supremo, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo… tienen fijadas retribuciones superiores en el Catálogo de Puestos de Trabajo a los servicios de seguridad ciudadana, y además en algún caso suman a esto una prima a cargo de los presupuestos de la Institución. Además los mandos policiales se han inventado nuevas unidades (UPR – Unidades de Prevención y Reacción- y GOR –Grupos Operativos de Respuesta-) para tener más puestos de jefe de sección y de grupo y cobrar más, habiendo unidades de seguridad ciudadana, Málaga por ejemplo, donde hay casi tantos puestos catalogados de mandos de las escalas superior, ejecutiva y de subinspección como de la escala básica (Oficiales y Policías). Esa división organizativa supone que se dejan de atender miles de llamadas al 091, a priori todas urgentes, porque hay que hacer cosas distintas para justificar la nueva unidad y denominación, y en vez de atender las llamadas (que solo atienden los GAC-Grupos de Atención al Ciudadano-) se dedican a hacer identificaciones indiscriminadas y masivas, y por ello ilegales, vulnerando derechos civiles de la ciudadanía no por responsabilidad de quienes las hacen sino de los mandos que las ordenan y los políticos que lo permiten.

En la Guardia Civil la situación en comparación con la Policía obteniendo la media es de unos 150€ menos/mes de salario en la escala básica… si no se tiene en cuenta al obtener dicha media que hay 33.000 viviendas en ese Cuerpo que no existen en la Policía; algunos policías se quejan de vivir en zonas donde hay casas-cuartel de la Guardia Civil cuyos miembros residen en ellas, adquieren una vivienda, la alquilan y así la pagan, obteniendo réditos muy superiores por hacer el mismo trabajo y en el mismo territorio.

JUSAPOL, CATALUÑA, MOSSOS Y Cs

El detonante que lleva al acuerdo mal llamado de equiparación salarial parte del intento de golpe en Cataluña con el lamentable y poco profesional comportamiento de los Mossos, que coincide con el nacimiento de una asociación profesional (JUSAPOL, Justicia Salarial Policial), que lleva a cabo las movilizaciones más grandes de policías y guardias civiles en España obteniendo un gran apoyo de numerosos medios de comunicación, y la reacción política de Cs, lo que obliga al Gobierno a moverse. En años anteriores se han suscrito acuerdos de mejora salarial que siempre desde el Ministerio se han difundido como de equiparación salarial (1992, 2005) no habiéndose conseguido con ninguno de ellos el objetivo anunciado por el ministro de turno, como tampoco lo alcanzará el que se acaba de firmar entre Zoido y asociaciones profesionales de Policía y Guardia Civil.

Al principio de las movilizaciones de Jusapol todas las asociaciones de Guardia Civil las apoyaron; pasadas las elecciones al Consejo de la Guardia Civil dejaron de hacerlo. Los sindicatos policiales no las apoyaron nunca.

El Gobierno tenía un problema con Jusapol y la repercusión de sus demandas por la masiva asistencia a sus movilizaciones; con Cs, imprescindible para aprobar los presupuestos condicionando el voto favorable a iniciar el proceso de equiparación, y con la campaña de recogida de 500.000 firmas iniciada para promover una ILP (Iniciativa Legislativa Popular), que dado el apoyo obtenido en las movilizaciones se veía venir que conseguirían (como así ha sido, entregadas hace pocos días en el Congreso). El PP no podía permitir el desgaste de aparecer oponiéndose a la equiparación en la tramitación de la ILP y han salido en su apoyo sindicatos y asociaciones profesionales, aceptando ser parte del decorado en el teatro político y permitiéndole al ministro superar la complicada situación en la que estaba. Suscrito el acuerdo y “vendido” a bombo y platillo como de equiparación salarial, Jusapol sigue movilizando (el pasado día 23 en San Sebastián, la primera vez que se hace allí una manifestación de policías y guardias civiles que contó con más de 500 asistentes, y el 24 en Valladolid, donde más de 2.000 personas siguieron en la calle en demanda de la equiparación salarial, que no se conseguirá con el acuerdo firmado).

Al principio de las movilizaciones de Jusapol todas las asociaciones de Guardia Civil las apoyaron; pasadas las elecciones al Consejo de la Guardia Civil dejaron de hacerlo. Los sindicatos policiales no las apoyaron nunca. Los sindicatos/asociaciones se comprometieron a no firmar sin el voto favorable de sus afiliados, organizándose un sistema de votación sin garantías e ilegal, que no diferenciaba por organizaciones, pudiendo resultar que los socios de una organización decidieran una cosa y la suma de los socios de otras organizaciones la contraria, cuando en los estatutos de cada organización no se contempla que la decisión mayoritaria de sus miembros pueda ser modificada por lo que decidan los de otras organizaciones. El acceso masivo para votar bloqueó el servidor contratado (dicen que hubo ataque informático de hacker que yo no creo), y decidieron que se suspendía la consulta y que firmaban el acuerdo incumpliendo el compromiso adquirido. Dos organizaciones se desmarcaron, IGC en Guardia Civil y ASP en Policía, que sometieron la decisión a sus afiliados y el resultado fue a favor de no firmar.

Jusapol ha anunciado que, permaneciendo como la asociación nacional que es para seguir agrupando a policías y guardias civiles, propiciará el nacimiento de un sindicato en la Policía y una asociación en la Guardia Civil como herramientas que trasladen a las mesas de negociación sus postulados.

Jusapol no ha participado en la “negociación”, vetada por el ministro y los sindicatos/asociaciones. Es una asociación nacional no representativa por su condición jurídica, la única que permite estar juntos a policías y guardias civiles, mientras las representativas están en un registro especial y deben ser votadas cada cuatro años por separado por guardias civiles y policías. El ministro ha suscrito el acuerdo con sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil que han aprovechado el trabajo y la capacidad de movilización de Jusapol, aunque nadie puede garantizar que la mayoría de miembros de ambos colectivos avalen esa firma. Ante esta situación, Jusapol ha anunciado que, permaneciendo como la asociación nacional que es para seguir agrupando a policías y guardias civiles, propiciará el nacimiento de un sindicato en la Policía y una asociación en la Guardia Civil como herramientas que trasladen a las mesas de negociación sus postulados. Hay elecciones al Consejo de la Policía en junio del próximo año y veremos si por primera vez desde su nacimiento en 1987 se produce un cambio radical en el mismo con la irrupción del nuevo sindicato que cree Jusapol. En la Guardia Civil, elecciones en 2021.

En todo este proceso se está llegando a términos inaceptables entre compañeros y menos entre miembros de fuerzas de seguridad, con insultos, amenazas y descalificaciones por ambos bandos, de quienes apoyan a Jusapol a los sindicatos y asociaciones y desde estas a Jusapol, y en medio, cuentas anónimas, algunas con logos de organizaciones pero sin identificarse el autor del texto, que se acusan, insultan y amenazan, y aparecen vídeos anónimos difamándose unos a otros (tengo el honor de aparecer en al menos dos vídeos anónimos que se hacen contra Jusapol, donde se vierten mentiras con textos inventados que me adjudican en una actuación propia de delincuentes mafiosos, supongo que porque apoyo en las redes las medidas de presión de Jusapol y mi opinión parece importarles mucho).

EL ACUERDO QUE NO CONSEGUIRÁ LA EQUIPARACIÓN SALARIAL

Según el ministro el acuerdo supone un incremento de 1.100 millones de euros en tres años, contado desde el presente, y hay un incremento medio bruto al final de dicho periodo de 720€ para los guardias civiles y de 560€ para los policías. Veremos ese incremento medio en qué queda en la práctica porque el texto del acuerdo suscrito no puede ser más farragoso y en la traslación del acuerdo al BOE ya no aparece las cuantías medias de incremento por escalas; se incluyen 100 millones de euros al año durante tres años destinados a fomentar que el personal que está en segunda actividad vuelva al servicio activo, pero no dice que no sean los mismos 100 millones del primer año que queden sin ejecutar (presupuestar es una cosa, ejecutar el presupuesto, otra), y además, incluyen en los 1.100 millones de euros los 300 aproximadamente que suponen el acuerdo de la Mesa General de la Función Pública con Hacienda, si llega al 8% en tres años lo que es una mera hipótesis, ignorando en todo caso que ese 8% afectará también a los Mossos y que es más un 8% para 2.500 (200€) que para 1.600 (128€). Cuestión aparte es  cómo se homologarán cuatro escalas y siete categorías en Policía, con unas cuantas categorías más en Guardia Civil, y de ambas, con muchas más categorías en el Cuerpo de los Mossos, porque según se haga puede producir un incremento salarial mucho más notable para los que más cobran, los mandos de ambos Cuerpos, que para los de salario más bajo.

Una lectura rigurosa del acuerdo firmado y de lo publicado en el BOE (que no son el mismo texto) lleva a la conclusión de que en 2020 la diferencia salarial con Mossos se habrá reducido pero seguirá siendo notable.

Dice el ministro en ese acuerdo que por ley limitará la subida salarial de comunidades autónomas y ayuntamientos a sus policías para impedir nuevos agravios; eso mismo intentaron PSOE y UCD en 1982 con la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) y el Tribunal Constitucional dijo un año después que eso no se podía hacer porque la autonomía financiera de comunidades autónomas y ayuntamientos es materia constitucional, y solo cambiando la Constitución podría limitarse. Veremos como lo hace Zoido.

Una lectura rigurosa del acuerdo firmado y de lo publicado en el BOE (que no son el mismo texto) lleva a la conclusión de que en 2020 la diferencia salarial con Mossos se habrá reducido pero seguirá siendo notable; y que los 300 millones de segunda actividad que quedarán sin ejecutar se usarán para complementar la auditoria externa que encarga y paga el Ministerio, que buscará los argumentos para decir lo que el ministro quiera que diga. Todo lo que no sea un estudio como el que hizo David Taguas, jefe de la Oficina económica del Gobierno en 2008 -y que se llevó por delante la crisis económica mundial-, con estudios de PIB, IPC, carestía de vida con vivienda y otros parámetros por provincias, conduce a subidas salariales homogéneas que incrementarán la injusta situación actual. Un Guardia Civil de Chiclana (o de cualquier otro lugar) con vivienda cobrará con arreglo a la carestía de la zona un 60-80% más que un policía o un guardia civil sin vivienda destinado en Baleares, Cataluña o Madrid. Este agravio interno entre miembros de las dos fuerzas de seguridad estatales y dentro de la Guardia Civil será tan grave o más que el agravio con los Mossos de Cataluña que se pretende impedir con este acuerdo.