El juez del caso Villarejo ha accedido a nuevas evidencias que demostrarían que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha un dispositivo policial para espiar a Luis Bárcenas y su familia en pleno escándalo por los papeles de la caja B del PP. Agentes implicados en la llamada operación Kitchen han reconocido ante Asuntos Internos que participaron en seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y a varias personas supuestamente relacionadas con ésta, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la causa. Las vigilancias no disponían de autorización ni supervisión judicial.
Los seguimientos habrían arrancado en julio de 2013, justo después de que Bárcenas fuera enviado a prisión provisional por el juez Pablo Ruz. Interiorcontó presuntamente con la ayuda decisiva del chófer del extesorero, Sergio Ríos, que había sido captado como confidente meses antes por el antiguo jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal, el comisario Andrés Gómez Gordo, también implicado en la trama. Durante los meses que se prolongó la operación, Ríos fue recompensado con fondos reservados y, ya una vez terminada, en 2015, se le regaló una plaza en la Policía.
El dispositivo tuvo una motivación exclusivamente política. Moncloa quería conocer los movimientos del extesorero y su entorno por temor a que filtrara información sobre Rajoy y otros dirigentes del PP para forzar una solución negociada a sus problemas con la Justicia. El miedo aumentó aún más cuando, solo dos semanas después de que Bárcenas entrara en Soto del Real, El Mundo publicó los mensajes que el exsenador del PP por Cantabria se había cruzado con el presidente del Gobierno.
Inspectores de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información han reconocido ahora en el marco de las pesquisas sobre la operación Kitchen que se les encomendó controlar los desplazamientos de la mujer de Bárcenas, así como varias citas que ésta mantuvo con amigos y colaboradores de su marido. Algunas de esas personas ya eran conocidas para los mandos que lideraban este dispositivo sin control judicial, pero otros fueron seguidos para averiguar su identidad. Así lo han declarado varios jefes de grupos operativos de la UCAO. En total habrían intervenido una docena de funcionarios.
Algunas de esas personas ya eran conocidas para este dispositivo sin control judicial, pero otros fueron seguidos para averiguar su identidad
Los testimonios apuntalan la declaración de uno de los líderes policiales de Kitchen, el comisario Enrique García Castaño, más conocido por el alias de El Gordo, que en esa época era precisamente era el máximo responsable de la UCO y ha decidido colaborar con la Justicia. Además de revelar la existencia de esas vigilancias, ha confesado que clonó la información que guardaba Bárcenas en tres móviles antiguos. Copió los contactos de las agendas, las reuniones y viajes que había apuntado en los calendarios y los mensajes de texto que habían circulado por los terminales. Allí estaban los famosos SMS de Rajoy y también comunicaciones con otros cargos de Génova.
El Gordo dijo que volcó los archivos de los teléfonos en un pendrive y compró con fondos reservados un portátil para que la información pudiera ser consultada en el Ministerio del Interior sin dejar rastro. El juez también ha podido corroborar estos extremos de su declaración. Dos agentes que estuvieron presentes en el clonado de los móviles han ratificado sus palabras. Además, se ha localizado en Interior el recibo de entrega de los 1.100 eurosde fondos reservados con los que se adquirió el portátil.
El Gordo manifestó que dio toda la información al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que dependía jerárquicamente de Jorge Fernández Díaz. Por ahora se encuentran imputados en esta pieza separada del caso Villarejo, una de las 10 abiertas por el juez Manuel García Castellón, ocho policías.
