La propuesta de Fátima Báñez de permitir elegir los mejores años de la vida laboral para calcular la pensión esconde letra pequeña. Primero, porque lo que en realidad plantea el PP, autor de la iniciativa, es que los trabajadores puedan excluir de su cómputo entre dos y cinco años solo cuando cuenten con una trayectoria superior a 38 años. Y segundo, porque para que se acojan a ese beneficio tendrán que asumir un aumento del periodo con el que se va a calcular su prestación, ampliación que disminuirá la cuantía de sus pensiones por el uso de bases de cotización muy antiguas e inferiores. Tanto es así que numerosos expertos ven en la jugada un primer paso hacia un sistema de cuentas nocionales como el que rige en Suecia o Italia, y que provocará un recorte del gasto en las pensiones de entre el 15% y el 35%.
Desde el Grupo Popular reconocen que su propuesta al Pacto de Toledo busca, por un lado, limitar el gasto de la Seguridad Social, que este año rondará los 145.000 millones. Por el otro, ese recorte se compensará con el leve incremento de los desembolsos del sistema que producirá el hecho de que los protagonistas de vidas laborales muy largas puedan acogerse a un cálculo más favorable.
Un modelo ‘a la sueca’
Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá y uno de los expertos que participó en la reforma de las pensiones del año 2013, manifiesta a elEconomista que la propuesta de la ministra Báñez «es estupenda», ya que supone un primer paso para aproximar a España «hacia un modelo de cuentas nocionales», sistema que acerca mucho más lo cotizado durante la etapa laboral con lo que se cobra en el retiro.
A día de hoy, y según un informe elaborado por varios profesores universitarios para el Instituto Santa Lucía -entre ellos José Enrique Devesa, experto también de la última reforma del sistema-, cada unidad de cotización que un activo facilita a las arcas es insuficiente para abonar las pagas de los pensionistas, que equivalen de media a 1,24 unidades de cotización. De ahí el déficit latente en la Seguridad Social, de 18.000 millones pese al récord histórico de recaudación por cotizaciones (108.800 millones en 2017). Y de ahí los mensajes de Empleo en los últimos tiempos, refiriéndose a nuestro modelo como uno «de los más generosos de Europa».
El sistema de cuentas nocionales, que en la UE implantó primero Suecia y luego copiaron Italia y Letonia, busca que esas 1,24 unidades de cotización se acerquen a 1, de tal manera que ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones se parezcan más. Es un modelo de reparto como el actual, en el que las cotizaciones ingresadas sirven para pagar las pensiones de los retirados de ese momento, pero en el que a la vez se anotan las cotizaciones de cada uno de los activos de cara a su futura pensión.
Después, y para calcular la cuantía final, se tiene en cuenta el fondo acumulado durante toda la vida laboral -de manera que se tienen en cuenta bases antiguas y mucho más exiguas que las actuales, rebajando cuantiosamente la nómina-. Después influyen los rendimientos teóricos hasta el momento de la jubilación, que pueden determinarse en base a muy diferentes criterios: el crecimiento económico, el crecimiento medio, el incremento de los precios, etc. Todos esos parámetros compondrían el llamado tanto nocional, imprescindible para fijar la cuantía final de la prestación.
Por último, el sistema tiene en cuenta la esperanza de vida media en el país desde la edad de jubilación, algo que va a suceder en España también desde el año 2019 por efecto de la reforma del año 2013.
Vienen ajustes
Teniendo en cuenta todos esos aspectos, el informe del Instituto Santa Lucía augura rebajas de entre el 15% y el 35% en las pensiones del futuro, e incluso advierte de que el impacto podría llegar al 49% si el citado sistema no se implanta de manera gradual. En este caso, el informe ejemplifica con el caso de un individuo que, pese a una larga trayectoria, ha sufrido los envites de la crisis y ha pasado por un periodo de desempleo.
Es en ese contexto donde puede entenderse que Báñez, el PP y C’s, que apoya la iniciativa del Gobierno, estén a favor de arbitrar un sistema que permita a los más mayores y a los afectados por despidos y ERE, beneficiarse de la extracción de los peores años de su vida laboral. Si son dos, tres, cuatro o cinco tendrá que decidirlo el Pacto de Toledo.
Un sistema basado en cuentas nocionales «es más justo desde el punto de vista contributivo y actuarial que el sistema de reparto actual, donde el esfuerzo de cotización no se refleja de forma proporcional en la cuantía de la pensión», escriben Devesa y el resto de autores en el informe del Instituto Santa Lucía, opinión que comparten otros expertos. «Las cuentas nocionales, por ejemplo, permiten tener en cuenta toda la vida laboral de los trabajadores y ofrecen información transparente de cuál es la pensión que nos correspondería, bajo un sistema público y de reparto», explica Eduardo Bandrés, catedrático de la Universidad de Zaragoza y director de Economía Pública y Bienestar de Funcas. Este experto, además, señala que España debería fijarse en el modelo sueco, en el que una parte pequeña de la cotización se dirige a la capitalización (se guarda durante la etapa laboral para cobrarlo en la jubilación) y en el que están generalizados los planes de pensiones de empleo.
Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, pide en este sentido «un mejor tratamiento fiscal» de las aportaciones a sistemas privados de pensiones, ya que las reformas de 2011 y 2013 no parece que vayan a ser suficientes para contener el gasto, que crece a un ritmo de casi 5.000 millones anuales.
Los expertos asumen, además, que habrá que tener en cuenta otros factores para garantizar unas pensiones dignas. Bandrés da por hecho que habrá que pagar con impuestos la parte no contributiva del sistema, y Pereira entiende que el Pacto de Toledo tendrá que fijar criterios como el crecimiento económico para determinar las pensiones (algo que sucede en Bélgica).
De cualquier forma, esas fuentes explican que la adaptación al nuevo modelo será progresiva, es decir, no se cambiarán las reglas de juego de golpe y porrazo. «El déficit que hay ahora es coyuntural, pero tenemos problemas mucho mayores a medio plazo. En 2048 va a haber 15 millones de pensionistas frente a los nueve que hay ahora, y el horizonte es que contemos con 20 o 21 millones de personas trabajando, no más», explican, citando el envejecimiento (el número de pensiones ha aumentado el 15% en una década), la baja natalidad y la robotización como la peor ecuación de cara al sistema. La proporción entre activos y cotizantes tiende a la baja de manera inasumible.
FUENTE: ELECONOMISTA