Las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat están cada vez más tensas cinco días después del 1-O. La posibilidad de una declaración de independencia planea sobre el horizonte político, el discurso del Rey “dolió” a los independentistas, empresas catalanas han empezado a anunciar cambios de sede y la idea de la mediación no acaba de cuajar. Pero en el PDeCAT creen que la “situación se puede empezar a reconducir” si el Ejecutivo de Mariano Rajoy hace “un gesto” hacia el Govern, según indican fuentes del PDeCAT.
Un gesto que consistiría en “retirar parte de los efectivos policiales” que se destinaron a Catalunya con motivo de la celebración del referéndum del domingo. A cambio, el Govern estaría dispuesto a retrasar la declaración de independencia que, aunque aún no tiene fecha, podría materializarse el próximo lunes en un pleno en el Parlament. Un pleno que ha sido prohibido por el Tribunal Constitucional a instancia del PSC, pero que aún así podría celebrarse aunque fuese solo con la presencia de los partidos independentistas.
“Vuelta a la legalidad”
La previsión es que en ese pleno se lean “los resultados de la consulta celebrada el domingo”, pese a que carecía de legalidad y garantías. De acuerdo con la Ley del Referéndum, suspendida también por el Constitucional, Carles Puigdemont debería declarar la independencia si esos resultados comportan una victoria del sí. Pero el pleno podría transcurrir de otra manera si Rajoy acepta esta oferta. En ese caso, el presiente catalán leería los resultados, pero lo dejaría ahí. La declaración de independencia se pospondría a la espera de una posible mediación o una negociación.
La oferta está sobre la mesa. Sin embargo, tiene pocas posibilidades de prosperar. Fuentes del PP explican que no negociarán con el Govern de Puigdemont si el president no recula y vuelve a “la senda de la legalidad”. Ése es también el discurso oficial del Ejecutivo central. “La mejor solución es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán males mayores”, aseguró ayer el propio Rajoy en una entrevista con EFE.
Cambio de sedes empresariales
Así las cosas, lo que pueda pasar en los próximos días es pura incertidumbre. La economía ha venido a echarle un capote a Rajoy. Banc Sabadell trasladó ayer su sede a Alicante y CaixaBank y Catalana Occidente se plantean también un posible cambio de ubicación. El Gobierno sabe que esos traslados pueden ayudar a que Puigdemont, o al menos buena parte de sus seguidores, claudiquen. Por eso, es previsible que el Consejo de Ministros apruebe hoy un decreto para facilitar la salida de las empresas de Catalunya.
El Gobierno cuenta con otra baza. El domingo se ha convocado en Barcelona una manifestación contra el independentismo. Hasta ahora, las concentraciones contra los planes de la Generalitat han sido minoritarias. Pero el miércoles, en Barcelona se sucedieron varias caceroladas contra el presidente de la Generalitat mientras éste pronunciaba un discurso en televisión. El Ejecutivo confía en que la famosa mayoría silenciosa salga por fin a la calle y demuestre en esa manifestación una fuerza que de momento no se ha visualizado.
“No hay que actuar con estrés”
Pero la economía y las concentraciones pueden no ser suficientes para frenar la declaración de independencia.A Rajoy le urgen desde varios flancos a que tome decisiones. Albert Rivera lleva días reclamando la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno central intervenga la autonomía catalana y convoque elecciones al Parlament.Ayer José María Aznar se sumó a esa petición y, desde Faes, urgió a Rajoy a “actuar” o a convocar elecciones generales para que sea un nuevo gobierno quien tome decisiones sobre Catalunya.
Unas decisiones que quizá no llegarán hasta que Puigdemont dé ese paso y declare la independencia de Catalunya. Hasta ahora, el Gobierno ha actuado en este asunto con el principio de “acción, reacción”. Cada vez que la Generalitat ha movido ficha, el Ejecutivo central ha respondido, pero nunca se ha avanzado. Tampoco ha desvelado sus planes para “no dar pistas”. Pero la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya dijo el martes que “todo está absolutamente controlado”. Su departamento ha estudiado las posibles opciones para responder al desafío si llega a materializarse.
“No hay que actuar con estrés”, defendió ayer el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, apuntalando esa táctica de la “acción, reacción”. Además, el Gobierno espera a que el PSOE acabe por sumarse a sus decisiones. Los socialistas apoyarán el decreto para facilitar el cambio de sede de las empresas catalanas que se aprobará hoy. Pero su respaldo a Rajoy no va, de momento, más allá. De hecho, ya han anunciado que reprobarán en el Congreso a Sáenz de Santamaría por la actuación policial del domingo en Barcelona.
Sánchez convoca a los máximos órganos del PSOE
Y es que la cuestión catalana también ha afectado al PSOE. Históricos del partido como Joaquín Leguina, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Rodríguez de la Borbolla, José Constantino Nalda, Juan José Laborda, Javier Rojo o Julián García Vargas han enviado una carta a Pedro Sánchez demandando que “tome decisiones precisas” para reestablecer el orden constitucional y rechazando su “continua apelación al diálogo”. Sánchez ha respondido convocado a los máximos órganos del partido, el Comité Federal, la Comisión Ejecutiva Federal y el Consejo Político Federal, a una reunión “inminente”.
El Consejo Político Federal se reunirá la semana que viene y los barones socialistas debatirán en su seno la cuestión catalana. Lo que resuelvan podría dar otro impulso a Rajoy quien, también la semana que viene, quizá el miércoles, quizá el viernes, comparecerá en el Congreso a petición propia, tal y como prometió la noche del 1-O, para explicar cómo está la situación en Catalunya y, a lo mejor, desvelar por fin cuáles son sus planes para resolver el conflicto.
FUENTE: LAVANGUARDIA