Tres años y medio de cárcel, nueve años y medio de inhabilitación para ocupar un cargo público, otros tres años y medio de inhabilitación para disfrutar de cualquier empleo en la Administración y una multa de 9.000 euros son las penas que el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, solicita para el exalcalde de Puerto Lumbreras y antiguo presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, por supuestos delitos de falsedad documental y de prevaricación continuada en el ‘caso Pasarelas’.

Con la formulación de esta acusación, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Antonio Morente, le ha abierto además a Sánchez el trayecto hacia el banquillo. En un auto notificado ayer a las distintas partes del procedimiento, el magistrado ordena la apertura de juicio oral por los dos presuntos delitos indicados por el Ministerio Público, a los que suma otro de fraude en la contratación que formula una de las acusaciones particulares del proceso: la ejercida por el abogado Marcos Sánchez Adsuar en nombre de un exconcejal socialista de Puerto Lumbreras. Esta parte eleva las peticiones de penas hasta seis años de prisión y catorce de inhabilitación.

Por lo que respecta a la acusación que impulsa Podemos, ‘La Verdad’ ya adelantó el pasado martes que solicitaba, a través del abogado Ginés Ruiz Maciá, unas penas de tres años de cárcel y trece de inhabilitación.

Contra el arquitecto

En el duro trance de verse sometido a juicio, el exjefe del Ejecutivo murciano estará acompañado por el arquitecto Martín Lejarraga, que fue quien se benefició de un contrato presuntamente irregular para diseñar y dirigir la reforma de la zona de la rambla de Nogalte, en Puerto Lumbreras. Tanto el fiscal como las tres acusaciones particulares -Podemos, PSOE de Puerto Lumbreras y un exedil socialista- le acusan de forma coincidente de cooperación necesaria en el delito de prevaricación continuada, y le piden por ello penas de entre nueve y veinte años de inhabilitación. Pero una de ellas, la del exconcejal socialista, le reclama además dos años de prisión por fraude a la contratación.

Básicamente, las acusaciones pública y privadas vienen a sostener -con matices- que a finales de 2005 el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, efectuó un encargo verbal al arquitecto Martín Lejarraga para que redactara la documentación necesaria para solicitar una subvención a la Administración regional. Todo ello con el objetivo de remodelar el área de la rambla de Nogalte, reformando los puentes y pasarelas y embelleciendo el entorno. La petición al arquitecto se habría realizado -sostienen las acusaciones- sin iniciarse expediente alguno de contratación y sin informe técnico o jurídico que ofreciera respaldo formal al encargo.

En marzo de 2006, un informe técnico de la Consejería de Obras Públicas rechazaba incluir en la subvención los 52.000 euros de la redacción del proyecto y de la dirección de obra, que Lejarraga habría presupuestado.

«Afirmación falsaria»

Lo que habría hecho Sánchez, con el fin de abonar los trabajos de Lejarraga, sería «afirmar falsariamente que el Ayuntamiento pensaba acometer un proyecto de acondicionamiento (de la rambla de Nogalte) y que para ello se precisaba encargar la redacción de unos estudios previos al proyecto, y que el arquitecto había hecho una oferta al Consistorio para encargarse de esos trabajos».

Presuntamente, ni era cierto lo de los estudios previos, ya que la mayor parte del trabajo técnico estaba realizado con antelación, ni que existía oferta de Lejarraga al Ayuntamiento para presentarle sus ideas.

A partir de ahí, Sánchez habría acordado con ese profesional que presentara varias facturas, todas ellas por menos de 12.020 euros para evitar sacar el contrato a concurso, hasta completar los honorarios de cerca de 50.000 euros por los trabajos ya realizados en fecha anterior.

El magistrado Morente, en base a estos escritos de acusación, ha ordenado la apertura de juicio, que deberá celebrarse en la Audiencia Provincial de Murcia. El ‘caso Pasarelas’ se suma así a ‘Púnica’ y ‘Auditorio’, por los que Sánchez está también a la espera de ser juzgado.