El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha presentado hoy el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el Congreso de los Diputados. De esta forma, según ha explicado, el Gobierno cumple, “en el límite del tiempo”, con su obligación de presentar un proyecto de presupuestos. “Lo que hacemos, ahora, es apelar la responsabilidad de otros grupos para sacarlos adelante”, ha dicho Montoro.

El reto no es fácil, puesto que el Partido Popular apenas cuenta con el apoyo de Ciudadanos que es insuficiente. Su otro aliado en anteriores cuentas públicas el Partido Nacionalista Vasco sigue condicionando su apoyo al levantamiento del artículo 155 en Catalunya.

Por ello, los argumentos esgrimidos por el Ministro de Economía se han centrado en apelar al compromiso de Estado del resto de grupos políticos, especialmente al PSOE aunque en ningún momento a nombrado a la formación lidera por Pedro Sánchez, para asegurar la renta de 13 millones de personas. “España necesita estos presupuestos por razones de estabilidad política”, ha dicho Cristóbal Montoro.

La estrategia del Gobierno para conseguir la aprobación de estas cuentas públicas está en ligar los presupuestos a la compensación de las clases más desfavorecidas de la sociedad. “Estos presupuestos están concebidos para la recuperación que ya está experimentando la economía española llegue a aquellas capas de la sociedad que de otra forma no podría beneficiarse de ella”.

El ministro de Hacienda también ha pedido que se eviten las descalificaciones políticas de esta propuesta de presupuestos y ha invitado a quienes no les gusten a que “traígan sus propias propuestas a la cámara”.

Hasta que eso ocurra, el diseño de los Presupuestos Generales del Estado del PP parten del cuadro macroeconómico anunciado el pasado martes, según el cual la economía española crecerá un 2,7% en 2018 y el PIB nominal se situará en el 4,3%, tres décimas por encima del crecimiento de 2017.

Las cuentas públicas también bajaran terminar 2018 con una tasa de desempleo del 15,5% tras crear entre 450.000 y 50.000 empleos.

El buen contexto económico español e internacional permitirá continuar la reducción del déficit público hasta el 2,2%, en línea con lo exigido por Bruselas.

La deuda pública seguirá en máximos, alrededor del 98,3% de PIB pero, según ha explicado Montoro, a pesar de este mal dato los inversores internacionales están confiando en la economía española y en las políticas del Gobierno.

Por ello, los Presupuestos contemplan que los intereses de la deuda continúen cayendo y ha rebajado la partida financiera dedicada a esta cuestión hasta los 31.547 millones de euros un 1,9% menos que la del año pasado. Esta cantidad representa un 2,6% del Producto Interior Bruto y un 8,9% del total de las cuentas proyectadas para 2018.

La recaudación total prevista ascenderá a 233.508 millones de euros, con un incremento de los ingresos tributarios del 6% respecto a la recaudación de 2017.

Por tipo de impuesto, el IRPF se incrementa un 6,5%, el IVA, un 5,6%; y el Impuesto de Sociedades un 4,8%.

El incremento del IRPF está ligado a un incremento del empleo y los sueldos derivados del mejor contexto económico y es compatible con la rebaja anunciada que implica elevar el umbral de tributación obligatoria desde los 12.000 a los 14.000 euros. También con las reducciones por rendimientos del trabajo para quienes cobren menos de 18.000 euros, de las que se beneficiarán mas de 3,5 millones de españolas y que le costarán al Estado unos 1.545 millones de euros anuales.

A estos gastos, el IRPF tendrá también que asumir una nuevas deducciones para las familias numerosas y aquellas con cónyuges con discapacidad y la puesta en marcha de un cheque guardería nacional, compatible con el que ya tienen muchas comunidades autónomas, del que se beneficiarán 265.000 familias.

Por su parte, una de las principales novedades de estos presupuestos se al Impuesto de Sociedades. En concreto al compromiso que adquiere el Gobierno de destinar el 0,7% de lo recaudado a financiar actividades para la inclusión y el tercer sector.

El gasto social se llevará el 56% del total del gasto en total 196.782 millones de euros con las pensiones como partida estrella. En total 40,9 de cada 100 euros irán destinados a pagar pensiones que se incrementan en 5.188 millones de euros respecto al ejercicio anterior hasta situarse en los 144.834 millones.

Como ya ocurriera el año pasado, la Seguridad Social no será capaz de asumir todo su coste de manera independiente por lo que los presupuestos contemplan un préstamo del Estado a la Seguridad Social que asciende a 15.164 millones, superior incluso al del año pasado que fue de 10.000 millones.

La mejora del mercado laboral tiene también su reflejo en los Presupuestos con un descenso de la partida destinada a desempleo a la que en 2018 está previsto destinar 17.464 millones de euros, frente a los 18.472 que se presupuestaron en 2017, un descenso del 3,4%.

Para los funcionarios, se incorpora una subida salarial del 1,75% en el 2018 dentro un acuerdo plurianual que incluye un aumento de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020, en función de cómo evolucione el crecimiento económico (el PIB) y del cumplimiento del objetivo de déficit público del 2020.

También hay un descenso considerable en la financiación de Servicio Público de Empleo Estatal y para el FOGASA cuyas transferencias pasan de los 2002 millones de 2017 a los escuetos 146 millones que contemplan las cuentas para 2018, un descenso del 92,7%.

Esa reducción se compensa con un incremento de las partidas para la políticas activas de empleo, a las que se destinarán 5.716 millones de euros, un 3,9% más que el año pasado. Además, se ha establecido,como ya anunció la ministra de Empleo, Fátima Bañez, una ayuda de 500 millones para incentivar la contratación de jóvenes, según la cual los jóvenes que estudien y trabajen recibirán 450 euros mensuales y las empresas transformen sus contratos en indefinidos serán bonificadas con 250 euros.

Después de las pensiones, la partida de infraestructuras es otra de las que acapara más protagonismo en estos Presupuestos. Poner en marcha carreteras, ampliar los servicios del tren de Alta Velocidad, aeropuertos, etc es una de las mejores herramientas para que los ciudadanos visualicen la recuperación económica. También ha sido un arma de lujo en la negociación para recabar los apoyos políticos que necesita el Gobierno para aprobar los Presupuestos.

Por ello, no extraña que se contemple una partida de 8.487 millones de euros para estos menesteres, un 12,7% por encima de la cuantía destinada en 2017. La mayor subida presupuestaria la registran las inversiones en ferrocarril que se incrementan un 21,9% hasta los 3.721 millones con objetivos prioritarios como la Y vasca, el AVE a Galicia o la necesitada actualización de infraestructuras extremeñas

Las carreteras serán la segunda partida de la inversión presupuestaria en infraestructuras para ellas hay destinados 2.078 millones, un 8,6% más.

El Ministerio de Defensa contará en 2018 con un presupuesto total, de 9.255 millones de euros, 554 millones más que el pasado año. María Dolores de Cospedal puede presumir de haber logrado para su cartera un incremento presupuestario del 6,38%, el mayor de todos los ministerios.

De esta forma, España incrementa su presupuesto de defensa hasta el 0,92% del PIB, porcentaje aún lejano del 2% comprometido para 2025 con la OTAN.

El presupuesto de 2018 que el Gobierno ha destinado para las políticas sanitarias se incrementa un 3,9 % hasta llegar a los 4.251 millones de euros frente a los 4.093 que reflejaban las cuentas del año anterior.

Uno de los grandes guiños políticos de las cuentas de 2018, es que el Gobierno ha dejado la puerta abierta a que se reestructure la deuda de las Comunidades Autónomas. Aunque Cristobal Montoro no ha querido dar detalles, de cómo se hará ha asegurado que este es un tema que está abierto y para el que se esperan “las aportaciones de todos los grupos políticos”.

La propuesta que contienen los Presupuestos se basa en primar a las administraciones que cumplan con la reducción del déficit o la regla de gastos aquellas que estén en superávit en función de unos detalles que deben definir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local.

En total la financiación de las Administraciones Territoriales se incrementa en 4.248 millones de euros, un 3,6% (4.000 millones) irán las Comunidades Autónomas y los otros 248 millones para las entidades locales.