Un amplio acuerdo en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha salvado un gran escollo para renovar las recomendaciones del Pacto sobre una futura reforma de pensiones. El acuerdo alcanzado implica que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo, que se garantizará “en base al IPC real”. Este punto se había erigido en un obstáculo insalvable que, desde marzo, amenazaba con hacer descarrilar las conversaciones de esta histórica comisión. Este miércoles finalmente se ha logrado un principio de acuerdo en torno a un texto muy genérico e, incluso, algo contradictorio, que permite “un pacto de mínimos”, según el portavoz del PdeCAT, Carles Campuzano. Este paso, con ser importante, no es definitivo, ya que solo es una recomendación de las 22 que componen el Pacto.
El pasado invierno las movilizaciones de pensionistas le cambiaron el paso al Congreso de los Diputados. El Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se abordan los asuntos de pensiones, avanzaba lentamente en sus trabajos para renovar las 22 recomendaciones para una futura reforma de la Seguridad Social, pero avanzaba. Los miembros de la comisión, conscientes de que la revalorización anual y el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados iban a ser un importante escollo, lo habían orillado. Pero la dimensión de las manifestaciones forzó el cambio de planes de los diputados y obligaron al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a comparecer en el Congreso.
Superar ese escollo ha costado más de medio año. Y tras ese tiempo se ha llegado a un «acuerdo de mínimos que, fundamentalmente, pretende salvar la viabilidad del Pacto de Toledo», ha descrito Carles Campuzano, portavoz del PdeCAT en la comisión y su miembro más veterano. Pero esa entente mínima aclara algunas cosas: los pensionistas deben mantener su poder adquisitivo y el elemento central para medirlo será «la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real». Esto quiere decir, ha expuesto el diputado de Compromís, Ignasi Candela, que las prestaciones no deben perder capacidad de compra respecto a los precios al acabar el año.
Pero si el principio de acuerdo es muy amplio —solo ERC está pendiente de darle su visto bueno— la interpretación del texto que concita ese consenso amplio no lo es tanto. No es extraño. Las recomendaciones del Pacto de Toledo son líneas básicas que, una vez cerradas, dejan mucho margen a diferentes lecturas que el Gobierno debe concretar: primero en las negociaciones con los agentes sociales y, posteriormente, otra vez en el Congreso, durante la redacción definitiva del texto legal. En esta ocasión las propias palabras del acuerdo abren la puerta a interpretaciones contradictorias.
Esto último se ha visto, incluso, en la presentación del texto que han hecho sucesivamente todos los portavoces. Los partidos a la izquierda del arco parlamentario ven que cuando se apruebe la futura reforma de pensiones se volverá exclusivamente a la revalorización anual con el IPC. “Volvemos recuperar el IPC. No habla de otro factor ni de ningún indicador”, ha señalado la portavoz del PSOE, Mercè Perea, quien también ha destacado que, como dice el texto pactado, “el desarrollo de lo establecido en esta recomendación deberá ser consultado y debatido en el seno de esta Comisión”. Varios portavoces interpretan de esta frase que cualquier cambio circunstancial sobre el mecanismo de revalorización pactado, como la congelación de pensiones de 2011, debe pasar por el Pacto de Toledo.
“No va a haber otras variables”, han indicado las portavoces de Podemos, Yolanda Díaz y Aina Vidal, quienes resaltaron que había que “felicitar a los pensionistas” porque habían logrado con sus movilizaciones este acuerdo.
Diferentes criterios
Al otro lado del espectro parlamentario, Ciudadanos, PP o PDeCAT, veían que los precios retornaban a ser un “eje central”, en palabras de Sergio del Campo, de Ciudadanos, pero sin llegar a ser el criterio exclusivo.
Para hacer esta afirmación, se apoyan en los párrafos que hablan de “recuperar el consenso de la Recomendación aprobada en 2011”. Entonces el Congreso acordó un texto que aconsejaba “estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social”. Esta redacción se parece mucho a lo que había defendido Octavio Granado, secretarios de Estado de la Seguridad, sobre un futuro índice de revalorización de las pensiones unas horas antes de anunciarse el acuerdo.
«Ahora corresponde al Ejecutivo concretar. Estamos antes unas reivindicaciones que están en la calle», ha señalado el portavoz del PNV, Íñigo Barandiaran. «Todos los grupos han tenido que ceder algo», ha continuado.
Y si algún partido ha cedido en estos meses, ese ha sido, sin duda, el Partido Popular. La reforma de pensiones que aprobó en solitario en 2013 y que vinculaba la evolución de las pensiones a los ingresos y los gastos del sistema de pensiones ha determinado incrementos anuales de las prestaciones de los jubilados del 0,25% durante los últimos cinco años. La pérdida de poder adquisitivo que ese incremento ha supuesto en el último año y previsiblemente en este fue la gasolina que propulsó las movilizaciones. Y eso ha sido constatado y subrayado en la comisión parlamentaria: «La comisión constata que el vigente índice de revalorización de las pensiones (IRP) no goza del suficiente consenso político y social», expone el texto.
“Que ahora mismo el IRP no goza de consenso político y social es una obviedad. El PP no podía negarse a ello”, admitió Gerardo Camps, portavoz del PP, que señalaba que con el acuerdo “el IPC es troncal, fundamental, pero no único”.
