El juez instructor del caso Púnica de corrupción, Manuel García-Castellón, ha recibido en las últimas semanas dos informes con nuevos indicios sobre irregularidades en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la etapa en la que estuvo dirigida por Lucía Figar, del PP. Los investigadores elevan de 81.000 a más de 122.000 euros los fondos públicos de la Consejería que supuestamente se desviaron a mejorar la imagen política de Figar en Internet y las redes sociales con las empresas del informático Alejandro de Pedro.
El primero de los dos informes comprometedores para Lucía Figar llegó a la mesa del juez García-Castellón a finales de septiembre. En él, las dos fiscales Anticorrupción del caso Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá se oponen tajantemente a la desimputación de la exconsejera de Educación madrileña, cuyo nombre sonó como posible sucesora de la popular Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. Figar, que estuvo en los gobiernos regionales entre junio de 2005 y junio de 2015, cuando dimitió tras ser imputada en el macrosumario, está apartada de la política.
En el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la fiscalía enumera “los indicios poderosos” del supuesto pago con dinero público de trabajos para mejorar la imagen de Figar en las redes sociales. Según el ministerio público, la exconsejera “fue una de las primeras autoridades en contratar los servicios” de lavado de imagen en Internet del informático Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa. Lo hizo “a finales de 2010” y, desde aquel momento y hasta que la trama fue desarticulada, en octubre de 2014, Figar “recibió sus dossieres de forma continuada con frecuencia casi mensual”.
El segundo informe sobre Figar, del 12 de diciembre, lo remitieron los responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este documento detalla y amplía las supuestas irregularidades cometidas en la Consejería de Educación madrileña en la etapa de Figar, que el pasado mayo pidió al entonces juez instructor, Eloy Velasco, el archivo de la causa contra ella.
“Si valoramos su contenido y la forma en la que se han elaborado los dossieres de marras, son de inequívoco significado laudatorio hacia su persona y gestión”, recalca la fiscalía. En un primer momento se cifró el dinero presuntamente desviado en 81.000 euros, aunque en este último informe Anticorrupción eleva esta cuantía hasta los 122.252 euros.
Con los trabajos realizados con dinero público por las empresas de De Pedro, Figar consiguió supuestamente que las noticias en las que se la criticaba por la autoconcesión de un cheque-guardería fueran desplazadas en los buscadores de Internet por otras positivas sobre ella y su gestión. Por todo ello, la fiscalía le imputa delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho.
Anticorrupción destaca como evidencia de las irregularidades el hecho de que Figar autorizase a los empleados de Alejandro de Pedro a gestionar “todas sus redes sociales con sus claves y contraseñas”. En un documento intervenido en la sede de las empresas del experto informático a una de las trabajadoras encargada de posicionar los tuits de la política del PP esta se vanagloriase de “los 39.000 impactos provocados en la red social”.
También resalta que la trama Púnica creó 51 perfiles falsos en Twitter que “operaron concertadamente” con el único fin de mejorar el posicionamiento de las noticias positivas sobre la entonces consejera madrileña. Una red de la que supuestamente también se valió para que se atacara al socialista Tomás Gómez y al que fuera tesorero de su propio partido, Luis Bárcenas, cuando estalló el escándalo de sus cuentas en Suiza.
“Durante los cuatro años de servicios entre la Consejería y la trama —continúa el informe de Anticorrupción— se urdieron una serie de estratagemas para adjudicar de forma directas los trabajos de imagen y reputación en favor de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso”. En concreto, detalla la fiscalía, se utilizaron cuatro empresas distintas para facturar los servicios, aunque siempre los realizaban EICO, una de las mercantiles de De Pedro. En las facturas supuestamente se hacían constar conceptos distintos a los reales.
Las empresas del informático se beneficiaron supuestamente de contratos públicos fraccionados para que las adjudicaciones no superaran la cantidad que obligaría a sacarlas a concurso público. También se combinaron de manera “arbitraria” contratos mensuales y anuales.
Finalmente, Anticorrupción se detiene en analizar la adjudicación que De Pedro recibió poco antes de su detención en octubre de 2014 de dos contratos vinculados al diseño de un portal web del proyecto ‘Study in Madrid’, centrado en atraer estudiantes extranjeros a la comunicad. Según el sumario, De Pedro inició los trabajos “mucho antes de que se aprobaran los expedientes de contratación”.
