A punto de cumplirse un año del pacto de investidura que firmaron Mariano Rajoy y Albert Rivera, el acuerdo brilla por su incumplimiento.
Durante el proceso de negociación, Mariano Rajoy dijo que tenía que consultarlo y esperó 8 días, para luego decir que no tenía que consultarlo con nadie.
Aquello fue interpretado como una burla y un año después arrecian los rumores de que Rajoy no tiene intención, ni tuvo nunca, intención de cumplirlo.
Tras negarse a la limitación de mandatos, ahora rechaza despolitizar las instituciones, como ejemplo, el Defensor del Pueblo, al que eligen por acuerdo la mayoría que forman PP y PSOE.
Tras la marcha de Soledad Becerril, exalcaldesa de Sevilla del PP Y exministra de UCD, fue sustituida por Francisco Fernández Marugán, exdiputado del PSOE.
En septiembre se debería renovar el cargo y el PP propone a Luisa Fernanda Rudi (PP), expresidenta del Congreso y del Gobierno de Aragón, mientras que el PSOE propone mantener a Francisco Fernández Marugán.
Albert Rivera quiere que no sea un político, sino un ‘independiente’ quien lo ostente.
Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular, ha calificado de “preocupante” la estigmatización de personas por ser del PP o del PSOE”.
Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva Federal, ha declarado que se intenta “penalizar” a los políticos “como si fuera un estigma” haber estado defendiendo a los ciudadanos, cuando bajo su punto de vista debería ser “al revés”. “La pertenencia me parece irrelevante, no debería ser un hándicap”, ha declarado. “Se tiene que elegir bien a esa figura, que importante, y dejarle trabajar con autonomía; que sus iniciativas se escuchen y si algo se tiene que corregir, se corrige”, ha finalizado Puente.