Todos estamos viviendo o conociendo situaciones de una burocracia exasperante, impropia de nuestra sociedad. No reaccionamos suficientemente. Tenemos derecho a unos servicios públicos de calidad, una administración eficiente porque la pagamos nosotros: ni mendigo ni pretendo privilegios o favores, sino que exijo derechos.
Pienso que estamos narcotizados, ahora con el argumento y excusa de las nuevas tecnologías y las medidas de prudencia por el coronavirus. Prudencia, cara dura o vagancia, he ahí la cuestión. En la administración no se han tomado medidas de ajuste como en las empresas privadas, comercios, autónomos y profesionales liberales. Con razón en España los jóvenes aspiran a ser funcionarios, y faltan emprendedores.
Para reflejar las quejas y el clima que percibo de los servicios de la administración, expongo a continuación dos ejemplos recientes. Me gustaría que los lectores aportaran otros. Tal vez logremos algo sacándolos a la luz pública.
Una señora de 80 años llamó a su Centro de Salud incesantemente para pedir cita previa, y siempre le contestaron que todas las líneas del teléfono estaban ocupadas. Ha tenido que ir al Centro de Salud a pedir cita previa. No se le puede exigir que sepa usar internet.
Para obtener la Cl@ve, un ciudadano se dirige con cita previa a donde le indican, la Delegación del Gobierno autonómico en esa ciudad. Ahí le indican que se la proporcionarán en la Subdelegación del Gobierno, pidiendo cita previa: después de un mail y varias llamadas telefónicas, logra cita previa ¡al fin! Se la dan para el día siguiente: es un dato del poco trabajo que tienen, claro. Acude y no hay nadie antes, todo un lujazo, por lo que, tras pasar por el escáner controlado por un policía, entra en una sala con cuatro personas y mesas correspondientes. Entre las cuatro, no lograron darle la Cl@ve, anotando su teléfono para consultar y decirle cómo lograrla: hasta ahora, que han pasado meses, sin noticia de la Subdelegación. Ningún ciudadano esperaba para ser atendido después. Para enmarcar en la vitrina de la ineficacia.
Mariano José de Larra escribió en 1833 el antológico artículo “Vuelva usted mañana”. Escrito con humor, refleja la desidia y dejadez de la administración ante el deseo de un extranjero por invertir en España, la lentitud y el papeleo.
En vez de 1833 podría estar escrito ahora, con las lógicas modificaciones tecnológicas, pero con el común denominador de la desidia y la falta de agilidad para los trámites administrativos, como si el funcionario o empleado correspondiente nos hiciera un favor. Todos conocemos funcionarios ejemplares, y son los que más ven y sufren con lo que aquí expongo.
Para facilitar los trámites de modo presencial o de atención telefónica, los funcionarios y empleados de la administración deberían trabajar alguna o algunas tardes, porque es demasiado cómodo ver cómo, una y otra vez, se nos dice que el horario de atención al público es de 9.30 a 1.30. Y no especifico ese horario al azar: debe ser para que el funcionario “se acomode” al llegar al trabajo, y que “ordene” su extenuante trabajo antes de las 2.
Yo exigiría que los servicios públicos se atiendan también por las tardes, de modo que no se tenga que prescindir necesariamente de horas de trabajo para hacer un trámite municipal, judicial, autonómico, fiscal o laboral: pedir a cada funcionario una o dos tardes de trabajo, y que podamos optar entre ir por la mañana o por la tarde a ese organismo, ¡que pagamos de nuestro bolsillo, como todos los servicios públicos!
No es de recibo lo que estamos soportando, en el siglo XXI, en 2021. Me gustaría que Larra viviera para que reflejara el hartazgo ciudadano: con tantos medios digitales como existen, las quejas son innumerables por no coger el teléfono, por no funcionar una página web, por decirnos que la persona encargada está almorzando, por no contestarnos a un mail bien dirigido, por no darnos opción a una atención presencial – porque la vida no es una cuadrícula, y existen dudas no siempre reflejadas en formularios de las web, o simplemente porque tenemos derecho a ser atendidos presencialmente –, o por líneas telefónicas saturadas durante horas.
Que no nos esgriman el argumento de la pandemia. Estamos viendo escenas de echarse a reír o llorar. Nos tratan como a tontos. Si hablamos de cómo han cumplido o cumplen con su trabajo funcionarios que no acuden a su lugar de trabajo por la pandemia o por el aforo ante el virus, cabe escribir un tratado. ¡Muchos han cobrado el sueldo sin ir a trabajar, y sin tener un control en su trabajo, una dedicación, que sólo los más honrados y en virtud de su conciencia han llevado a cabo por su cuenta!
Los profesores y la docencia virtual sería otro capítulo. Un caso sangrante es el del personal del Servicio de Deportes de una universidad. Había 6 personas contratadas – no he comprobado las que ahora hay – para abrir las instalaciones deportivas universitarias, ser monitores de algún deporte y atender a los usuarios. Se suspendieron por la pandemia clases y actividades, y por supuesto cerradas las instalaciones deportivas. Los 6 cobraron el sueldo íntegro esos meses de cierre de la universidad.
Y si hablamos de los liberados sindicales, entramos en un terreno prohibido en la práctica. Hay un temor generalizado por parte de los partidos gobernantes a exigirles algo, como podría ser exigirles durante la pandemia una dedicación, o barajando una remuneración distinta en esos meses de cierre total de actividades no esenciales.
El poder político teme que los sindicatos, que dirigen y mueven los liberados sindicales, salgan a la calle, por supuesto alegando un motivo distinto al de su status de liberados. Ahora lo tendrían fácil, para protestar por la escandalosa subida de la luz, pero ni aun así mueven un dedo que moleste al poder político. Algo de todo esto hay en el escrache a Yolanda Díaz, en Valencia, el lunes pasado, echándole en cara un grupo de comunistas que tenía que darle vergüenza ser comunista, y que con el PP estaban igual o mejor.
Reclamar derechos, denunciar negligencias, alegar retrasos escandalosos, es incómodo, pero es la vía para cambiar algo nuestra sociedad entre todos. Y también habría que aprobar más sanciones a la administración e indemnizaciones a los ciudadanos ante esas negligencias o retrasos escandalosos, con cargo a la administración o incluso con cargo al funcionario negligente. Es la humana condición: con buenismos no se avanza, sino con formación y con sanciones. Sí, indemnizar a un ciudadano por negligencias, un reto.
¡Ay, si Larra viviera ahora, y viera lo que estamos viendo! Con tantos medios como hay para agilizar trámites – tecnológicos y de personal contratado, no siempre trabajando -, tal vez estamos en una dictadura de la cita previa y de la burocracia más escandalosa.
Javier Arnal