Todos los acuartelamientos que tiene la Guardia Civil en el litoral murciano están en alerta este fin de semana por la posible llegada de más inmigrantes en situación irregular. “Desde la Comandancia en Murcia se nos ha alertado verbalmente de que pueden llegar más pateras”, tal y como corrobora a EL ESPAÑOL un agente destinado en un puesto próximo a la costa. La misma previsión se maneja entre los agentes de la Policía Nacional, según confirman desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP): “Efectivamente, se prevé que vengan pateras, se desconoce número porque existen numerosas variantes”.
El estado de la mar y la meteorología confluyen de manera propicia durante el verano para que las mafias que trafican con seres humanos operen en un puerto de destino como la costa murciana. Mucho más tras la exitosa incursión de 31 pateras que tuvo lugar el viernes pasado que permitió el desembarco de 468 inmigrantes irregulares llegados desde Argelia. Esta oleada supuso que de una tacada la Región de Murcia recibiese un 29% del total de la inmigración irregular registrada a lo largo de todo el año 2019 con 1.540 ilegales.
El Gobierno murciano no quiere que se repita una nueva crisis en la gestión migratoria, como la vivida en el dispositivo habilitado en la citada instalación portuaria donde argelinos irregulares dormían en el suelo, solo disponían de una ducha para asearse y tenían que protegerse de temperaturas abrasadoras en carpas sin aire acondicionado. Para evitar episodios similares, este martes, el consejero de Presidencia de Murcia, Javier Celdrán, envió una misiva a los ayuntamientos costeros para que estudiasen la posibilidad de ceder espacios públicos, como instalaciones deportivas, para alojar con unas condiciones mínimas a ciudadanos en situación irregular.
“El objetivo de la carta era anticiparse a la previsible llegada de más embarcaciones con inmigrantes irregulares a lo largo del verano”, según explican fuentes de la Consejería de Presidencia sobre el contenido de la citada carta. Del listado de consistorios a los que se envió el texto se excluyó a Los Alcázares porque sus playas pertenecen al Mar Menor y no son un punto de entrada de pateras. También quedó fuera Cartagena porque ya ha cedido el pabellón deportivo del Cabezo Beaza para albergar a un centenar de los argelinos que tomaron tierra en la oleada del pasado viernes.
De manera que la citada misiva pidiendo ayuda para la gestión de inmigrantes se envió a los ayuntamientos de Mazarrón (POSE), Águilas (PSOE), San Javier (Partido Popular), Lorca (PSOE), La Unión (PSOE) y San Pedro del Pinatar (Partido Popular). La respuesta que ha recibido la petición lanzada por el Gobierno murciano es la cesión de cero instalaciones públicas para prestar una primera acogida a inmigrantes irregulares. “Hasta el momento solo han contestado los ayuntamientos de Mazarrón y Lorca, por escrito, y Águilas, por vía telefónica, poniendo de manifiesto que no disponen de instalaciones”. La Unión, San Pedro del Pinatar y San Javier siguen dando la callada por respuesta 48 horas después de haberles sido notificada la carta.
Presidencia prefiere no opinar
Cruz Roja se encarga de atender a los tripulantes de las pateras cuando llegan a puerto custodiados por las Fuerzas de Seguridad y la falta de predisposición de esos ayuntamientos costeros no ayuda a su labor, sin embargo, desde la ONG no han querido entrar a valorar la nula respuesta que ha recibido la petición de Presidencia para que cedan edificios públicos: “Es responsabilidad de las administraciones facilitar recursos para atender a estas personas, nosotros no tenemos ninguna posición al respecto porque vamos a seguir prestando ayuda humanitaria”. Desde la Consejería tampoco han querido echar leña al fuego pronunciándose sobre el resultado de su convocatoria: “No hay valoración”.
A pesar de que los primeros en contestar de manera negativa a la misiva han sido tres ayuntamientos gobernados por regidores socialistas, en el departamento del consejero Javier Celdrán (PP) prefieren no opinar, entre otros motivos, porque hay dos consistorios populares que guardan silencio. Además, la negativa o la callada por respuesta que han protagonizado el referido listado de administraciones locales viene motivada por la coyuntura actual: en plena temporada turística los municipios costeros se afanan en transmitir una imagen de destino seguro que no es compatible con cuarentenar a inmigrantes irregulares que pueden viajar siendo portadores del COVID-19 y en la Región de Murcia preocupa cada vez más la evolución de los rebrotes de coronavirus.
¿Lorca y Mazarrón a Fase 1?
En las últimas 24 horas se ha pasado de 515 a 584 casos. Dos de los tres municipios donde avanza el ‘bicho’ con mayor fuerza son Lorca y Mazarrón, precisamente ambas localidades han declinado la petición de la Consejería argumentado que no disponen de espacios. A eso se suma que su coyuntura sanitaria no es la más propicia porque no hay que olvidar que ambas localidades han estado a punto de retroceder a la Fase 1 como Totana (150 casos). “Por los brotes se estimaba poco procedente ofrecer las instalaciones municipales para tal fin (acoger inmigrantes irregulares), estando todas disponibles para las autoridades sanitarias en caso de necesidad por la situación local”, tal y como admiten fuentes de la alcaldía lorquina sobre la negativa dada a la carta.
Desde el 18 de julio el bicho se ha alojado en el organismo de 29 vecinos de la ciudad lorquina: diez de ellos se contagiaron en dos conocidos locales de copas. En el caso del municipio mazarronero en los últimos ocho días hay treinta bajas. El Servicio de Epidemiología estudia muy de cerca la evolución de los rebrotes de Mazarrón, Lorca y Totana porque están siendo los motores de la creciente curva epidémica que presenta la Región al sumar entre las tres poblaciones 209 de los 515 casos activos. Y el panorama no mejora porque la Consejería de Salud ha decretado suspender la actividad de una explotación agraria mazarronera al registrarse doce positivos de coronavirus entre sus trabajadores.
Conflicto competencial abierto
En la Delegación del Gobierno, su titular, José Veléz, avanza que está trabajando en la gestion de la dotación de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para paliar la falta de infraestructuras que presenta la Región después de que los juzgados ordenasen la clausura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde por culpa de la pandemia y el cierre de fronteras. “Una crisis migratoria como esta hay que resolverla como un asunto de Estado”, reflexionó en rueda de prensa el representante del Gobierno de España en Murcia. Pero desde el gabinete de José Vélez insisten en que es el Ejecutivo autonómico el que, según el protocolo del Ministerio de Migraciones, debe buscar una solución habitacional para cuarentenar a los inmigrantes irregulares.
Por su parte, el Gobierno murciano también se mantiene en sus trece tirando la pelota migratoria al Gobierno de España porque la Consejería de Presidencia subraya que el haber enviado esta misiva a los ayuntamientos de la costa no significa que asuman la responsabilidad habitacional de los tripulantes de las pateras: “Ni el hecho de enviar la carta supone admitir la competencia sobre el alojamiento ni en la carta se admite esa competencia. Al contrario, en la carta se especifica el desacuerdo de la Comunidad Autónoma con ese protocolo. La decisión sobre la competencia se está revisando (en el juzgado), pero lo que se pone de manifiesto es que mientras tanto hay que resolver una situación difícil desde el punto de vista humanitario y sanitario”.
José Torrano, secretario general regional de la Confederación Española de Policía (CEP), insiste en que hay que alcanzar una solución porque “la llegada masiva de inmigrantes en forma de una nueva oleada de pateras es una posibilidad que está ahí y que por información extraoficial que esta organización sindical maneja podría materializarse en los próximos días”. Torrano zanja que “la solución a este problema requiere altura de miras y decisiones sin complejos ni ambages que impliquen a un delegado del Gobierno comprometido con la resolución, instando al Ejecutivo de la Nación a través de una mesa multidisciplinar”.
