La O.N.G. MURCIA TRANSPARENTE solicita en la OFICINA DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA al INTERVENTOR GENERAL DE LA CARM, información sobre si se ha cumplido el mandato del TRIBUNAL DE CUENTAS, exigiendo a los compradores del depósito minero propiedad de la empresa » Portman Golf » (conocido como BALSA JENNY ), la devolución de los SEIS MILLONES DE EUROS al erario público.
La función de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, es el control interno de la gestión económica- financiera de la correspondiente Institución pública y la fiscalización previa de todo acto, expediente o documento susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico, en sus fases de autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago que le ataña.
Indudablemente para el adecuado ejercicio de estas responsabilidades es primordial que los funcionarios que asuman este cometido gocen de absoluta independencia, incluso a efectos retributivos. Deberían estar plenamente al margen de la Comunidad política a la que sirven, sin que la misma tenga facultad alguna en su nombramiento. Somos abiertamente contrarios al sistema de elección por libre designación, porque se presta a una posible y peligrosa connivencia que es fácil colegir. Los candidatos deberían someterse a un concurso- oposición, juzgado por un tribunal de expertos desvinculado de la Administración en la que pretendan integrarse, en el que se valorarían los conocimientos específicos para este tipo de tareas, el nivel intelectual, la capacidad de raciocinio, cursos, estudios y publicaciones realizadas, experiencia, etc.
Los Interventores Generales tienen que jugar un papel preponderante en la lucha contra los casos de corrupción que se produzcan en su jurisdicción administrativa. Un medio muy eficaz para potenciar su función controladora y atajar a tiempo aquellas actuaciones que amenacen con transgredir gravemente el ordenamiento jurídico de su Comunidad, sería establecer un mecanismo profiláctico muy eficaz, existente en la antigua normativa de la Administración Local, que obligue a los Secretarios Generales de los Ayuntamientos y Diputaciones a » advertir previamente de ilegalidad» aquellas decisiones de los organismos en los que desempeñan sus tareas, cuando tales disposiciones pudiesen infringir la legislación vigente.
Pues bien, lo que MURCIA TRANSPARENTE se propone es que estos instrumentos tan útiles que las leyes recogen y que conscientes de su importancia exponemos, de la «advertencia previa de ilegalidad», se respeten y transmitan en el seno de la CARM por el INTERVENTOR GENERAL Sr. Eduardo José Garro, y que esa responsabilidad y advertencia pertinente en la parcela que le concierna, recaiga en las Autoridades políticas, cargos públicos y en el mismo Interventor. De actuarse así, estimamos que una buena parte de los escándalos que hoy nos amenazan sufrirían una importante merma. 
Indudablemente para el adecuado ejercicio de estas responsabilidades es primordial que los funcionarios que asuman este cometido gocen de absoluta independencia, incluso a efectos retributivos. Deberían estar plenamente al margen de la Comunidad política a la que sirven, sin que la misma tenga facultad alguna en su nombramiento. Somos abiertamente contrarios al sistema de elección por libre designación, porque se presta a una posible y peligrosa connivencia que es fácil colegir. Los candidatos deberían someterse a un concurso- oposición, juzgado por un tribunal de expertos desvinculado de la Administración en la que pretendan integrarse, en el que se valorarían los conocimientos específicos para este tipo de tareas, el nivel intelectual, la capacidad de raciocinio, cursos, estudios y publicaciones realizadas, experiencia, etc.Los Interventores Generales tienen que jugar un papel preponderante en la lucha contra los casos de corrupción que se produzcan en su jurisdicción administrativa. Un medio muy eficaz para potenciar su función controladora y atajar a tiempo aquellas actuaciones que amenacen con transgredir gravemente el ordenamiento jurídico de su Comunidad, sería establecer un mecanismo profiláctico muy eficaz, existente en la antigua normativa de la Administración Local, que obligue a los Secretarios Generales de los Ayuntamientos y Diputaciones a » advertir previamente de ilegalidad» aquellas decisiones de los organismos en los que desempeñan sus tareas, cuando tales disposiciones pudiesen infringir la legislación vigente.Pues bien, lo que MURCIA TRANSPARENTE se propone es que estos instrumentos tan útiles que las leyes recogen y que conscientes de su importancia exponemos, de la «advertencia previa de ilegalidad», se respeten y transmitan en el seno de la CARM por el INTERVENTOR GENERAL Sr. Eduardo José Garro, y que esa responsabilidad y advertencia pertinente en la parcela que le concierna, recaiga en las Autoridades políticas, cargos públicos y en el mismo Interventor. De actuarse así, estimamos que una buena parte de los escándalos que hoy nos amenazan sufrirían una importante merma. 
Soy perjudicada en la Balsa yenny. Ya hera Hora que se pidieran cuentas.
Estos trastornaos de Murcia Trasparente no paran ni en verano, son la leche, un grano en el culo junto al OJO DE ANUBIS del Dios gavioto y su séquito de lameojetes alzatrepas que ni se imaginan el daño que han hecho a esta sufrida Región , si no existieran estos fajadores anticorruptos habria que inventarlos. Gracias y recordar con la cabeza alta que el pueblo murciano está en deuda con vosotros. ¡¡Hasta la victoria siempre!!