La partida llega al momento decisivo. La decisión de Torra de incluir en su Gobierno a prófugos y reclusosdemuestra por enésima vez que los separatistas no amenazan en balde. El guión sigue su curso según lo previsto. Rajoy, que hizo la visita gorda dando por buena la ofensiva toma de posesión del presidente catalán, no podía encogerse de hombros ante el nombramiento de consellers que huyen de la Justicia o aguardan en la cárcel a ser inhabilitados por haber cometido un delito de rebelión contra España. Si hubiera echo la vista gorda, su menguante club de fans le habría manteado por la Gran Vía.
Según todos los pronósticos que se barajaban la semana pasada, ahora vienen dos o tres días de gran revuelo, con los CDR vociferando a pleno pulmón, la ANC tocando a rebato en favor de una huelga general en Cataluña y los juristas próximos a la independencia proclamando la ilegalidad de la negativa de Rajoy a autorizar los nombramientos proscritos. Luego, tras el lío de rigor, Torra debería poner en marcha el plan B, sustituir a los consellers restituidos por otros que puedan tomar posesión, dar por concluido el enojoso periodo de vigencia del 155 y poner rumbo a la siguiente confrontación con todos los resortes institucionales en sus manos.
En el entreacto, Rajoy podría aprobar los presupuestos generales, dejar allanado el terreno para agotar la legislatura y pensar con calma la estrategia de la siguiente batalla. ¿Pero qué pasa si Torra no cumple las expectativas y se niega a poner en marcha el plan B? Empieza a rumorearse que ya le ha dicho a los suyos que antes de hacer tal cosa está dispuesto a dimitir. Si consumara esa amenaza, los cálculos de Sánchez y Rajoy se irían de un plumazo a hacer puñetas y entraríamos, de nuevo, en zona de graves turbulencias.
Una de las peculiaridades de la situación política, inédita hasta ahora, es que a PP y PSOE le mueven los mismos intereses. La idea clásica de que lo que era bueno para uno era malo para el otro, ha caducado. Ahora los dos andan necesitados de lo mismo. Y lo que más necesitan es tiempo. Si la legislatura colapsara de repente, las dos marcas del bipartidismo habitual se hundirían en el averno del fracaso electoral. Eso es lo que auguran con tozudez todas las encuestas.
Sánchez y Rajoy aún creen que las elecciones municipales del año que viene contribuirán decisivamente a bajarle los humos a los partidos emergentes. Confían en que la solidez estructural de sus respectivas formaciones políticas, con implantación en todos los municipios de España, les ayudará a sumar puñados de votos que son inalcanzables para sus adversarios. Si gracias a ellos salvan los muebles y derrotan a las encuestas -cavilan- aún podrán aspirar a hacer lo mismo en las elecciones generales. De lo contrario, el desastre quedará visto para sentencia.
Para prolongar la legislatura y llevarla al límite de su extensión natural es necesario que el acuerdo presupuestario que el Gobierno ha suscrito con el PNV no se malogre. La vuelta al 155 lo echaría todo a perder. De ahí que socialistas y populares hayan mirado hacia otra parte cada vez que Torra se ha puesto estupendo. No se les cae de los labios el conocido refrán que invita a verlas venir, dejarlas pasar y si te mean, decir que llueve. A estas alturas ya nadie duda que hará falta una gran machada independentista para cambiarles el paso.
Entretanto, el PSOE está condenado a bailar sobre un ladrillo. Como tiene que ayudar por alto a Rajoy no puede ponérselo difícil. Como tiene que contener la fuga de votos a Podemos no puede acercarse demasiado al Gobierno. Y como debe suturar el boquete que le ha abierto Ciudadanos está obligado a hacer propuestas que le identifiquen como defensor activo del interés nacional.
Lo primero le lleva a defender un modelo bipartidista que le aleja de los electores más jóvenes, que ven en Podemos a una izquierda más moderna desvinculada de la alternancia que nos ha traído hasta aquí. Lo segundo le exige levantar banderas sociales que hacen imposible cualquier acuerdo presupuestario con el Gobierno, lo que convierte al PNV en custodio de la estabilidad de la legislatura. Lo tercero explica sus propuestas legislativas de reformar el Código Penal para que el delito de rebelión se ajuste a la conducta exacta del desafío separatista y la de incluir en la Ley de Altos Cargos la obligatoriedad del acatamiento explícito de la Constitución.
Podemos ha saludado estas propuestas haciendo suyo el argumentario de Tardá: «Sánchez ya juega con Rivera a ver quién la tiene más larga». Ciudadanos, en cambio, le ha hecho la crítica contraria: «El PSOE es cómplice del PP en la decisión de no prorrogar el 155». Para sujetar a sus votantes, los socialistas enarbolan al fin el discurso de la defensa de la Nación, pero no tienen margen para el error de cálculo. Si se limitan a escoltar la tibieza del Gobierno contribuyen al crecimiento de Ciudadanos y si se pasan de la raya abren hueco para que Podemos les robe la clientela. Con un PSOE obligado a ese ejercicio de funambulismo imposible y un Gobierno visiblemente groggy, si los independentistas optan por embarrar el campo negándose a facilitar un Gobierno viable, la prolongación de la batalla tendrá consecuencias en el resto del país. Y para los partidos clásicos no serán nada buenas. Aún no ha llegado lo peor.
