En el sistema energético se dan cita muchas de las mayores contradicciones de nuestro modelo económico. Bajo una apariencia de libre mercado, existen sospechas de malas prácticas que han llevado a la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a preguntarse si hay algo más que causas «naturales» en esta subida. Con una oferta de 105.000 MW, muy superior a la demanda de 35.000 MW de punta, debería bastar para que el precio estuviera controlado, pero la sacrosanta competencia queda fuera de un mercado tan estratégico como éste. La generación de electricidad en nuestro país está en manos de cuatro grandes empresas perfectamente conscientes del enorme poder que poseen y, quizás por eso, algunas se han resistido con todas sus fuerzas a la puesta en marcha de un sistema de generación distribuida; es decir, que cada uno pueda tener en el tejado de su casa unas placas solares para producir electricidad, usar la necesaria y verter a la red común el resto, con todas las ventajas que ello tiene a la hora de reducir pérdidas en el transporte, impulsar la autogestión y, en definitiva, democratizar la energía. Decía que esta oposición -causa del inaudito “impuesto al sol”- ha procedido de «algunas» compañías, porque, como expresa el dicho, cuando hay una tragedia, mientras unos lloran otros venden pañuelos, y en este caso las hay que se aferran a décadas de privilegios y quienes, viendo las señales del futuro, se preparan para hacer negocio en el nuevo modelo.
También con un supuesto barniz de libre mercado se ha creado todo un sistema de fijación de precios y de estructuración de la factura de la luz que es cualquier cosa menos eficiente. Como empieza a ser ya conocido, el precio de la electricidad se forma en función del más caro de los kilovatios que entra en cada momento en el sistema. Es decir, al mix energético español llegan kilovatios de electricidad procedentes de las distintas fuentes de energía –nuclear, carbón, ciclo combinado, térmica, fotovoltaica, hidráulica, eólica, etc.–, como muestra de forma clara y muy didáctica esta página de Red Eléctrica de España. Cada una de estas fuentes de energía tiene precios diferentes en función de múltiples factores, algunos de ellos más que discutibles. Pues bien, el precio del kilovatio que se paga en cada hora, proceda de donde proceda, viene marcado por el más caro de todos ellos en ese momento. Es lo que se llama el sistema marginalista: la fijación del precio de toda la energía de ese momento en función del kilovatio más caro. Como puede verse, con este sistema es tan fácil que las eléctricas sigan incrementado ingresos –un 2,4% en 2017, hasta llegar a los 32.710 millones de euros–, como difícil poder hablar de un sistema justo y de la energía como derecho.
Si nos fijamos en la factura, además de constatar que es necesario tener un máster –de los de verdad– para entenderla, podremos comprobar cómo la cacareada eficiencia brilló por su ausencia cuando se diseñó el sistema: el término fijo de la factura, lo que se paga independientemente de la energía que se use, es nada menos que el 40%, el consumo real 34% y el IVA el 21%. ¿Qué incentivos al ahorro y la eficiencia se pueden plantear así? No sólo eso, sino que el propio sistema, sin tramo alguno que diferencie según la cantidad de energía consumida, supone que cuanta más se consume más barato sale el kilovatio. Un disparate.
Dicho esto, ¿qué ha pasado estos días para que asistamos a un récord en el precio de la electricidad? Básicamente y simplificando, dos cosas: en primer lugar, que el precio lo están fijando las centrales térmicas, por ser en este momento la energía más cara debido a que el carbón y el gas natural se han encarecido en los mercados internacionales, y en segundo lugar, que el coste de emisión de CO2 ha pasado de poco más de 5 €/t hace un año a los más de 20 €/t actuales. Nada que ver con las primas a las renovables, como se viene insinuando en algunos foros. Es más: si de algo tienen «culpa» las energías limpias es precisamente de no poder cubrir –todavía– la totalidad de la demanda energética.
Estas son sólo algunas de las cuestiones fundamentales para entender por qué en España el precio de la luz ha subido un 80% en los últimos diez años, pero suficientes para demostrar que urge poner en marcha toda una transición en el sector energético que sirva para hacer de la energía un auténtico derecho, que acabe con la lacra que supone que tengamos ya un 15% de hogares en pobreza energética, y que además ayude a hacer frente a ese cambio climático que está mostrando, en forma de tormentas, huracanes, inundaciones y sequías cada vez más frecuentes y virulentas, lo que es capaz de llevarse por delante en nuestras acomodadas vidas.
Soluciones hay muchas, y llevan tiempo planteándose en foros ambientalistas y de expertos: desde el incremento de renovables hasta el fomento de la autogeneración, pasando por tarifas progresivas que incentiven el ahorro y programas contra la pobreza energética que incorporen la rehabilitación de edificios. Este informe de Fundación Renovables recoge una amplia gama de propuestas Hacia una Transición Energética Sostenible, la Plataforma por un nuevo modelo energético lleva desde 2012 haciendo oír la voz de la sociedad civil en este tema –hasta ahora reservado a un selecto club de expertos–, el Observatorio Ciudad 3R está mostrando, día tras día, las ventajas en clave energética de la rehabilitación urbana, y el proyecto Ni un hogar sin energía, por poner un ejemplo, da consejos para ahorrar en la factura de la luz y propuestas para reformar el sistema eléctrico.
Una vez más, alternativas técnicas hay, y urgencia también. Estamos hablando de un derecho, de una condición esencial para nuestras vidas, de la dignidad de las personas y la cohesión social. Es imprescindible poner un marcha sin demora una transición energética, clave para el conjunto de la transición ecológica y para la salud de las personas, de las sociedades y del planeta.
