Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) fue uno de los nombramientos sorpresa de Pedro Sánchez. Juez de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, en estos meses ha tenido que afrontar los saltos masivos de migrantes, los primeros acercamientos de presos de ETA y un nuevo despliegue policial en Cataluña. Sin embargo, su protagonismo esta semana se lo han dado unos comentarios que sobre él hizo en 2009 su compañera de Ejecutivo y antes en la Audiencia Nacional Dolores Delgado —una conversación privada en la que supuestamente se refiere a él como “maricón”— y que han salido ahora a la luz en una grabación del comisario José Manuel Villarejo.
Pregunta. ¿Qué explicaciones le ha dado su compañera?
Respuesta. Lo que he hablado con ella no tengo por qué hacerlo público. Lo importante son los hechos y las actitudes, y en ese sentido, y conociendo a mi compañera desde hace mucho tiempo, he de decir que no me sentí ofendido.
P. El presidente ha asegurado que esas filtraciones provenían del comisario jubilado, ¿qué constancia tienen de que eso es así?
R. No tengo constancia alguna. La única conclusión que podemos sacar es que provienen de alguien que quiere causar daño al Estado en general y a este Gobierno en particular.
P. ¿Entonces el presidente apuntó a Villarejo sin datos?
R. A mí no me gusta hacer imputaciones si no tengo datos. Por el contenido, el momento de las filtraciones y la forma en la que se difunde —en medios creados ex profeso—, la voluntad es intoxicar al Estado.
P. ¿Aún existen las cloacas del Estado?
R. No hay ningún elemento o grupo de personas, relacionadas o no relacionadas con el Estado en el presente o en el pasado, que pueda poner en riesgo ninguna de sus instituciones.
P. Anunció recientemente que iba a retirar las medallas al policía torturador Billy el Niño, ¿cómo y cuándo lo va a hacer?
R. Tenemos una normativa que es preconstitucional y en la que no se preveía la posibilidad de pérdida de la condecoración. Ya tenemos una redacción que está muy avanzada y que en las próximas semanas se conocerá.
P. ¿Se le podrá aplicar a Villarejo y que su retirada suponga también la pérdida del premio económico que tienen estas medallas?
R. Si se retira una condecoración, se retira en su integridad.
P. Han dimitido dos ministros y otros dos están en aprietos por informaciones periodísticas. La vicepresidenta Carmen Calvo habló el jueves de la necesidad de regular la libertad de expresión. ¿Considera que es necesario?
R. La libertad de expresión está en la base del Estado de derecho, pero entendemos que en la actualidad hay movimientos preocupantes que quieren perturbarla. Muchos, en el ámbito digital sobre todo, se han convertido en voceros de lo que les llega, sin ver si es cierto o no ¿Con qué finalidad? ¿Quiénes están detrás? He hablado con la vicepresidenta y creo que lo que manifiesta es esa preocupación. En modo alguno es una voluntad de limitar.
P. ¿Está de acuerdo con que se revise el Código Penal en los delitos de abuso y agresión sexual tal y como se demandó socialmente después del juicio de La Manada?
R. Absolutamente. La cuestión del consentimiento no puede generar inseguridad. Tiene que haber una definición que no dé la posibilidad de interpretaciones.
P. ¿Cuál va a ser la política migratoria de Interior, la de acogida del Aquarius o la de los rechazos en la valla de Ceuta?
R. El primer Aquarius era un toque de atención a Europa. En los países de origen de los migrantes (Senegal, Argelia, Marruecos…) nos transmiten que son conscientes de que nosotros no podemos asumir esos flujos y también que ellos no pueden quedarse sin juventud. Tenemos que llegar a un acuerdo de cooperación bajo el principio de solidaridad.
P. ¿Y cómo se actuará si hay otro salto masivo a la valla?
R. No se puede entender que un ataque violento a una frontera no tenga consecuencias legales.
P. ¿Sabe el Gobierno qué ha pasado con los 116 migrantes que expulsó a Marruecos en agosto?
R. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en distintas ocasiones señalando que Marruecos es un país seguro.
P. El PSOE pidió acabar con las devoluciones en caliente desde la oposición y ahora las ha defendido en Estrasburgo. ¿A qué se espera para acabar con ellas?
R. Estamos esperando, precisamente, esa resolución del Tribunal de Derechos Humanos.
P. ¿Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tienen que ser cerrados?
R. Son cerrados por imperativo legal. Otra cuestión es que hay que mejorar la filosofía de los CIE, pero no pueden desaparecer.
P. ¿En qué va a consistir ese cambio de filosofía?
R. Aparte de una seguridad exterior por parte de la policía, en el interior debe haber gente que sepa gestionar… funcionarios, asistentes sociales. Estamos haciendo un estudio y a finales de octubre tendremos listo un proyecto.
P. Los primeros acercamientos de presos de ETA no han provocado la contestación de las asociaciones de víctimas que se auguraba desde el PP. ¿Han asumido las víctimas que era necesaria una nueva política penitenciaria?
R. Todas las asociaciones de víctimas con las que he trabajado durante años lo único que desean de su interlocutor es transparencia, sinceridad y honradez, que les informes y que les expliques.
P. En los últimos días, miembros del Gobierno han manifestado que si el juicio a los líderes del procès se retrasa, no sería lógico que permaneciesen en prisión.
R. La prisión provisional es una medida cautelar excepcionalísima, pero su aplicación la determina el juez o el tribunal competente.
P. ¿La solución para Cataluña tiene que ser política o judicial?
R. Son ámbitos completamente distintos. En Cataluña hay una situación política que resolver. Hay que generar un ambiente de tranquilidad, siempre dentro del marco constitucional, y luego dar satisfacción al conjunto de los involucrados. Si hay hechos de naturaleza delictiva, eso corresponde a la justicia. Cada cosa tiene su ámbito de actuación. Lo que debe quedar claro es que tienen que ir por caminos distintos, paralelos, no cruzarse nunca.
P. Como juez, ¿ve delito de rebelión en el procès?
R. Quién tiene que decidir eso es el tribunal competente.
P. ¿Cuál es la previsión de seguridad ante el próximo 1-O?
R. Los Mossos d’Esquadra tienen la competencia en materia de seguridad pública y nuestra confianza en ellos es máxima. Nosotros vamos a estar con el ánimo de colaborar si surge algún incidente. La gente quiere sosiego.
P. Muchos creen que la excarcelación de los políticos del procès podría traer ese sosiego.
R. Dejemos que quien decida eso sea a quien compete en el ámbito judicial.
