MAFIA: “Grupo organizado que trata de defender sus intereses”. Al igual que existen redes clientelares para delinquir en la Función Pública Local, o sindicatos corruptos de la Contratación Administrativa en la Administración Local, o «famiglias benefactoras» que manejan el reparto de los bienes de las entidades locales, existen también las mafias en los Ayuntamientos.

El “modus operandi” de esos grupos organizados que proliferan en las Entidades Locales para el repartimiento suele mantener la siguiente trayectoria. Se empieza por cosas de poca monta y se va observando hasta dónde se puede llegar. Tras la impunidad inicial la actividad va creciendo, en principio poco a poco y después a toda velocidad, hasta llegar a actuar con el tiempo con la más absoluta desfachatez. Así, hasta que toque la suerte de que los componentes del grupo den con sus huesos en la cárcel o en la inhabilitación. Por desgracia este final feliz tiene lugar en muy pocas ocasiones, ya que lo normal es que se perpetúen en el tiempo, riéndose de todo e incluso prolongando el negocio al “meter” a sus descendientes y afines en la Entidad.

A grandes rasgos, se pueden distinguir tres tipos de mafias en la Administración Local: las de políticos, las de empleados públicos, y las mixtas de políticos y de empleados públicos a la vez.

Las mafias de políticos están formadas exclusivamente por miembros electos de la Corporación. En estos casos, el papel de los empleados públicos que puedan estar en el “ajo” se reduce al de meros colaboradores necesarios, vulgarmente conocidos como “quitavergüenzas” o “comemieldas”, y sus acciones u omisiones responden al miedo o a la necesidad de tapar a su vez otras faltas suyas ajenas al “negocio”, pero todo ello sin formar parte de lleno en la organización.

Dado el enorme poder de que disfruta la clase política, esta especie de mafia puede ser a su vez muy poderosa, pero como contrapartida suele ser de existencia más o menos efímera debido a las turbulencias propias del mundo a que pertenecen sus componentes y a los posibles enfrentamientos internos entre ellos. En los partidos más fuertes puede también darse el caso de que las altas esferas, siempre que no estén implicadas en lo mismo, acaben por prescindir de los “servicios” prestados e incluso promuevan indirectamente las acciones judiciales oportunas para terminar con el clan. En los partidos pequeños y agrupaciones independientes el tema es más complicado, ya que hay una variadísima casuística, pero el final de sus actividades suele ser mucho más aparatoso que en las grandes formaciones, y encima sin indultos.

El segundo grupo, la mafia de empleados públicos, es el que se ha llamado tradicionalmente mafia funcionarial, pero con el devenir de los tiempos es más adecuado denominarla de empleados públicos, ya que el empleo público lo componen, junto con los funcionarios, el personal laboral y el personal eventual, amén de ciertos puestos directivos difíciles de catalogar en ocasiones. Esta clase de mafias es más peligrosa que la de políticos, dada su mayor destreza como conocedores del “oficio” y su mayor duración temporal, debida a su vez a que no están sujetos a los vaivenes propios de la vida política y actúan cualesquiera que sean los cambios de partido gobernante. Esta clase de mafiosos son “hombres de corcho” que flotan en todas las situaciones. En estos casos, los papeles se invierten con respecto a lo antes hablado, y aquí es el político el que, sin formar parte del grupo, es el colaborador necesario, aquejado de amnesia selectiva si se descubre alguna vez el “pastel”

Ejemplos de la especie analizada se han visto muchas veces en los medios de comunicación. Así, ha habido mafias que han estado dando licencias con una celeridad asombrosa durante muchos años, llegando a heredar el “negocio” generaciones posteriores de empleados públicos. Otras veces, empezando por agresiones verbales y físicas a otros empleados públicos, se ha ido creciendo hasta crear un auténtico reinado del terror y llegando a controlar incluso todo un “holding” de empresas de matones de discoteca y de casas de placer a nivel supramunicipal.

Esta clase de mafia es casi imposible de erradicar, pues suele estar muy arraigada en la entidad local, siendo también muy frecuente que controlen directa o indirectamente los órganos de selección del personal.

Las mafias mixtas de políticos y de empleados públicos a la vez, rompen todos los moldes y superan con creces a las dos categorías antes descritas. En algunos destinos se puede oír a otro empleado público, generalmente funcionario, decir algo así como que el Alcalde o tal concejal “es muy amigo mío”. Alarma. Cuando nos dicen eso puede significar una de dos cosas. O que el funcionario en cuestión ha tenido la mala suerte de encontrarse en la alcaldía o en la concejalía con un amigo de toda la vida, estando esa amistad condenada a muerte en breve plazo si el funcionario es honrado, o siendo honrado no es masoquista. O en otro caso el asunto empieza a oler más que a podrido, pues entonces nos encontramos ante el tipo mixto de mafia que nos ocupa.

Tipo mixto en el que, en términos sexológicos, el “dominante” suele ser el componente empleado público, dada su mayor experiencia y permanencia en el “negocio”. Si no fuera por lo grave que es el tema de la crisis, puede llegar a ser hasta casi divertido cuando el componente político y el profesional se tiran los trastos a la cabeza ante los tribunales, si es que afortunadamente llega la ocasión.

Y es que desde el punto de vista de la ética profesional este tipo de mafia es el más repugnante, ya que se mezcla lo que jamás debería mezclarse. No hay que olvidar que el político defiende intereses políticos pese a la legalidad vigente, mientras que por lo menos el funcionario, y muy especialmente el habilitado nacional, debe defender la legalidad pese a los programas políticos, e incluso pese a una mal entendida eficacia, ya que si bien es cierto que se debe procurar un equilibrio entre legalidad y eficacia, la legalidad debe primar siempre para el profesional.

¿Cómo se puede acabar con todo esto o evitar que surjan estas mafias? Siendo prácticamente imposible, algo se puede intentar desde el factor funcionarial. Los políticos pueden ser como sean, los demás empleados públicos también, pero hay ocasiones en que basta con una sola persona para que se desbarate una operación. Por ejemplo, en una mesa de contratación o en un órgano de selección puede bastar con que haya un solo funcionario honrado que no esté en el “ajo”, para dar al traste con el desaguisado mafioso.

Tres serían las direcciones a seguir en este sentido. Por una parte, que se empleen con seriedad los sistemas de selección de personal y de provisión de puestos, optando por los mejores aspirantes y no por los amigos – paisanos – parientes – correligionarios -“coleguillas”. En segundo lugar, establecer unos conceptos retributivos justos y objetivos, desapareciendo las “productividades” que todos sabemos lo que realmente pagan. Y por último, aplicar un régimen disciplinario tan riguroso como justo que ayude un poco a sanear el ambiente y en el que las denuncias y repetitivas quejas de los ciudadanos se tuviesen en cuenta. No sería una utopía ya que todo lo que se acaba de decir cuenta con su respaldo jurídico, pero no hay que perder de vista que para poner en práctica estas medidas hay que contar con mayor o menor intensidad con los políticos… “Las cosas que valen la pena, nunca serán fáciles”.                             

COLECTIVO «OPINIÓN PÚBLICA»