Agentes de la Policía Nacional implicados en la llamada “operación Kitchen” cuyo objetivo era arrebatar a Luis Bárcenas todo el material que poseía contra el PP se hicieron, de forma irregular y sin trasladarlo a los juzgados, con una copia de las conversaciones entre el ex tesorero y Mariano Rajoy. Ahora, en plena investigación interna, esos policías se exponen a ser condenados a prisión.
Este robo de documentación, del que informó ayer El Mundo, se vincula con la llamada “policía política” montada en la etapa de Jorge Fernández Díaz en Interior y con José Manuel Villarejo, que tuvo un papel fundamental en este tipo de operaciones.
El ex comisario, no obstante, no es el único integrante del Cuerpo Nacional, implicado en el hurto del material, por lo que, desde la Policía e Interior se ha puesto en marcha una investigación interna para depurar responsabilidades.
Delito de “apoderamiento indebido”
Estos agentes se quedaron con un material sensible que no trasladaron a los juzgados. En concreto, las conversaciones mantenidas por Mariano Rajoy y Luis Bárcenas del 21 al 23 de febrero de 2012, cuando saltó la noticia de que cargos del PP se habían repartido dos millones de euros procedentes de la Gürtel.
A raíz de esa publicación, Bárcenas contactó con Rajoy para reclamarle el respaldo del partido, con una nota de desmentido. También acusó a María Dolores de Cospedal como la responsable de la filtración. El entonces presidente del Gobierno defendió a su número dos, a la vez que pedía calma al ex tesorero con mensajes como el ya conocido “Luis, sé fuerte”.
Teniendo en cuenta el robo de información, las fuentes consultadas por Confidencial Digital explican que dentro de la Policía se habla de un delito de “apoderamiento indebido” durante un registro. Una conducta tipificada como ilegal en el Código Penal y que tendría “consecuencias” para los agentes.
De 3 a 5 años de prisión
En concreto, este tipo de acciones en funcionarios públicos son condenadas con unas penas de 3 a 5 años de prisión.
Además, y en paralelo a la vía judicial, también tendría consecuencias laborales para los policías, que se enfrentarían a una fuerte sanción disciplinaria.
Las fuentes consultadas explican que una conducta así puede considerarse como “grave o muy grave”, por lo que los agentes estarían expuestos a la separación del servicio, bien por un tiempo determinado, o de forma definitiva.
