Una de las incógnitas que hoy debe despejar el Gobierno de Pedro Sánchez no afecta solo a la fecha de las elecciones generales, sino al patrimonio político con el que el propio PSOE llega a la cita con las urnas. Porque una muchedumbre de leyes en trámite morirían con la disolución de las Cortes, lo mismo que cerrarían en falso las comisiones de investigación y las de los pactos de Estado.
A la subida del salario mínimo, la mejora de la dotación para la dependencia, la nueva regulación de los alquileres urbanos, la modificación de la factura de la luces, la actualización de las pensiones por ley o la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años que mueren con el rechazo al proyecto presupuestario –so pena de que algunos de ellos puedan ser recuperados in extremis por la vía del decreto ley, en función de la fecha de disolución de las cámaras– se suman leyes de igualdad, la modificación de la legislación laboral, la derogación parcial de la ley mordaza, la ley contra las violencias machistas o la modificación de la ley de Secretos Oficiales.
Comisiones de Investigación. A pesar de llevar muy adelantados los trabajos en muchas de las comisiones de investigación, una súbita disolución de las Cortes haría decaer comisiones como la investigación del rescate bancario, la del accidente del vuelo de Spanair a Las Palmas, o la del accidente del AVE a Santiago de Compostela en la curva de Angrois. También, la de la presunta financiación ilegal del PP, pese a haber completado sus comparecencias, tras rechazarse las de Mariano Rajoy y el empresario Florentino Pérez. Otro tanto puede decirse de la del almacén de gas Castor, uno de los escándalos, aprobada pero cuyos trabajos ni siquiera habían arrancado. Igualmente, no llegará a conformarse la que habían solicitado los grupos catalanes sobre los atentados de Catalunya el 17 de agosto del 2017.
Leyes de Igualdad. So pena de que se pueda salvar en el último momento, decaerá la ley de mejora de las pensiones de orfandad de hijos e hijas de víctimas de violencia machista, cuya tramitación está casi concluida, a falta de la aprobación final del Congreso. También estaba en avanzado estado de tramitación, pendiente de constituirse las ponencias, la ley de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, así como la ley contra la discriminación por orientación sexual (conocida como ley LGTBI, impulsada por Podemos), con la ponencia ya constituida y pendiente de informe. También, pendientes de toma en consideración, una ley para la erradicación de la explotación sexual, y una ley para la protección jurídica de las personas trans. Otro de los acuerdos que salta por los aires es el de las bajas de paternidad y maternidad iguales e intransferibles.
Regeneración democrática. Una de las propuestas que muere es la reversión de la reforma de la ley del Tribunal Constitucional que en el 2015 le dio competencias para actuar contra el proceso soberanista catalán. Se trata de revertir la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y dejar sin efecto que el Constitucional pueda suspender a cargos públicos que no acaten sus sentencias. Tampoco prosperará el acuerdo para derogar el voto rogado. La modificación de la ley de Secretos Oficiales que acortaría el plazo de acceso a documentación archivística promovida por el PNV y que ha sido dilatada ad eternam en su periodo de alegaciones tampoco saldría adelante. Ni el pacto para derogar siquiera los aspectos más lesivos de la ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza), ni tampoco la reforma integral del derecho a la libertad de expresión impulsada por IU. Tampoco las iniciativas de reforma del poder judicial, ni las impulsadas por Ciudadanos, ni las que propone Podemos relativas al ministerio fiscal. Ni siquiera la modificación del reglamento del Congreso –la mejora del control al gobierno y el seguimiento de las iniciativas no legislativas– un asunto que va saltando de legislatura en legislatura sin ver la luz. Y adiós al concurso público para la dirección de RTVE, y a cualquier atisbo de desarrollo y ampliación de la ley de Memoria Histórica.
Legislación laboral. Amén de la derogación, al menos, de la última reforma laboral, que queda en el aire, se diluirán leyes en trámite contra la precariedad específica de sectores como los bomberos forestales, los trabajadores de mataderos, el régimen de protección de trabajadoras en tratamiento de reproducción asistida, así como todo lo relativo a la actualización y mejora de las pensiones, la potenciación de los convenios colectivos y la mejora del Estatuto de los Trabajadores. Lo mismo la ley contra la precariedad y la estabilidad en el empleo, o la ley contra la exclusión social.
Vivienda. Otras reformas legislativas en curso mejoraban las capacidades de los ayuntamientos para regular las viviendas ocupadas, pero también, los planes para una mejor prevención de la pobreza energética, la nueva regulación de las redes de distribución eléctrica cerradas, la reforma de la ley de Propiedad Horizontal y la ya célebre nueva regulación de los alquileres urbanos.
Pactos de Estado. Aunque muchas de las comisiones que trabajaban en pactos de Estado no tenían muy avanzados sus trabajos, se quedan en el tintero los avances en violencia machista, pacto de Toledo, reforma electoral (impulsada por Unidos Podemos y Ciudadanos) o los trabajos en pro de un posible pacto de Estado de educación.
La lista sigue y sigue con decenas de iniciativas, de propiedad intelectual, de lucha antiterrorista, fiscalidad… Esa extensión revela cuánto trabajo se desarrolla en las distintas comisiones del Parlamento, una tarea que cae en saco roto. Porque disolver las Cortes es, en resumen, hacer borrón y cuenta nueva. Y para el Gobierno, supone renunciar a un patrimonio político que hacer valer en las urnas.
FUENTE: LAVANGUARDIA
