La Policía Nacional descubre entre los papeles que trataron de destruir los Mossos horas antes de la aplicación del 155 documentos de vigilancias ilegales a dirigentes constitucionalistas
Los Mossos d’Esquadra trataron de destruir en las horas previas a la aplicación del artículo 155 documentos que probaban la existencia de seguimientos a dirigentes del Partido Popular en Cataluña. La información fue interceptada por la Policía y está siendo analizada para incorporarla a la causa que instruye la Audiencia Nacional contra mandos del cuerpo autonómico por su presunta implicación en el dispositivo del Govern para blindar el referéndum del 1-O. Entre los papeles intervenidos también hay archivos relacionados con la controvertida agencia de detectives Método 3, que supuestamente efectuó investigaciones extrajudiciales por encargo de responsables de los Mossos.
Los documentos han sido localizados en la treintena de cajas con diverso material que la policía autonómica querían quemar en una incineradora de Sant Adriá de Besós (Barcelona) el pasado 26 de octubre, solo un día antes de que Carles Puigdemont proclamara en el Parlament la declaración unilateral de independencia (DUI). Fuentes oficiales de los Mossos aseguraron que se trataba de una simple destrucción de archivos antiguos e inservibles que tenía como objetivo liberar espacio en sus instalaciones centrales. Según explicaron, el proceso se realizaba periódicamente y estaba protocolizado. Pero, ante los indicios de que en esa partida podía haber datos comprometedores sobre la actuación del cuerpo en el 1-O, agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional interceptaron las cajas y se las llevaron para revisarlas.
Lo que ha aparecido en su interior va más allá del referéndum. Fuentes cercanas al caso han revelado que los papeles confirmarían la participación de agentes de los Mossos en operativos de vigilancia a dirigentes del Partido Popular en Cataluña. El resultado de estos seguimientos, realizados sin ningún tipo de autorización judicial, se habría plasmado en informes para consumo interno que permitieron a los responsables políticos del cuerpo acceder a detalles sobre los movimientos de sus rivales en el Parlament. De los papeles se desprendería que el espionaje a los cargos del PP afectó incluso a su vida privada.
En el material enviado a la incineradora también había documentos sobre Método 3, la agencia dirigida fundada en 1985 que elaboró centenares de informes sobre los principales personajes de la vida política, económica y social de Cataluña a petición de terceros. Los Mossos figuraban en su larga lista de clientes, según fuentes policiales. También la propia Policía Nacional. De la agencia salió hasta un ‘pendrive’ con operaciones mercantiles de Jordi Pujol Ferrusola que llegó a la UDEF y ha provocado la apertura de una investigación separada en los Juzgados de Plaza de Castilla para tratar de determinar el origen de esos datos.
En febrero de 2013, la Policía Nacional irrumpió en la sede de la agencia e interrogó a sus detectives para investigar una denuncia presentada por el Partido Popular por la grabación del encuentro que mantuvo la expresidencia de la formación en la comunidad Alicia Sánchez-Camacho con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola en el restaurante La Camarga de Barcelona. Los Mossos intentaron anticiparse a la Policía para apropiarse del caso y de la ingente cantidad de información que había en los archivadores de la agencias, pero finalmente se quedaron fuera de la causa. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha descubierto ahora que los mandos de los Mossos, cuando Josep Lluís Trapero aún estaba al frente, trataron de deshacerse de información relacionada con Método 3 solo unas horas antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy asumiera el control absoluto del cuerpo.
Según las fuentes consultadas, estas informaciones sensibles habrían sido obtenidas y gestionadas por un reducido grupo de agentes de la máxima confianza de la cúpula de los Mossos que fueron seleccionados por su militancia inquebrantable en el movimiento independentista. Esos efectivos, alrededor de cuarenta funcionarios, pertenecían a la Unidad Central de Respuesta Operativa (UCRO), una sección semiclandestina encuadrada en la Comisaría General de Información de la policía catalana. Entre las misiones de estos agentes se encontraba precisamente el seguimiento y la vigilancia de dirigentes políticos del bloque constitucionalista, así como el diseño de campañas de propaganda y desinformación en internet y redes sociales para favorecer la hoja de ruta de Junts pel Sí. El temor que desató la inminente aplicación del artículo 155 habría provocado que documentos de la UCRO se incluyeran en las cajas enviadas a la incineradora. Oficialmente, la unidad desapareció este verano, aunque sus agentes habrían continuado realizando la misma labor en una nueva sección llamada UCROINF.
Fuentes policiales aseguran que, además de papeles, en las cajas incautadas también había discos duros de ordenadores. El hallazgo sorprendió porque los soportes digitales de almacenamiento pueden ser reutilizados casi hasta el infinito, aunque los borrados no eliminan el rastro de los archivos guardados previamente. La única explicación para el intento de destrucción de discos duros es que sus propietarios querían impedir que alguien descubriera la información que habían albergado.
