¿Seguro que los 187.949 militantes del PSOE con derecho a votar en las primarias pagaban sus cuotas? ¿Y los 66.348 que han quedado para las del PP desde los 869.535 iniciales?
Quizás no todos, como tampoco parece que ocurra eso con los 24.650 del PNV, los 21.558 de Izquierda Unida, los 20.078 de Ciudadanos, los 13.000 del PdCat o los 9.500 de ERC: sumarían, a falta de incluir los de otras formaciones de menor tamaño y sin añadir a los 487.772 inscritos de Podemos, 343.113, lo que prácticamente duplica los 173.443 contribuyentes que se aplican en la declaración del IRPF la deducción por “cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales”.
La aportación media es de 22 euros por militante, un dato que también llama la atención cuando únicamente un partido de implantación estatal tiene establecida una cuota anual de esa cuantía, el PP con 20, mientras la del PSOE es de 72, la de Ciudadanos llega a 120 y la de IU se sitúa en 60. Podemos no mantiene cuotas y aplica campañas de microcréditos para financiar acciones concretas.
Algo no acaba de cuadrar entre las cifras que ofrecen los partidos y el comportamiento tributario de sus militantes; y más, en un país en el que la probabilidad de que alguien omita aplicarse una deducción en el IRPF parece más bien baja.
¿De casi treinta millones a menos de cuatro y en año electoral?
El estudio de la Agencia Tributaria sobre el IRPF de 2016 (el que se liquidó el año pasado) reduce de manera notable la realidad de la militancia política en España, aunque es cierto que en algunos partidos se mantienen los pagos de cuotas en bloque de dirigentes locales a una parte de su agrupación, y proyecta sombras de duda sobre la transparencia de la financiación de los partidos políticos españoles.
Esas 173.443 deducciones, que suman un total de 3.858.674 euros, se refieren al ejercicio de 2016. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de las formaciones políticas españolas y sus fundaciones en los dos años anteriores, 2014 y 2015, recoge cómo las cuotas de las treinta principales formaciones sumaron 46,66 millones de euros (más de 23 por ejercicio) mientras las donaciones privadas alcanzaban los 10,5 (4,49 y 6,03).
El cruce de esos datos revelaría un improbable desplome de ese tipo de aportaciones del 87% (de 29,45 a 3,85 millones de euros en un solo año) que, además, habría ocurrido en un escenario de movilización política, ya que se trata del periodo 2015-2016, en el que, por primera vez desde la recuperación de la democracia, se repitieron unas elecciones generales, además con dos convocatorias en los trece meses posteriores a las municipales y las autonómicas.
En la campaña de las elecciones de las que salió el actual parlamento, según recoge el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, solo dos partidos recogían aportaciones privadas en sus contabilidad electoral: Ciudadanos, con 8.969, y la Agrupación Socialista Gomera, con 2.650. En este caso, el desplome alcanzaría el 99,8%.
Sin embargo, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas propuso en su dictamen sobre ese informe, aprobado el 26 de junio del año pasado, instar al Gobierno a “estudiar la conveniencia” de que la normativa sobre financiación de partidos “pudiera prever que las donaciones privadas que se realicen en el periodo comprendido entre la convocatoria de las elecciones y la finalización de la campaña electoral, se entiendan efectuadas, en todo caso, para financiar esta y, por tanto, se sometan a los requisitos de la legislación electoral”. ¿Es necesario un cambio legal para convalidar unos ingresos de 11.619 euros en un movimiento de 45 millones?
8.800 sindicalistas cobran más de 150.000 euros al mes
Los datos de la Agencia Tributaria atribuyen a los sindicatos una militancia diez veces más nutrida que a los partidos políticos, ya que alcanzan los 1.788.378 miembros que pagan la cuota y se la desgravan.
En este caso, además, con unas cuantías medias más acordes con las tarifas oficiales, ya que oscilan entre los 103 y los 126 euros para los sueldos de hasta 30.000 euros brutos anuales. Las tarifas generales de CCOO y de UGT van de los 12 a los 14 euros mensuales (144 a 168), con algunas reducidas para salarios bajos y para jubilados, mientras CSIF aplica una de 9,50 (114) y CGT otra de 11,72 (140) y una de 6,3 (75,6)n para desempleados.
A partir de ahí, las cuotas y las deducciones por su pago se elevan: 134 euros anuales para salarios de 30.000 a 60.000, 161 para los de esa cifra a 150.000, 703 para ingresos de hasta 600.000 y 298 de ese nivel en adelante.
Esos datos, que revelan la existencia de 91.408 sindicalistas que cobran más de 150.000 euros al año (8.841, más de 600.000), incluyen otro contraste con los de los partidos: los contribuyentes se deducen las cuotas con independencia de su nivel salarial.
El mecenazgo, las fundaciones y los recibos del colegio privado
Por último, los datos de Hacienda señalan también que las aportaciones para campañas de mecenazgo superan claramente las aportaciones que reciben los partidos políticos de sus militantes, aunque el volumen de personas que se suma a ellas es mucho menor. Concretamente, en la campaña del IRPF del año pasado 41.289 contribuyentes se dedujeron 5.479.788 euros por este motivo.
El donativo medio fue de 133 euros, inferior en 19 al que registraron las fundaciones sin ánimo de lucro, las entidades declaradas de utilidad pública, las ONG dedicadas a la cooperación internacional y las federaciones deportivas, que recaudaron 469.476.306 euros aportados por 3.096.245 personas físicas.
Este último apartado, no obstante, tiene un pequeño truco, ya que entre esos donativos se incluyen las mensualidades que las familias pagan en los colegios concertados y privados por los estudios y las actividades complementarias de sus hijos.
Las aportaciones al resto de ONG fueron menores: 1.725.503 euros, a una media de 28, donados por 61.401 contribuyentes.
