Las conversaciones entre el Ejecutivo y el PP de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caduca el próximo 3 de diciembre, ya están en marcha, y tanto desde Justicia como desde la oposición se van mostrando preferencias de cara a la elección de los 20 vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces. Según informan fuentes jurídicas, la ministra de Justicia Dolores Delgado encabeza estos contactos junto a su antecesor en la cartera, Rafael Catalá. Ha mostrado interés por situar en el nuevo Consejo a cuatro candidatos entre los que se encuentran el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y la jueza y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell.
La elección de los candidatos definitivos depende de las dos cámaras parlamentarias. El Congreso y el Senado votan a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al cupo de jueces. Con la composición más fragmentada de la democracia, alcanzar un acuerdo que contente a todos supone un verdadero encaje de bolillos. Los intentos de renovar este sistema no han salido adelante por lo que, inevitablemente, el nuevo órgano de gobierno de los jueces será fruto de un pacto político. Eso sí, en esta ocasión son más los partidos incluidos en el debate que anteriores ocasiones.
La intención de todos es lograr una renovación en plazo y evitar situaciones que ya se han dado con anterioridad y conducían a prórrogas interminables del mandato actual. Por ello, las formaciones acostumbran a mostrar a las claras sus preferencias y pactar desde ese punto. En estas conversaciones se habla, por ejemplo, del número de vocales que situará cada cual en función del equilibrio de fuerzas. También se negocia sobre nombres concretos para ocupar los asientos y sobre la presidencia, que suele ser uno de los principales escollos para cerrar acuerdos.
En el caso del PSOE, la ministra parece preferir al que fuera su compañero en la Audiencia Nacional y titular de Juzgado Central de Instrucción 3. El nombre de Andreu ya sonó para ocupar la secretaría de Estado de Justicia aunque el nombramiento no se produjo finalmente. Pertenece al círculo de confianza de Delgado con la que comparte una vieja amistad.
En cuanto a Rosell, la magistrada es claramente la baza de Podemos para el Consejo de los próximos cinco años. La jueza fue uno de los fichajes estrella de Pablo Iglesias, que incluso la situó como su ministra de Justicia. Ocupó después el puesto de diputada por Las Palmas hasta que una querella en su contra, que acabó archivada, la apartó de la política.
Según las fuentes consultadas, Delgado también está interesada en asegurar el nombramiento de José María Fernández Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, que planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas hipotecarias. El magistrado de la Sala Tercera, Ángel Ramón Arozamena, es el cuarto nombre en el listado.
Otros candidatos
Los jueces que aspiran al CGPJ son públicos desde hace semanas, cuando se cerró el plazo de presentación de candidaturas. Entre los 50 que optan a las doce puestos de vocal de procedencia judicial se encuentra también la mujer del instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, la hasta hace poco directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa.
Destaca en esta ocasión la inusual presencia de decanos de toda España y de magistrados del Tribunal Supremo. En el primer grupo aparecen, por ejemplo, María Pilar Martínez Ceyanes, José Luis Núñez o José Carlos Orga. También José María Páez. Procedentes del alto tribunal se presentan a uno de los asientos en el Consejo, además de Arozamena, José Antonio Montero Fernández, Inés María Huerta y José María del Riego, todos ellos de la Sala Tercera del Supremo.
En el listado se encuentra la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra —tribunal que saltó a la palestra mediática con la polémica sentencia de La Manada—, Esther Erice. Aparece también Francisco Manuel Oliver Egea, que en la actualidad ocupa el Juzgado de lo Penal nº 6 de Móstoles pero fue director general de Seguridad e Interior en la etapa de los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González.
