Las alarmas se dispararon en la sede del PP la pasada semana por dos motivos: las encuestas internas y las informaciones conocidas en el juicio del ‘procés’ sobre los interlocutores que Mariano Rajoy utilizó para rebajar la tensión con la Generalitat e impedir la consulta del 9-N, en 2014, y el referéndum del 1-O, en 2017.
Según ha podido saber este diario, los sondeos que manejan en la planta noble de Génova están en línea con el barómetro del GESOP que EL PERIÓDICO publicó hace dos semanas. Este estudio señaló que los populares pueden perder casi 60 escaños (de 134 a 75-77) y Vox puede irrumpir en el Congreso con más de 40 (43-46).
Estos datos sobre el avance de la ultraderecha, que ha hecho del independentismo catalán uno de sus caballos de batalla, han llegado cuando Pablo Casado estaba digiriendo todavía algunas de las declaraciones escuchadas en el Tribunal Supremo y en los medios de comunicación sobre los intentos de algunas personas relevantes de la política y la sociedad para mediar entre Rajoy y la Generalitat, primero con Artur Mas y después con Carles Puigdemont. Unos hechos, esos testimonios, difíciles de conjugar con la dureza que el PP exhibió contra Pedro Sánchez cuando, hace poco más de un mes, se supo que la Moncloa había aceptado la figura del “relator” en su diálogo con Quim Torra.
Incluso se ha podido escuchar en la Villa de París cómo el exnúmero dos del Ministerio del Interior José Antonio Nieto explicó que el 28 de septiembre de 2017, en la reunión de la Junta de Seguridad con los representantes catalanes, el Gobierno central ofreció “simular” el referéndum “en las plazas de los municipios o en lugares abiertos”, para que no se incumpliera el mandato judicial que impedía la votación. «Qué vergüenza que ante el golpe separatista intentarais este pasteleo infame en lugar de sofocarlo», se quejó Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos.
Aquí, una breve referencia sobre los principales interlocutores que, reconocidos por ambas partes, trataron de servir de puente entre Madrid y Barcelona.
Pedro Arriola
El sociólogo de Rajoy, ahora ya desvinculado de Génova, fue el emisario del político gallego en 2014 para intentar hallar una solución política antes de que se celebrara el “proceso participativo” del 9 de noviembre. Pedro Arriola, junto a Joan Rigol (dirigente de Unió y líder del Pacte pel Dret a Decidir) y José Enrique Serrano (diputado del PSOE, ya entonces con Sánchez como secretario general) se reunieron varias veces para plantear una salida y evitar la consulta, según publicó este diario en exclusiva horas antes de la consulta.
Los tres intentaron evitar la ruptura entre los dos Ejecutivos y abordaron la opción de reformar la Constitución para buscar un mejor encaje de Catalunya y también estudiaron la posibilidad de modificar el texto de la papeleta de la votación. Los esfuerzos fueron baldíos. Finalmente las preguntas fueron dos. «¿Quiere que Catalunya sea un Estado?». Y dos casillas para marcar ‘sí’ o ‘no’. Debajo del ‘sí’, un segundo asunto: “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?” y de nuevo dos casillas, ‘sí’ o ‘no’. Votaron 2,3 millones de catalanes: 1,8 millones apoyaron la independencia y 104.772 se mostraron totalmente contrarios.
Íñigo Urkullu
Su mediación se conoció el jueves 26 de octubre, cuando Puigdemont rumió por unas horas la posibilidad de convocar elecciones anticipadas y desactivar así la aplicación del 155. Ni entonces ni ahora, como se ha visto cuando han declarado Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el Supremo, el Gobierno quiso informar sobre el papel del lendakari y ha tenido que ser él, también llamado como testigo, el que diera los detalles de sus gestiones.
Íñigo Urkullu, para desesperación de Casado, desveló ante los jueces que mantuvo diversas conversaciones con Puigdemont y con el entonces presidente del Gobierno para que el primero no declara la independencia y para que el segundo no interviniera la Generalitat. Urkullu comentó que vio “receptivo” al exjefe del Ejecutivo catalán a convocar elecciones, pero que finalmente dio marcha atrás porque los independentistas “se le estaban rebelando” en la calle.
Juan José Omella
El cardenal arzobispo de Barcelona volvió a admitir este jueves que hizo «de puente entre presidente y presidente», en referencia a Puigdemont y Rajoy. No obstante, en concreto, según fuentes del anterior Ejecutivo central, la persona de contacto en la Moncloa de Juan José Omella fue Sáenz de Santamaría. La relación entra el religioso y la exvicepresidenta empezó a finales del 2016, cuando la antigua número dos de Moncloa asumió el dosier catalán y se puso al frente de la llamada «operación diálogo«.
Omella ya reconoció el pasado junio en Catalunya Ràdio que había hecho todo lo que había podido «con unos y otros en aquellos momentos de tensión«. «Rajoy me escuchó muy bien. Y también el señor Puigdemont», afirmó. Omella llegó a ir a Moncloa el martes 3 de octubre, dos días después del referéndum, con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, a petición del entonces jefe del Ejecutivo.
Juan Rosell
El presidente de la CEOE hasta noviembre del 2018 fue, junto con Urkullu y Omella, otro interlocutor clave para Sáenz de Santamaría. El empresario catalán, que visitó el pasado octubre a Oriol Junqueras en prisión por su relación personal, trató de contener la tensión entre el Gobierno central y la Generalitat. Hizo esa labor durante muchos meses, hasta que la exvicepresidenta dejó de confiar en él el 14 de septiembre, apenas dos semanas antes del 1-O.
A la exnúmero dos le molestaron unas declaraciones en las que Rosell abogó por cambiar la Constitución para resolver el problema político de «gravísima envergadura» que hay en Catalunya y señaló que veía «muchas vías intermedias entre la independencia y la sumisión total». Según fuentes del anterior Gobierno, esas palabras fueron entendidas como una traición y la Moncloa dejó de tener en cuenta su opinión y su mediación con Junqueras, entonces vicepresidente y ‘conseller’ de Economia.
Enric Millo
El que fuera delegado del Gobierno en Catalunya explicó en el Tribunal Supremo que dedicó mucho tiempo a intentar convencer a Puigdemont de que olvidara su «planteamiento políticamente suicida» de celebrar el 1-O. Los jueces escucharon cómo Enric Millo relató que mantuvo varias reuniones «en privado» con el ‘expresident’ y subrayó la trascendencia en concreto de una cena, el 6 de junio del 2017. «Estuvimos charlando mucho rato», dijo antes de detallar que le propuso encontrar una salida en base al interés general de los catalanes que no incluyera la independencia. «Su respuesta fue contundente», añadió. Puigdemont, según Millo, le respondió que no podía ya dar marcha atrás y días más tarde anunció el referéndum. Ese paso supuso un punto de inflexión «prácticamente irreversible» y esa vía de comunicación «privada» acabó entre ellos y solo quedó la formal.
