La Sección Segunda de la Audiencia Nacional que preside la abulense María José Rodríguez, ha vetado esta semana, con el voto discrepante del magistrado José Ricardo de Prada, el envío de tres informes sobre el caso de la caja b del Partido Popular a la comisión de investigación de la supuesta financiación ilegal de este partido, que se celebra en el Congreso de los Diputados.

Se trata de dos informes clave de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la caja b del Partido Popular. El primero analiza las correlaciones de cobros, pagos y otros indicios que ya en 2013 apuntaban a la veracidad de los denominados ‘papeles de Bárcenas’. Los expertos policiales demostraron hace ya cinco años en ese informe gran parte de los apuntes de la contabilidad paralela. También analizaron las obras públicas obtenidas por las empresas que figuran en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de fondos en b, y todas obtuvieron adjudicaciones millonarias en el periodo en el que supuestamente pagaron las mordidas en negro.

El segundo informe de la UDEF es un exhaustivo documento sobre las obras de la sede nacional del Partido Popular, pagadas presuntamente con 1.5 millones de euros en negro. Los agentes llegan a la conclusión, tras el análisis de las facturas y los trabajos ejecutados planta por planta, que existió una doble facturación desde 2005 y que gran parte del inmueble fue abonado en b al arquitecto Gonzalo Urquijo.

El tercer informe negado por la Audiencia Nacional al Congreso es un documento de la Intervención General del Estado sobre los contratos menores de la Gürtel en el municipio de Boadilla y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.

Respaldada por la Fiscalía, la Audiencia Nacional denegó estos informes con el argumento de que se trata de «información reservada», y que no cabe «predicar el acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales que puedan poner en riesgo los derechos de los acusados», de los que se presume su inocencia.

Esa presunción de inocencia, sostiene el tribunal, podría verse en peligro por una «investigación paralela» en el Congreso. Pero según recalca el magistrado De Prada, que votó en contra de la resolución, la comisión parlamentaria pretende investigar al Partido Popular, sobre el que no pende una acusación penal en la Audiencia Nacional, y por tanto su derecho a la presunción de inocencia ante este órgano jurisdiccional no está en riesgo. La mayor parte de los magistrados de la Sección Segunda ponen en duda, además, la capacidad de los diputados para evitar «filtraciones» de la información.

El presidente de la comisión de investigación del Congreso, Pedro Quevedo, dudaba este jueves que los diputados pudieran continuar con sus pesquisas ante la negativa de la Audiencia Nacional a trasladar la documentación. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Mahíllo, celebró la postura de la mayoría de los magistrados y pidió el archivo de la comisión al no tener acceso a los documentos.

 

 

 

FUENTE: CADENASER