Un alto cargo del Gobierno, y más si ha ostentado un puesto tan importante como la vicepresidencia, sigue estando sujeto a una responsabilidad de Estado aún después de haber cesado en sus funciones. Es el caso de la todopoderosa Soraya Sáenz de Santamaría, mano derecha de Mariano Rajoy en sus años en la Moncloa, que en el mes que se cierra ha tenido que hacer frente a dos escándalos que afectan a su gestión y por los que quizá debería dar explicaciones, pese a que ya no esté en política. Tras conocerse que la exvicepresidenta ha fichado por el bufete de abogados Cuatrecasas en otro claro ejemplo de puertas giratorias, el excomisario de Policía José Villarejo ha lanzado un nuevo dardo envenenado contra ella.
En su declaración de esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional,García Castellón, Villarejo ha dejado caer que SS estaba al corriente de las operaciones de la llamada “policía patriótica”, una especie de grupo salvaje formado por agentes que pululaban por las cloacas del Estado y que mediante funciones de espionaje confeccionaron el llamado Informe Pisa, un dosier secreto ideado para desprestigiar al líder de Podemos, Pablo Iglesias. En esas actividades subterráneas y al margen de la ley, los mercenarios de la “policía patriótica” llegaron a robarle el teléfono móvil a una asesora de Iglesias y de ahí extrajeron información confidencial para chantajear al dirigente de izquierdas.
Según Villarejo, la operación policial se produjo después de que Sáenz de Santamaría mostrara su preocupación por el hecho de que Podemos estuviera registrando una fuerte subida en intención de voto en todas las encuestas, en detrimento del PSOE, por lo que había que “compensar esta situación”. Fue en ese momento cuando empezaron a trabajar los espías al servicio de la “policía patriótica” y será el magistrado de la Audiencia Nacional encargado de las pesquisas quien determine si existieron esas investigaciones clandestinas, seguimientos, vigilancias y probablemente intervenciones y escuchas telefónicas.
De momento, Villarejo ha confirmado la existencia de esta oscura operación policial para espiar al líder de Podemos, lo cual es un auténtico escándalo nacional, y ha apuntado directamente a la exministra del PP. Iglesias, por su parte, ha ido aún más lejos, y ha acusado a los agentes de la cloaca de “fabricar” pruebas falsas de que Podemos estaba siendo financiado por Venezuela. Tal información fue publicada ampliamente por Eduardo Inda, el director de OK Diario, que a partir de ahora también tiene un problema.
No hace señalar la difícil posición en la que queda Santamaría tras las graves acusaciones del excomisario vertidas en sede judicial. Cogiendo este testimonio con pinzas y con todas las reservas del mundo −un hombre como Villarejo no es precisamente alguien que se caracteriza por su honestidad, su sinceridad y su pulcritud profesional−, el caso debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias y caiga quien caiga. De momento, el magistrado ya ha ofrecido a Iglesias la posibilidad de personarse como perjudicado en la causa, lo cual revela que existen, cuanto menos, indicios de delito. El líder de la formación morada se ha limitado a decir que las nuevas pesquisas se dirigen contra una trama criminal que implica “a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios”. “Pero comprendan que no puedo decir más porque esto está bajo secreto de sumario”, se ha disculpado.
La bomba del ‘caso Dina’ (el asunto ha sido bautizado con el nombre de la asesora de Podemos a la que sustrajeron el móvil) llega en el peor momento para Sáenz de Santamaría. Hace apenas dos semanas, la prensa se hacía eco del fichaje de la ex vicepresidenta del Gobierno por el prestigioso bufete de abogados Cuatrecasas, un affaire algo oscuro, ya que resulta inevitable preguntarse si a un altísimo cargo como fue ella −que incluso llegó a controlar el CNI−, se le debe permitir pasar a la empresa privada llevándose consigo información confidencial y peligrosos secretos de Estado.
El ciudadano tiene derecho a saber si en nuestra democracia se está consintiendo que las agendas de los gobernantes y sus dosieres sobre múltiples asuntos, todos ellos de interés nacional, están yendo alegremente de acá para allá, desde la Moncloa hasta las empresas privadas, sin ningún tipo de filtro o control. Pero eso, que se ponga en riesgo la seguridad del Estado, a la plenipotenciaria exvicepresidenta parece no importarle demasiado y ella ha preferido tomar su particular puerta giratoria contra las voces de expertos juristas que han criticado su decisión recordando que podría ir contra la Ley de Incompatibilidades del Estado. Ahora que estalla el asunto de la “policía patriótica”, con más razón debemos cuestionarnos si la contratación de Soraya por Cuatrecasas fue lo más adecuado en interés de España.
Lo cierto es que no ha sido un buen mes para la exministra, cuya declaración en el juicio contra el ‘procés’ en el Tribunal Supremo −donde descargó sobre sus mandos policiales toda la responsabilidad de las cargas del 1-O−, resultó patética. Aunque quizá lo peor para ella esté aún por venir. De confirmarse la versión de Villarejo, el magistrado García Castellón podría no tardar demasiado en enviar una notificación al flamante despacho Cuatrecasas para que su asociada se pase por el juzgado un día de estos y dé unas cuantas explicaciones ante un episodio tan grave para una democracia como es la creación de una policía paralela y autónoma que podía llevar a cabo misiones secretas al margen de la ley y de la autoridad judicial. El Estado de Derecho no debería permitir que operaciones clandestinas de este tipo queden impunes, por lo que urge una investigación a fondo. Restarle importancia a algo así, reducirlo a la categoría de simple anécdota y episodio folclórico sería empezar a cavar la tumba de nuestra ya maltrecha democracia. El asunto de la “policía patriótica” es de la máxima envergadura y solo puede compararse a aquellas otras operaciones que fueron diseñadas por los GAL durante los años más negros de la guerra sucia contra ETA.
De momento, el Gobierno ya ha asegurado que está a disposición del Poder Judicial, como no podía ser de otra manera, y que ayudará en “todo lo que pida” García Castellón respecto a la investigación sobre la supuesta operación para desacreditar a Iglesias. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha confirmado que la ayuda que solicite la Justicia se prestará a través de los servicios del Ministerio del Interior, que es el organismo competente. No obstante, ha destacado que el Gobierno estará a su disposición si así lo solicita. Sin duda, un nuevo acierto de Pedro Sánchez, que no deja de sacarse conejos de la chistera durante esta convulsa campaña electoral.
