Los sindicatos de Prisiones no dan tregua al Gobierno y vuelven a las movilizaciones en cárceles de todo el país, que se han iniciado con una concentración, este viernes en el CP Sevilla II, en Morón, desde las 7:30 de la mañana.
Los representantes de los funcionarios de Prisiones reclaman a Pedro Sánchez que cumpla «los compromisos que adquirió» con este colectivo cuando estaba en la oposición. «Le recordamos que fue el propio Partido Socialista el que presentó una proposición de ley en el Congreso, en la cual se recogían muchas de nuestras reivindicaciones», afirman los sindicatos UGT, ACAIP, CCOO y ESP, en un comunicado conjunto.
La falta de personal provoca inseguridad en las prisiones
Los sindicatos anuncian una serie de concentraciones en centros penitenciarios de todo el país a lo largo del mese de septiembre para exigir al Gobierno «más recursos, que nos permitan ejercer nuestro trabajo con dignidad». Los funcionarios de Prisiones llevan meses denunciando que con la falta de 3.400 trabajadores no están pudiendo garantizar la seguridad en las cárceles y se pone en juego la integridad física «de las personas privadas de libertad, así como las del propio personal penitenciario».
«Hemos estado asumiendo cada vez más funciones como consecuencia de las diferentes reformas legislativas del Código Penal sin que se nos haya dotado de más personal para poder realizarlas», recalcan los sindicatos, que añaden a lo anterior el problema de envejecimiento de las plantillas».
Diferentes salarios para iguales funciones
Los funcionarios de Prisiones piden, además, otras demandas labores, como «actualizar las funciones de nuestro colectivo con la finalidad de recuperar la carrera administrativa y la promoción interna del personal penitenciario».
Los sindicatos explican, además, que «dentro del propio Ministerio del Interior, los puestos que realizan funciones de atención al público han sido reclasificados, una actuación que no se ha realizado en Instituciones Penitenciarias a pesar de la elevada penosidad que tiene trabajar con personas que padecen problemas de salud mental, de drogacción, graves carencias sociales, educativas o culturales, lo que sin duda, nos ha convertido en el colectivo con la más alta siniestralidad laboral de la Administración General del Estado, con el 90% de agresiones físicas al personal penitenciario». Piden que se adscriba el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el grupo B de la Administración del Estado» porque consideran que «la especialización de las funciones y responsabilidades que asumimos exceden de las tareas administrativas del grupo C1».
Otra de las reiteradas demandas de estos funcionarios es que se elimine el actual sistema de categorías de centros penitenciarios, que provoca «diferencias salariales de hasta 700 euros entre puestos de trabajo que realizan las mismas funciones».
Los sindicatos denuncian que el Estado reduce costes en la ejecución de condenas a costa de los salarios de los trabhajadores de Prisiones y su precariedad laboral y que no se puede calcular las retribuciones en función del número de celdas que tenga cada prisión.
FUENTE: ELPLURAL
