Los fiscales que investigan los negocios ilegales del comisario jubilado José Manuel Villarejo han alertado del riesgo para “las instituciones” y para la propia “seguridad del Estado” que, según ellos, puede encerrar la documentación intervenida al “clan policial mafioso” encabezado por aquel en la Operación Tándem. Anticorrupción hace esta advertencia en un escrito en el que recurre la decisión del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea de levantar el secreto en la causa sobre Villarejo, en prisión desde el pasado 5 de noviembre.
En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano avisan de que poner en manos de las defensas y de las acusaciones populares la documentación incautada al comisario, parte de la cual se halla aún encriptada, “derivará sin duda en la frustración de toda la investigación pendiente”. Según los fiscales, Villarejo y el resto de investigados podrían abrirla fácilmente y destruirla.
Además, los acusadores subrayan que el levantamiento del secreto sin expurgar previamente la documentación podría implicar “la posibilidad de vulnerar el derecho a la intimidad de las personas perjudicadas” por las investigaciones ilegales que supuestamente llevaba a cabo Villarejo. El comisario facturó al menos 5,5 millones de euros desde 2005 realizando informes y dossieres por encargo de terceros y utilizando para ello medios policiales que le proporcionaban sus secuaces o a los que tenía acceso directamente.
El juez De Egea, en funciones de apoyo en el Juzgado Central de Instrucción número 6, y los fiscales Stampa y Serrano mantienen desde hace semanas un duelo sordo en la investigación del caso Villarejo. El magistrado ha desestimado en numerosas ocasiones peticiones de Anticorrupción, como la de mantener en prisión incondicional al socio de Villarejo, Rafael Redondo —que podrá salir de la cárcel si deposita un millón de euros de fianza—. También escoció en la fiscalía la puesta en libertad del comisario Enrique García Castaño, el Gordo, que supuestamente proporcionaba a Villarejo información reservada de bases de datos policiales para sus negocios privados en el llamado Grupo Cenyt.
Para los fiscales, la actividad de Villarejo y sus “consortes criminales” es un “fiel reflejo de la corrupción” que supuestamente “infectó” durante años a un grupo de mandos de la Policía Nacional. Esta “mafia policial” se protegió a sí misma “por un alto poder de extorsión derivado del acceso a investigaciones e informaciones sensibles para la seguridad del Estado”.
Según Anticorrupción, el grupo de policías corruptos no dudaba en utilizar esta información comprometedora “tanto para comerciar con terceros como para garantizar la impunidad de sus acciones antijurídicas”, según el escrito de los fiscales. El clan de Villarejo trataba de influir en la política nacional de seguridad, y se apoyaba en funcionarios y cargos políticos, en medios de comunicación y en personas al servicio de la Administración de Justicia, según la investigación.
En su declaración ante el juez el pasado 12 de enero, el propio Villarejo ya manifestó que la totalidad del material informático que le ha sido intervenido contiene “información sensible”, que afectaría a “la seguridad del Estado, a altas instituciones del Estado o a la intimidad de terceros”. Según los fiscales, estas manifestaciones en la Audiencia y el resto de la “conducta procesal” de Villarejo son la expresión de una “amenaza permanente” de usar su información privilegiada para “lograr su impunidad”. En su última declaración ante el juez, el pasado 2 de agosto, Villarejo dijo que no volvería a declarar en la investigación y solicitó que no se le volviera a trasladar a la Audiencia Nacional para ello.
Seis piezas, dos secretas
El juez De Egea levantó el pasado 10 de agosto el secreto que pesaba sobre tres de las seis piezas separadas que componen el sumario de la Operación Tándem. El magistrado ha puesto a disposición de las partes la pieza principal, denominada King, y que tiene que ver con supuestos seguimientos a Gabriel Obiang, uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang. También ha desclasificado la rama Land, sobre la contratación de Villarejo por parte de la Susana García-Cereceda, hija del promotor de la lujosa urbanización madrileña La Finca, en plena lucha por la herencia de este. El juez ha alzado el secreto de la pieza Pintor, que afecta al empresario Juan Muñoz Tamara, esposo de la periodista Ana Rosa Quintana.
La pieza Iron, sobre el despacho de abogados Herrero y Asociados, cuyos directores supuestamente contrataron a Villarejo para seguir a antiguos socios, también ha sido desclasificada. En esta causa, el juez De Egea decretó el pasado 30 de julio el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre los cuatro socios mayoritarios que habían sido imputados en mayo.
Las dos piezas que se mantienen secretas son la llamada Carol, sobre los seguimientos a Corinna Zu-Sayn Wittgenstein, antigua amiga del rey emérito Juan Carlos I; la pieza Pit, sobre el comisario García Castaño.
En su escrito, los fiscales argumentan que la red de contactos permitía a Villarejo acceder a datos reservados de policía, CNI, Agencia Tributaria, servicios antiblanqueo, compañías de telefonía y entidades financieras, que luego utilizaba en los informes que confeccionaba para terceros. El “consorcio criminal” de Villarejo y García Castaño se inicia en 2005 y su peligrosidad fue incrementándose, según los fiscales, a medida que ambos comisarios accedían “a puestos de especial relevancia para la seguridad pública y del Estado”.
