Una vez conocida la voluntad popular, la discusión se traslada ahora a las altas esferas. La Comisión Europea debatirá hoy y mañana el asunto. Y para que haya acuerdo final es necesario un consenso también con el Parlamento y los Estados miembros, los que tienen la última palabra. El Ejecutivo comunitario dejó claro desde el comienzo que se trataba de un sondeo y no de un referéndum, por lo que la abrumadora victoria de los ciudadanos favorables a acabar con el cambio horario no tendrá como consecuencia su abolición automática. La Eurocámara ha sido la gran promotora de las conversaciones: en febrero instó a la Comisión a que evaluara la posibilidad de eliminar el cambio horario. Una solución que reclaman países como Finlandia y Lituania.
El debate sobre los beneficios y perjuicios de esta práctica lleva años instalado en la sociedad europea. Las leyes comunitarias obligan a los Veintiocho a adelantar una hora los relojes el último domingo de marzo y retrasarla el último domingo de octubre para tener en cuenta la evolución de la luz diurna y aprovechar su disponibilidad. Entre los argumentos para hacerlo se esgrime el ahorro de energía, una mayor seguridad vial, contar con más tiempo para el ocio antes de que se haga de noche o simplemente la equiparación con los países vecinos y principales socios comerciales.
Bruselas cree que algunos de esos razonamientos se basan en conclusiones poco contrastadas o con un efecto mínimo sobre la economía. Los estudios consultados por la Comisión Europea indican que el ahorro de energía derivada del cambio de hora de verano es marginal, entre el 0,5 y el 2,5%. Tampoco está claro que disminuya el riesgo de accidentes de tráfico. Y advierten de que su impacto en los biorritmos humanos —en forma de cansancio o falta de concentración— podría ser más importante de lo que se suponía en un primer momento.
Entre tantos datos contradictorios, la única certeza es que permitir cambios horarios descoordinados entre los Estados miembros iría en detrimento del mercado interior. Si se pone fin a la obligatoriedad del cambio horario, cada país sería libre de elegir su zona horaria, pero Bruselas espera que sea cual sea la decisión final, los socios europeos no vayan por la vía unilateral y exista un marco común.
La controversia inmediatamente posterior sería en torno a la elección del huso horario. En caso de que dejara de aplicarse el cambio de verano —la opción más probable si se suprimen los cambios horarios— y se mantuviera todo el año el de invierno, la hora seguiría intacta tras la modificación de octubre. Es decir, no habría que adelantar una hora los relojes en marzo; los días no serían tan largos en los meses estivales, ni amanecería tan tarde. Ello implicaría menos horas de luz veraniega durante las tardes y, por tanto, menos tiempo de ocio diurno. En el caso de España, el sol se pondría pasadas las ocho y media de la tarde en julio.
El horario de verano se generalizó tras la crisis del petróleo de 1973 como un método de ahorrar energía ganando horas de luz solar. Italia y Malta fueron los primeros países en Europa en adoptar el cambio y otros países se fueron sumando dentro y fuera de la UE —España lo hizo en 1977—. Bruselas intervino para armonizar los cambios en 1996, preocupada por la disparidad de criterios dentro de un mismo mercado interior. Y en el año 2001, una directiva impuso como obligatorio el salto adelante y atrás del reloj.
En la Unión Europea existen actualmente tres husos horarios sin tener en cuenta las regiones ultraperiféricas. El de Europa Occidental, con Irlanda, Portugal y Reino Unido con una hora menos que en España. El de Europa Central en el que coinciden 17 países: Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia. Y por último el de Europa Oriental, donde el reloj marca una hora más que en España. En este horario están ocho países: Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Rumanía.
