Ayer se celebró en el Congreso una ceremonia verdaderamente histórica: el cuarenta aniversario de nuestra mejor Constitución, la única democrática que ha estado vigente en España el tiempo suficiente para impulsar una modernización política, económica, social y cultural sin precedentes.
Al acto no asistieron los representantes de En Comú Podem, ERC, Compromís, PNV, PDCat y EH-Bildu. Podemos sí lo hizo, pero ni Pablo Iglesias saludó al rey Felipe VI ni los diputados de su grupo lo acogieron, como el resto de quienes estaban en la cámara, con el aplauso con el que se recibe en todos los países democráticos del mundo al jefe del Estado.
Es evidente que la ausencia de los unos y el desplante de los otros constituyen una manifestación de su derecho a criticar a la misma democracia que les otorga, para hacerlo, plena libertad. Tan evidente como que los motivos con los que todos justifican su actitud carecen en realidad de fundamento. España no es, según ellos, una verdadera democracia por dos razones esenciales: porque nuestra jefatura del Estado es hereditaria y porque nuestra ley fundamental no incluye el derecho de autodeterminación.
Aceptar tal majadería supondría no solo borrar del mapa de la libertad a todas las democracias asentadas del planeta, pues en ninguna se reconoce el derecho a destruir la unidad territorial del propio Estado, sino algo más, que quienes han leído poco desconocen: las democracias más antiguas, sólidas y estables de nuestro continente son todas monarquías, desde el Reino Unido hasta Suecia, pasando por Noruega, Holanda y Dinamarca.
La democracia española tiene hoy, sí, una anomalía, tan peculiar como estrafalaria, aunque no es la que subrayan quienes la critican acerbamente desde la extrema izquierda o los nacionalismos. Muy por el contrario, tal anomalía, que nos convierte en una extravagancia en el contexto de las más añejas democracias, nace del hecho de que partidos políticos que tienen ciento de miles o millones de votantes pretendan hacer saltar por los aires -incluso violando la ley flagrantemente- uno de los estados más descentralizados del mundo federal, que rechacen una monarquía que ha aportado estabilidad al país sin intervenir para nada en el desarrollo de la política nacional, que renieguen de la bandera de todos y utilicen la de una República que dividió a España en dos mitades irreconciliables, que sigan empeñados en mantener viva la memoria de una terrible Guerra Civil finalizada hace 80 años y que denigren, por sus recortes, el único Estado social avanzado del que los españoles hemos disfrutado.
Nuestra anomalía se deriva de la incapacidad de algunos para reconocer y aceptar la realidad. Nuestra anomalía es que haya tantos partidos y tantos electores convencidos de que la política del cuanto peor mejor es una forma de avanzar y no de marchar hacía el desastre político, económico y social.
