De oficio, el 6 de mayo de 2019 la Fiscalía Anticorrupción presenta querella, dentro de la pieza PIT del caso Tándem, en la que va al motivo por el cual los empresarios Ángel y Álvaro Pérez Maura son contactados por lobbystas profesionales como Enrique Maestre que les pone en manos de Adrián de la Joya y el comisario aún en activo en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), José Manuel Villarejo.
El hallazgo en el registro a Villarejo de un archivo etiquetado como “images” conteniendo 167 correos electrónicos, han dado fundamento a una querella por cohecho internacional consistente en un supuesto acuerdo para el pago de sobornos de 30 millones de dólares, a entre otros, los entonces presidente y vicepresidenta de Guatemala, hoy en prisión, para lograr, sin licitación pública, el derecho a construir y operar una terminal de contenedores en Puerto Quetzal.
Los correos “revelan la existencia de los ilícitos pagos planificados, y en parte ejecutados, por los directivos de A. PÉREZ Y CIA y GRUP MARITIM TCB SE y de los que trae causa la orden de detención para extradición emitida por la Autoridades Guatemaltecas en relación al ahora querellado Ángel PÉREZ-MAURA, entre otros”, según el escrito de los fiscales.
A los correos encontrados en el registro se unen los mails que se cruzan Ángel Pérez Maura y sus directivos con su gerente local, detenido en Guatemala en abril de 2016, Juan José Messeguer. Dichos correos fueron la base de un informe de 150 páginas del Ministerio Público de Guatemala (MP) de 29 septiembre de 2016, hoy incorporado al sumario Tandem pero que, sorprendentemente, nunca llegó a los juzgados españoles, lo que evitó la apertura del caso en España. Actualmente, también se investiga si la red de Villarejo logró bloquear la llegada de documentación a la Audiencia Nacional.
“Esperan los 30 ya y cambiar tanto es difícil»
En el informe del Ministerio Público guatemalteco figuraban decenas de correos explícitos, de los años 2012 y 2013 en los que se cerraban la terminal y los cohechos, que relataban las negociaciones entre Ángel Pérez Maura y sus directivos con el “Uno”, el presidente Otto Pérez Molina, y la “Dos”, la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, su secretario Juan Carlos Monzón (reseñado en los correos como JCM) y otros colaboradores.
Como puede observarse en los correos aportados por Guatemala, el 23 de octubre de 2012 Angel Perez Maura escribió: “A las 4.15 recién entrado en el gym llama Gregorio, que tiene novedades y que vaya de inmediato. Me ducho y llego a las 15.00. Me da de comer y me dice que voy a tener reunión pronto con la 2 [Baldetti] Junto a Gustavo y que hay instrucciones de mantener a Guillermo el margen. […] Hablamos de estrategia con la 2, pues es muy dura y cuesta creer que hable con Ángel de números. Por fin a las 18:30 nos convocan en una casa privada donde no está ni 1 ni 2 y si Juan Carlos Monzón, secretario personal de 2. Yo voy con Gustavo. Cuando le explicamos calendario de pago y compromisos dice no saber nada de aplazamientos ni de terceros (argentinos), yo me mantengo firme en el calendario”
El 24 de octubre de 2012, Ángel Pérez Maura recibe avances de su gerente Juan José Messeguer: “Nos reunimos de nuevo con JCM en el hotel esta vez yo voy con Gregorio para que defienda lo suyo y de sus chicos. JCM insiste que ellos no sabían nada de calendario ni compromisos con nadie. Insisto que no es nuestro problema y que hemos dejado calendario claro desde el primer momento además de temas de seguridad para todos. Me pide tras mucho hablar que sea 15 ya y 15 en 12 meses a lo que me niego en rotundo. Gregorio explica papel fundamental de argentinos y tener cuidado de no romper con gente local que ha colaborado. JCM dice que el problema es que esperan los 30 y ya cambiar tanto es difícil. Reunión tensa y yo digo que lo único posible es adelantar algo el pago de 2016 (es fuera de la legislatura actual)”.
Todo iba sobre ruedas y, cuatro años más tarde, el 8 marzo de 2016, los Pérez Maura venden toda su división de terminales a la compañía líder mundial Maerks por 715 millones de euros más una deuda asumida de 196 millones. En España, Maerks tiene sede en el Parque Empresarial La Finca, donde son accionistas Susana García Cereceda y Francisco Peñalver y, jefe de seguridad, el policía en segunda actividad, David Fernández Aumente, todos ellos investigados en la pieza Land del caso Tándem.
Solo cinco semanas después, el 15 de abril de 2016, el CICIG, organismo que combate la corrupción en Guatemala, hace pública, mediante una nota en su web, la investigación sobre la terminal adjudicada en 2012. Ese día, la justicia guatemalteca detiene a nueve personas incluidas el gerente Juan Jose Messeguer y el intermediario en los pagos Jonathan Harry Chevez, alias El Mago, y emite orden de detención internacional que, en España, entra en vigor el día 22, contra otras seis, una de ellas Ángel Pérez Maura. Es presuntamente entonces cuando el “equipo de socorristas” acude al rescate: Enrique Maestre Cavanna del controvertido despacho de Joaquín Arespacochaga, Adrián de La Joya y Jose Manuel Villarejo.
Los frentes abiertos a los Pérez Maura
Tras las órdenes de detención, Ángel Pérez Maura tenía, a priori, dos problemas: uno penal en Guatemala que podía derivarse a Estados Unidos dado que parte del soborno se ingresó en cuentas bancarias americanas, y otro económico, cuantificado en lo que podía reclamar MAERKS si le quitaban la terminal.
Al inicio, su preocupación era el económico, ya que, de un lado, España no extradita españoles, si el país de destino no hace lo propio con sus ciudadanos y, de otro, pensaba que ni en Guatemala ni en España la justicia tenía pruebas directas sobre su vinculación directa con los pagos. Hasta que el 3 de mayo 2016 el problema da un giro, cuando los “socorristas” ponen sobre la mesa la cuestión de unos correos corporativos incriminatorios de los que han tenido conocimiento. Unos mails válidos, para abrir un proceso penal en la Audiencia Nacional.
Al enterarse de la existencia de los correos, Villarejo y sus compañeros de negocio acuerdan pedir más dinero a los Pérez Maura (al 29 de abril, ya les habían pagado tres millones más IVA).
