“O respeto o apretar. O los Mossos o la CUP”. Esta disyuntiva, planteada el miércoles por la portavoz socialista, Eva Granados, en el Parlamento catalán resume la petición de las fuerzas constitucionalistas (PSC, Cs y PP) al aspirante de ERC a presidir la Generalitat, Pere Aragonès. El republicano compareció ante la Diputación Permanente como jefe del Govern en funciones para explicar la actuación en la crisis de orden público de los últimos días, tras la deriva violenta de las manifestaciones a favor del rapero Pablo Hasél. Aragonès conminó a los independentistas a cerrar ya un Ejecutivo y así poder afrontar el malestar social.
Los constitucionalistas coinciden en ver a una ERC claudicante ante los postulados de los anticapitalistas para lograr el pacto independentista en la Generalitat y creen que en el tema de seguridad hacen concesiones que erosionan a los Mossos. Los reproches volaron de un lado para otro durante toda la sesión. Quedan nueve días para que la XIII legislatura eche a andar y el acuerdo aún está lejano, según confirman fuentes de los secesionistas.
Aragonès intentó guardar el equilibrio entre rechazar “todo tipo de violencia” tras los actos vandálicos en Barcelona y defender el derecho a manifestarse. “El jefe del Estado tiene que poder ser criticado igual o más que cualquier miembro de esta Cámara”, defendió el líder de ERC para criticar el actual marco legal del delito contra injurias a la Corona (aunque Hasél no está en la cárcel por eso, sino por enaltecimiento del terrorismo). También insistió en defender la profesionalidad de la policía catalana, pero abogando por purgar malas praxis y revisar el modelo de seguridad pública.
El líder del PP, Alejandro Fernández, criticó precisamente que Aragonès siempre ponga ese “pero” después de apoyar a los agentes. El popular calificó de “inmoral” mantener “la negociación con quien no condena la violencia”. Junto con Granados, señaló que por primera vez todos los sindicatos policiales se unen para pedir por carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, una declaración de la Cámara en su apoyo.
152 locales destrozados
”No todo vale para rascar los votos de la CUP”, criticó el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, a quien Aragonès acusó de imitar a Vox. Carrizosa dijo que el independentismo utiliza la “estrategia perversa” de delegar en el “populismo independentista de izquierdas y antisistema” para dar el “golpe contra las instituciones” que no se consiguió en 2017.
Para que ERC y Junts sigan gobernando es fundamental el apoyo de la CUP. Los republicanos, que lideran las negociaciones, intentan atraer a los anticapitalistas —también les interesa para controlar la tendencia liberal de Junts—, pero a la vez tienen la responsabilidad de estar al frente del Govern de manera interina en este momento de disturbios en la calle. El consejero de Interior, Miquel Sàmper, de Junts, informó el miércoles de que en dos semanas 152 locales han sido asaltados, ha habido 27 heridos entre los manifestantes, más de 136 detenidos, 73 agentes lesionados y 375 contenedores quemados. Sàmper pidió aplazar el debate sobre el modelo de orden público.
El diputado de la CUP Vidal Aragonés criticó al líder de ERC por defender a los Mossos y dijo que la respuesta al malestar social no puede ser policial. “Abandone el marco político de la derecha, hablando de seguridad y daños materiales, e incorpórese al nuestro, de alternativas a las clases populares”, le pidió. El aspirante a president, de hecho, intentó presionar a sus posibles socios para cerrar ya un Ejecutivo y así dar soluciones. Jéssica Albiach, de En Comú Podem, pidió al PSC un gesto de generosidad con Cataluña y que permita un Govern entre ERC y los comunes.
Desafío al Constitucional
Junts, ERC y la CUP presentaron el miércoles una propuesta de resolución conjunta en la que, contradiciendo las órdenes del Tribunal Constitucional, defienden la potestad de la Cámara catalana para debatir y posicionarse sobre el derecho a la autodeterminación y la Monarquía “si es la voluntad de los diputados”. El texto, que tendrá que ser presentado de nuevo una vez se inicie la próxima legislatura, es la respuesta de estas formaciones a la querella de la Fiscalía contra los miembros independentistas de la Mesa (Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadròs y Adriana Delgado) por un presunto delito de desobediencia al permitir votaciones sobre esos dos asuntos, y pese a la advertencia del Constitucional. En Comú Podem no firmó el texto, pero mostró su apoyo a los querellados.
