El líder del PP era entonces asesor de Prada, quien firmaba con Esperanza Aguirre los contratos millonarios del secarral
«No era nadie, más que un diputado autonómico sin capacidad de hacer nada en la Administración». Así se defendía el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el día que la causa sobre su máster era enviada al Tribunal Supremo. Lo cierto es que Casado sí era alguien, más que la mayoría de diputados madrileños, y esa condición está directamente ligada con el Campus de la Justicia que ahora vuelve como el fantasma de las vacaciones pasadas.
Hasta ahora, la sospecha sobre el Campus de la Justicia siempre había sobrevolado por los cientos de millones de euros dilapidados por la Comunidad de Madrid y, sobre todo, por las pesquisas paralelas de casos como Gürtel y Púnica. Sin embargo, ahora el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación centrada solo en el proyecto megalómano que quedó en un secarral.
En todo el proyecto, hay dos figuras destacadas. La una, la entonces presidenta Esperanza Aguirre, que convirtió el proyecto en una apuesta personal en la que enterró paladas de euros en propaganda. En sus inicios, Aguirre fue la madrina política de Pablo Casado y bajo su brazo llegó a la presidencia de las Nuevas Generaciones de Madrid y a la Asamblea Regional.
La otra figura ligada al Campus de la Justicia es el entonces vicepresidente de la Comunidad y consejero de Justicia, Alfredo Prada, de quien Casado era entonces asesor. Aguirre solía acaparar los focos en las innumerables presentaciones de maquetas y vídeos, pero a Prada le quedaba algún que otro acto y, sobre todo, la firma de los contratos, como el que hoy ofrece ElPlural.com.
Este contrato, firmado por Alfredo Prada y por Esperanza Aguirre, le adjudicaba al estudio de Norman Foster la construcción de los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial en el Campus de la Justicia. Apelando al “artículo 210 b de la Ley de Administraciones Públicas” se otorgaba directamente a Foster dichos proyectos con la excusa de “la singularidad artística y arquitectónica del proyecto y el prestigio a nivel mundial de Lord Norman Foster”.
Finalmente, como ya se sabe, ninguno de los dos edificios llegó a construirse. Lo más cerca que se estuvo fueron las maquetas del proyecto, que se presentaban y exponían una y otra vez, con cargo al contribuyente. Además, se pagó al estudio de Foster un total de 10 millones de euros -aunque pedían 13- sin que sus edificios llegasen a asentarse en el secarral de Valdebebas donde iba a ir el Campus de la Justicia.
Cuando se firmó el contrato, el 17 de abril de 2006, Pablo Casado era el asesor del mismísimo vicepresidente del Gobierno regional. Un trabajo que, según su propio perfil laboral, ejerció desde febrero de 2004 hasta mayo de 2007. De hecho, era la época en que Casado aprobó el 70% de la carrera de Derecho en la Cardenal Cisneros. Y eligió este centro porque se adaptaba a sus “condiciones laborales”, según fuentes de su entorno citadas por eldiario.es.
Aunque Casado defendiese en su día que no era nadie, sí era asesor de Prada. Y, al igual que Aguirre se esforzó en apoyarle en las primarias del PP, el ahora presidente del PP ha mantenido un vínculo con el exvicepresidente madrileño que le ha llevado a rescatarle para su Ejecutiva Nacional. Prada había dejado la política en 2015, cuando se quedó fuera de las listas electorales, pero Casado no solo le ha devuelto a Génova, sino que le ha nombrado presidente de la Oficina del Cargo Popular, el organismo interno que evalúa si los candidatos y cargos públicos del PP son idóneos.
Si el Campus de la Justicia es el caso que finalmente acaba afectando a Esperanza Aguirre, tras años esquivando las balas judiciales, la noticia entonces será hasta qué punto implica a Prada, el hombre con quien Casado ha vuelto a unir su destino 14 años después.
