La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, está personada en el caso Lezo y, por tonto, goza de información en tiempo real sobre la instrucción. Además, hay dos empresas públicas, también controladas por la administración popular, que gozan de información privilegiada sobre los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PP madrileño. Es el caso del Canal de Isabel II (personado en Lezo) y Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio), en la Púnica.
Uno de los ejemplos de cómo está manejando la defensa de los intereses de su partido utilizando el privilegio que le da esa personación es su negativa a facilitar documentos sobre la compra de Inassa a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Podemos hizo la solicitud y la presidenta contestó con un rotundo no alegando que las actas solicitadas forman parte de las diligencias del caso Lezo y que hasta que no se decrete la apertura del juicio oral gozan de “carácter reservado”.
Sin embargo, su apelación a la ley de Enjuiciamiento Criminal es falaz y ella lo sabe. Al menos desde el pasado 18 de agosto cuando un auto del juez Fernando Andreu responde a una consulta de la propia Comunidad de Madrid en relación a si debe entregar o no los documentos sobre la compra de Inassa y Emissao a la comisión anticorrupción de la Asamblea.
Respuesta contundente del juez
El magistrado hace suyo el pronunciamiento del fiscal y deja en evidencia los argumentos esgrimidos por Cifuentes. Aclara que su petición no tiene base legal y que no le corresponde pronunciarse porque los documentos solicitados “no están incluidos en el sumario”. “Su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”, concluye.
La presidenta madrileña optó por ignorar la postura del juez y ha seguido manteniendo los documentos sólo a la vista de los que la interesaban. Se los facilitó al propio Alberto Ruiz-Gallardón para preparar su comparecencia ante la comisión, pero no a Podemos y el resto de grupos parlamentarios.
Podemos lleva ante la Justicia a Cifuentes
El partido de Pablo Iglesias, harto del boicot de Cifuentes, puso el pasado mes de octubre un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid por su negativa a facilitar los documentos.
No sólo ha ignorado la orden del juez, sino que ha faltado a la verdad. Cuando Íñigo Errejón le recriminó el pasado 23 de octubre su actitud, no dudó en responder, a través de la cuenta oficial del PP de Madrid, que ella denunció la trama Lezo y “somos los primeros interesados en conocer la verdad”. Para demostrarlo se escuda en que han respondido a “más de 600 peticiones de información de la Asamblea sobre el Canal”. Todo ello dos meses después de haber recibido la respuesta del juez.
FUENTE: ELPLURAL
