El marasmo de impuestos y modificaciones fiscales en las comunidades autónomas es un claro reflejo del alto nivel de descentralización de España. Pero también se convierte en un problema para ciudadanos y empresas, que tributan de forma muy diferente en función del territorio en el que se residan.
Más si, como pone de manifiesto un informe reciente del Consejo General de Economistas, las autonomías cuentan con 82 impuestos propios -siempre al margen de los ya conocidos IRPF, IVA, Sociedades y Especiales- y acometen cientos de cambios normativos que dificultan el entendimiento y el control del sistema fiscal en conjunto. El año pasado llevaron a cambio nada menos que 732 modificaciones, 200 más que en 2016.
El citado informe, ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018’, pone de relieve que ese ‘lío’ con los impuestos apenas trae beneficios en forma de recaudación. El 82% de los ingresos autonómicos sigue llegando de manos de su participación en los grandes impuestos estatales, mientras que los propios apenas dejan una cosecha del 2,2% de la recaudación total. Y ello pese a la recuperación económica, que dejó 122 millones más en las arcas regionales en tasa anual. El resto del dinero se obtiene a través de impuestos cedidos como el de Patrimonio, que proporciona casi 1.000 millones anuales; Sucesiones y Donaciones, con más de 2.200 millones; o Transmisiones Patrimoniales, con casi 5.000 millones.
«Se ha exagerado la capacidad normativa», aseveran desde el Consejo General de Economistas, que advierten de «cierto caos normativo» en tributos como el de Sucesiones y Donaciones «donde, a veces, ni siquiera se aclara si las reducciones aprobadas son propias o mejoran la norma estatal». Tampoco escapa el IRPF, el tributo que más cambios sufrió en 2017, con un total de 220. Y ello pese a que se trata de uin impuesto de carácter estatal en el que las competencias regionales son muy limitadas.
Cabe recordar que las comunidades autónomas tienen la facultad de establecer impuestos propios porque así lo fija la Constitución. Y pueden hacerlo siempre y cuando no establezcan figuras ya gravadas por las corporaciones locales o por el Estado, cuando no afecten a negocios, actos y hechos de otras autonomías, y cuando no supongan un obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías o servicios.
Cataluña, la mayor ‘jungla’
Según el ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral’, Cataluña es, desde hace tiempo, la comunidad que mayor número de impuestos propios concentra, con un total de 18. Por méritos propios, además, es la que mayores novedades incluyó a lo largo de 2017, con la creación de tributos como el que grava las bebidas azucaradas, que levantó una gran polvareda. Hacienda había amagado con implantarlo en todo el país. Sonados han sido también sus impuestos sobre viviendas vacías y sobre establecimientos comerciales, ahora judicializado.
Cabe decir que esta región ha tratado de utilizar su capacidad normativa hasta el límite por una situación de infrafinanciación que incluso reconoce Hacienda, pero ello ha llevado a que tres de sus 18 propios impuestos hayan sido declarados inconstitucionales. Este hecho lleva a los autores del estudio a pedir a los políticos «a considerar, con análisis claros, el coste y beneficio de implantar determinadas figuras». Debería ser obligatorio, antes de crear un impuesto, realizar un análisis coste-beneficio por parte de las autonomías, principalmente en el caso de los impuestos medioambientales pues, en muchos de estos casos, los costes derivados de su establecimiento superan a la recaudación obtenida.
En la clasificación ostenta la segunda plaza Andalucía, con ocho impuestos como el de tierras infrautilizadas, residuos peligros y emisión de gases a la atmósfera, entre otros; y Aragón, con un total de siete, casi todos ellos medioambientales. La región que preside Javier Lambán grava, por ejemplo, el daño medioambiental de algunas emisiones y la contaminación de las aguas. Curiosamente, los tributos relacionados con el agua suponen casi el 79 por ciento de la recaudación por tributos propios autonómicos, según el estudio del Consejo de Economistas, entidad para la que sería clave armonizar esos impuestos contemplando hechos, bases imponibles y cuotas tributarias.
«Un ejemplo podrían ser los impuestos locales, regulados en una Ley estatal que otorga cierta potestad normativa a los municipios para la regulación de los tributos, fijando unos límites mínimos y máximos, así como otros aspectos relacionados con los beneficios fiscales», aseveran los autores en el informe, que aprovechan para calentar el debate de la financiación autonómica a solo unos días de que el Ejecutivo, por fin, muestre el documento que sobre esta materia ha elaborado el Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
FUENTE: ELECONOMISTA