La clase política de la Región de Murcia tiene una asignatura pendiente: dar una respuesta conjunta a la grave crisis económica que ha acarreado la pandemia.

 

MurciaPlaza

 

 

Hasta la fecha, el Gobierno regional ha logrado acuerdos importantes con la patronal y sindicatos, con quienes selló un pacto de Reactivación de 182 millones, así como con las cooperativas y las empresas de la economía social. Pero no ha prosperado ningún pacto entre el Ejecutivo y oposición. Las relaciones han sido marcadas por los reproches y las críticas, con una salvedad: la ley para blindar el Mar Menor, cuyas enmiendas fueron acordadas en casi su totalidad por PP, Ciudadanos y PSOE. 

La pasada semana, Fernando López Miras anunciaba una ronda de contactos con todos los portavoces parlamentarios. La segunda ola de la covid-19 se desbocaba, golpeando con mucha dureza a la Región de Murcia. El máximo mandatario regional apelaba a la unidad política para buscar una salida. «Es el momento de estar todos a una porque o damos una respuesta unida o la sociedad no nos los va a perdonar», exhortaba Miras.

Los contactos tuvieron lugar esta semana. Previsible era la sintonía de López Miras entre su colega de bancada Joaquín Segado (PP) y el portavoz de su socio de Gobierno, Juan José Molina (Cs). También era de esperar una reacción positiva de Vox, que han propiciado apoyos clave al Gobierno -como los Presupuestos- aunque también han dado algún que otro ‘palo’ al Ejecutivo. Y más difícil era encontrar un punto en común con el PSOE y con Podemos.

Vox ha sido especialmente crítico con el Ejecutivo en asuntos como el Mar Menor. Ninguno de sus cuatro diputados -ni los tres repudiados por su partido ni el único que reconocen- votaron a favor de la norma, que calificaron como «el pacto de la vergüenza». En más de una ocasión han llegado a amagar con no dar su plácet para asuntos importantes. Pero, llamados por el presidente para hablar de unidad en pos de vencer a la pandemia, expresaron su buena disposición. 

Así lo indicaba especialmente Juan José Liarte, el portavoz parlamentario: «No hay ideologías de por medio, estamos ante un gravísimo problema que tenemos que gestionar», remarcaba al tiempo que ofrecía su apoyo sin reservas al jefe del Ejecutivo. Por su parte, Pascual Salvador, el parlamentario reconocido por su partido, señalaba que su formación está a disposición del Ejecutivo regional, porque «no es momento de partidismos ni intereses políticos».

Más complicado era el encuentro con Diego Conesa, el jefe de la oposición, con quien Miras ha protagonizado sonoros cruces dialécticos en la tribuna de la Asamblea Regional -y también a través de los medios-. Ambos dirigentes tendieron la mano pero se plantearon condiciones mutuas: «Contrate como mínimo a 1.500 maestros y profesores», le pidió el socialista. «Exija recursos a Pedro Sánchez», respondía Miras. El presidente afirmó que estudiaría la petición de Conesa (que no fue la única) en educación. Por lo pronto, dos días después del encuentro, el Gobierno regional anunciaba la contratación de 700 nuevos profesores en septiembre que se sumarán a los 800 ya incorporados.

Peor fue la cita con Podemos, una formación con la que el Ejecutivo regional no ha conectado en ningún momento de la legislatura. «Lamento que Podemos no comparta esa voluntad de acuerdo», resumía Miras tras su reunión con María Marín, la portavoz parlamentaria del Grupo Mixto. Claro que la lista de reivindicaciones de Podemos es alargada. Marín se mostró muy crítica: le acusó de «robar a la Región unos recursos que necesita para enfrentarse a la mayor emergencia sanitaria de su historia» y pidió la dimisión de la consejera de Educación, Esperanza Moreno, por «tener en contra a familias, docentes y alumnado ante una gestión ineficaz y prepotente».

Todavía está por ver en qué queda esta primera ronda de contactos, pero por el momento Miras se lleva tres buenas sensaciones (PSOE y los dos de Vox), que se suman a la descontadas con PP y Ciudadanos, y una mala (con Podemos). Los buenos propósitos de aparcar las diferencias están ahí, pero esa no es la novedad: en política hay que pasar de las palabras a los hechos. Y no cabe esperar otra respuesta ante la mayor crisis que ha vivido la Región de Murcia en su historia.