Las facturas B del PP de Aguirre: las pruebas de la financiación ilegal a través de Indra

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó en los registros de la operación Lezo documentación clave sobre las triangulaciones de fondos que presuntamente utilizó el Partido Popular de Madrid para inyectar dinero público en sus campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. Los papeles han servido a los investigadores para identificar las cuentas bancarias por las que supuestamente habrían circulado hasta 687.497 euros que terminaron en la caja B de los populares y han permitido poner en marcha una nueva batería de diligencias sobre la presunta financiación ilegal del partido durante la etapa de Esperanza Aguirre.

Los documentos fueron encontrados en abril de 2017 en la sede de la multinacional tecnológica Indra, que está colaborando de forma proactiva con las Autoridades y que presuntamente jugó un papel decisivo en la trama; así como en las oficinas de varias mercantiles del empresario Óscar Sánchez Moyano, también investigado por su relación con la contabilidad opaca de los populares. La UCO ha puesto el foco en varias facturas en las que hay números de cuentas bancarias anotados a mano distintos de los usados habitualmente por esas mercantiles para cobrar a sus clientes. El hallazgo ha llevado al instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, a librar una orden a Banca March, Banco Popular, CaixaBank, Bankinter y Banco Santander para que faciliten los movimientos de un total de ocho depósitos.

Según consta en un nuevo oficio al que ha tenido acceso El Confidencial, los expertos en delitos contra la Administración del Instituto Armado sospechan que las cuentas pudieron ser utilizadas para mover el dinero del entramado mercantil que presuntamente diseñó el PP para que parte del presupuesto asignado al gigantesco ente público ICM (Agencia de informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid) llegara a sus cuentas a través de varias sociedades instrumentales.

La UCO detalla que el dinero fluía hacia el PP efectuando varios saltos y siempre con la ayuda inicial de Indra. En 2012, ICM subcontrató trabajos con la multinacional española por importe de 13,2 millones de euros en diferentes licitaciones. Conversaciones telefónicas, la denuncia de un exdirectivo de ICM e información aportada por la Agencia Tributaria han llevado a los agentes a concluir que esas adjudicaciones estaban infladas para generar una bolsa de dinero opaco. De los 13,2 millones de euros, Indra habría trasvasado en ese mismo ejercicio un total de 566.497 euros a una compañía de formación, Formaselect SL, controlada por Sánchez Moyano. Los pagos sirvieron teóricamente para contratar programas de formación para los empleados de Indra, pero otras fuentes ya han reconocido que esos servicios nunca llegaron a prestarse.

Formaselect SL solo habría actuado como pantalla. El verdadero destino de los fondos de ICM era otra red de empresas a la que Sánchez Moyano desvió posteriormente casi la totalidad del dinero que había recibido de Indra. Según la UCO, el dinero acabó en el conglomerado mercantil del publicista Juan Miguel Madoz, proveedor habitual del PP. Entre 2009 y 2015, la firma de cabecera de Madoz, Swat SL, realizó trabajos declarados para el partido que sumaron 375.919 euros.

El esquema se habría repetido un año después, en 2013. A lo largo de ese ejercicio, ICM adjudicó a Indra contratos por valor de 15 millones de euros. De esa cantidad, la tecnológica dedicó supuestamente 121.000 euros a contratar de nuevo a Formaselect por trabajos ficticios. Y la empresa de Sánchez Moyano habría acabado desviando el 100% de esa cantidad al grupo de publicidad de Madoz, una operativa que «no seguiría la lógica comercial, ya que carece de sentido que las ventas imputadas a Formaselect (…) procedentes de Indra se repartan íntegramente entre las mercantiles orbitales» del proveedor electoral del PP, apunta la UCO en su oficio.

Las facturas localizadas en los registros han permitido reconstruir esos movimientos de dinero y desvelar nuevos números de cuenta. Una de las destacadas por la Guardia Civil es la que emitió Formaselect a Indra para recibir los 121.000 euros de 2013. En el concepto figura «formación in company impartida durante los meses de abril, mayo y junio de 2013 en instalaciones de cliente, según plan formativo aprobado por el mismo». Sin embargo, la cotizada ha admitido que nadie de Formaselect ha estado nunca en sus instalaciones y tampoco ha hallado ninguna prueba de que esas formaciones realmente se produjeran.

Otra de las facturas habría sido emitida en abril de 2014 por The Cell Core SL, una de las compañías de Madoz, a Braveheart Management SL, integrada en el grupo de empresas de Sánchez Moyano por el que pasó el dinero de Indra. Asciende a 4.356 euros y como concepto consta «soporte estrategia para cliente YCP». Las otras tres facturas incluidas en el oficio tenían como destinataria a la mercantil Troyano Marketing y Diseño SL, administrada igualmente por Sánchez Moyano, y fueron emitidas por Swat SL y otras dos empresas del grupo de Madoz, Strat Map SL y Pamaz SL. Suman otros 51.100 euros. En total, 687.497 euros de ICM habrían pasado por esa red societaria para acabar en la caja B de los populares madrileños. La UCO aguarda la información de los bancos para terminar de esclarecer este presunto desvío de fondos y darle un impulso a la investigación sobre la caja B del PP madrileño.