Ángel Montiel
De la casquería de la moción de censura autonómica, el PP salvó el poder a cuenta de perder una consejería. Sustituyó el apoyo en la Asamblea de dos diputados y medio de Ciudadanos (Ana Martínez Vidal y Juanjo Molina más el abstencionista Alberto Castillo) por el de Los Tres de Liarte (exVox), pero el flotador tenía un precio: la consejería de Educación y Cultura para Mabel Campuzano. Fue un gesto de náufrago a la deriva, dispuesto a asirse a cualquier maroma y decidido a pagar como fuera la deuda adquirida con quien lo acogía desde una segura embarcación de socorro.
Aparte de que las consecuencias de este hecho son del género heavy metal y con trascendencia nacional, a efectos prácticos, además de salvar su Gobierno, López Miras ha obtenido otros triunfos colaterales, como partir de cuajo a uno de sus hasta ahora principales competidores electorales, Ciudadanos, y asegurarse la paz en el interior de su equipo, pues los exCs que copan cuatro de las diez carteras del Ejecutivo están obligados a mantener la unidad de rebaño, ya sin las ostensibles discrepancias que Martínez Vidal manifestaba en los Consejos de Gobierno. Por otra parte, la cesión a los exVox de un departamento de altísima sensibilidad social como Educación y Cultura podría estar corregido por el hecho de que Campuzano asumirá la implantación del ‘pin parental’ en una versión más o menos light y conformará su equipo básico con técnicos en la cuerda del PP, además de que el grupo de Liarte se verá condicionado a asumir la totalidad de las políticas populares, pues el presidente parece haber comprometido a sus nuevos socios a no escenificar un gueto Vox en el interior de su Gobierno, es decir, a que Liarte no reproduzca el papel que hasta ahora interpretaba Martínez Vidal como jefa de Cs.
A esto pudiera obedecer el consuelo para Esperanza Moreno de intercambiar la consejería de Educación por la función de jefa de gabinete de la Presidencia: tal vez tenga encomendado que desde la cúpula controle posibles desvaríos en su exconsejería. No parece que los exVox, sin embargo, entren al Gobierno con prudencia: la primera manifestación de Juan José Liarte a las casi cien firmas con que personalidades de la cultura mostraban su alerta por este rediseño fue calificar el manifiesto como de «los cuatro de siempre que ven peligrar sus subvenciones», lo cual expresa el mantenimiento de un prejuicio electoral infundado convertido en provocación para el sector al que se pretende administrar. Resulta curioso que quienes no han firmado ese manifiesto sean precisamente los galardonados con medallas de oro del Gobierno o administren fundaciones sufragradas por el mismo.
No puede haber operación más arriesgada para López Miras que poner Educación y Cultura en manos de Vox (exVox, en propiedad, pero sin mayor disidencia ideológica, pues ésta deriva, ahora sí, de las subvenciones públicas al Grupo Parlamentario del partido), sobre todo porque no responde a una estrategia preconcebida sino a un estado de necesidad, aunque en el fondo parece anticipar el escenario que anuncian las encuestas para la próxima legislatura: una coalición PP-Vox si rebuscando en alguna de las profecías apocalípticas de Nostradamus no encontráramos algún párrafo que lo remediara. Un problema en el ‘mientras tanto’ de los dos años que quedan del actual periodo legislativo es que Vox, el auténtico, pudiera rebelarse contra el PP por amamantar éste a sus expulsados, un supuesto que, por aritmética parlamentaria, sitúa al presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, como El Hombre Decisivo. Véase: 16 PP más 3 exCs más 3 exVox dan una suma de 22 diputados, uno menos de la mayoría absoluta. Para ella, si el diputado oficial de Vox se rebota, será necesario el voto de Castillo, quien tendrá que calcular si le conviene apoyar la mayoría liderada por el PP o ser sustituido por Liarte en una remodelación de la Mesa de la Asamblea de acuerdo con la ‘nueva mayoría’, pues es evidente la anomalía de que sea el único miembro de Cs que conserve un cargo público derivado del pacto inicial de su partido con el PP.
PESOS PESADOS. Pero el árbol de la exVox Campuzano en el Gobierno no debiera impedirnos ver el bosque de lo que está pasando en el propio PP. En apariencia, el partido en el poder es un vaso de agua, precisamente por estar en el poder, pero la procesión, como las de Semana Santa en tiempos del coronavirus, va por dentro. A ciertas convulsiones soterradas responden los otros cambios, aparentemente de menor trascendencia, en la remodelación del Gobierno, que se complementan como piezas de Lego con los nombramientos precongresuales del PP para la dirección del partido.
Conviene que recordemos que la moción de censura de PSOE/Cs arruinó la iniciativa parlamentaría de este último, cuando todavía mantenía el pacto original con el PP, para modificar la Ley del Presidente que permitiera a López Miras presentarse a un tercer mandato. Esta posibilidad sigue estando en el aire, y es curioso que hayan entrado en escena de la política regional los dos alcaldes populares que permanecían en la reserva como posibles sustitutos: José Antonio Luengo, de San Javier, elevado a secretario general del partido, número dos de la organización, que se lo ha tomado en serio hasta el punto de que no ha tardado horas veinticuatro en contratar como gerente regional a su concejal de mayor confianza. Por otro camino, que viene a ser el mismo, el ya exalcalde de Yecla, Marcos Ortuño, acaba de ser nombrado consejero del Gobierno, haciendo olvidar las críticas del PP al ministro Illa por abandonar su responsabilidad institucional en plena pandemia para optar a otro cargo en su Comunidad autónoma. Pero ya se sabe que este tipo de acusaciones son de ida y vuelta.
LUENGO, ORTUÑO Y PATRICIA. Luengo y Ortuño son los nombres que se han manejado como posibles sustitutos de López Miras en caso de que éste no consiguiera resolver su problema, la reforma de la Ley Garre (la sombra de Garre es alargada) sobre la limitación de mandatos. No es, por tanto, extraño que ambos hayan amanecido a la política regional en un momento en que el poder del PP ha pendido de un hilo. Digamos que han sido puestos en vanguardia, por lo que pudiera pasar, y es hasta probable que a uno y a otro se les haya instruido sobre la posibilidad de tomar el mando cuando llegue el momento, y los dos se crean los elegidos, aunque lo cierto en ambos casos es que seguirán a rajatabla el criterio de Teodoro García Egea de hacer todo lo posible para que López Miras reedite su liderazgo. Todos a una por la causa mayor, pero si ésta decae, cada cual instrumentará su poder.
AVANZAR LOS PEONES. Pero si vamos a la reorganización del Gobierno de López Miras en su propio área, observamos algunos detalles, no por curiosos menos trascendentales. En primer lugar, la nueva posición del hasta ahora ‘hombre fuerte’ del Ejecutivo, Javier Celdrán, que pasaba por ser ‘el cerebro del Gobierno’. Ha perdido Presidencia, el ariete político del Ejecutivo, y como compensación añade a su responsabilidad al frente de Hacienda el título de Economía, un concepto que en el decreto de institución del nuevo Gobierno carece de competencia alguna. Como tener un tío en Graná. Las competencias de Economía propiamente dichas permanecen en manos de la consejera Valle Miguélez con la denominación de Empresa, y es obvio que ahí no se ha producido cambio alguno, pues en tal caso la ex de Cs tendría que haber sido cesada para ser nuevamente nombrada con un staff más reducido. Podemos sobreentender que la pérdida de influencia política de Celdrán ha sido adornada con un epíteto, Economía, que no existía en el anterior Gobierno y que es como un título nobiliario en el siglo XXI.
No obstante, causa sorpresa que mantenga, en una consejería propiamente económica, las competencias de la Oficina de Protocolo (agenda del presidente) y de Relaciones Institucionales, que hereda de Presidencia, y se le restan al nuevo titular, en cuyo ámbito sería lógico que permanecieran. Esto solo puede tener una lectura: se trata de mantener a la secretaria general de Presidencia con rango de consejera (en la sombra, siempre en la sombra, y con mando fáctico sobre el conjunto de los consejeros), Mar Moreno, en el ámbito de Celdrán, jefe con el que mantiene química y complicidad sobrada antes de ensayar si la convivencia con Marcos Ortuño, un tipo con personalidad muy propia, resulta de tan plena confianza.
Ortuño, como consejero de Presidencia, dispondrá de dos competencias fundamentales: la coordinación de los secretarios generales que establecen el orden del día de los Consejos de Gobierno y las relaciones con la Asamblea Regional, pero esa labor, tan a pie pespunte con el presidente, se puede ver alterada por su responsabilidad añadida de consejero de Turismo y Deportes, cuya sede fue trasladada a Cartagena. No parece que dos funciones tan distintas sean fácilmente compatibles desde la distancia física. Presidencia requiere un despacho en San Esteban a pocos metros del presidente, y Turismo se instaló en Cartagena a principios de la legislatura como un gesto que pretendía apostar por la promoción de ese entorno, aunque también parecía un ariete para apoyar a Noelia Arroyo cuando ésta se haga cargo, en pocos meses, de la alcaldía, pues Cartagena, y ahora más que nunca, una vez que el PP ha perdido el ayuntamiento de Murcia, es plaza fundamental para reeditar un buen resultado electoral del PP en las autonómicas.
Esta descolocación es uno de los elementos más curiosos de la remodelación. Que la consejera de Turismo saliente no pueda ofrecer un palmarés de gestión sobresaliente más allá de haber ofrecido obediencia absoluta a las directrices de discriminación informativa desde San Esteban, es hasta comprensible, pues es difícil hacer política turística entre confinamientos y cierres perimetrales. La caída en Turismo de María Cristina Sánchez, y en Educación y Cultura de Esperanza Moreno cierra la etapa de ‘consejeros no orgánicos’ y abre otra de concentración de ‘figuras políticas’ alrededor del presidente, hasta ahora el único de todo el conjunto con el sello inequívoco de la gaviota.
El PP de Casado apuesta por López Miras, sin lugar a dudas, pero por si acaso ha avanzado los peones. En el Gobierno y en el partido. Y el chiste es que la Ley del Presidente que decidirá el futuro está en manos del pregonero Castillo.
