Los gobiernos autonómicos han aprovechado este mes y medio de precampaña para lanzarse a la competición de promesas electorales a las puertas del 28A y de los comicios autonómicos del 26M. Varios de los ejecutivos han anunciado desde bajadas de impuestos a reformas para mejorar hospitales o precios «sociales» para trenes de alta velocidad que todavía tardarán años en llegar.
Restaban 72 horas para el inicio de la campaña cuando el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos anunció una «revolución fiscal» siguiendo la estela del modelo madrileño. El Consejo de Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla aprobó el martes 9 un decreto ley que incluye, entre otras cosas, la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones para los familiares directos y cónyuges; una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF y una reducción del impuesto de transmisiones y actos jurídicos. El PSOE-A lo calificó de intento para hacer campaña de «manera burda». Las bajadas de impuestos generalizadas están también en los programas electorales de Ciudadanos, PP y Vox, que no han explicado cómo piensan cuadrar los ingresos para combatir la caída de la recaudación.
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que tampoco se enfrenta a unas elecciones autonómicas este año, pondrá los billetes del futuro tren de alta velocidad en Euskadi a un «precio social» que oscilará, de media, entre los 8 y 12 euros. Esta alta velocidad no llegará hasta 2024, según el gobierno del PNV y el PSE. Además, este martes han aprobado subir un 5% las cuantías en ayudas a la conciliación destinadas a las familias vascas en 2019 con una inversión total de 34,9 millones de euros.
A la carrera de anuncios se sumó Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, con la convocatoria de la «mayor» oferta de empleo público en una década. En total se trata de 6.004 plazas, de las cuales 2.617 son de administración general, un 18% más que el año anterior. Algunas de las plazas llevaban una década sin ofertarse, lo mismo que lleva Feijóo en el Gobierno.
En Galicia las autonómicas se esperan para otoño de 2020, pero el último CIS apunta que la hegemonía del Partido Popular como primera fuerza en la comunidad en las generales podría estar en riesgo. Este barómetro dibuja un escenario en el que el PSdeG podría obtener entre 9 y 10 de los 23 escaños en juego en las generales y el PPdeG oscilaría entre 8 y 9, en lo que constituiría un descalabro para un partido que ha sido hegemónico en esta comunidad.
Ya durante la campaña, la Junta Electoral de Vigo ha advertido a Feijóo de que debe mantener la «neutralidad» cuando intervenga en un acto como presidente de la Xunta a raíz de una denuncia del PSOE local que el organismo, sin embargo, ha desestimado. Los socialistas consideraban que había aprovechado un acto de entrega de premios para publicitar su propia gestión.
Lo que prohíbe la ley electoral a los poderes públicos en su artículo 50 es «organizar o financiar, directa o indirectamente, actos que contengan alusiones a la realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilicen imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones». Según señala una instrucción de la Junta Electoral, este organismo entiende que, como hay dos comicios muy cercanos en el tiempo, esta prohibición debe afectar desde el día que se convocaron las generales hasta el 26M.
El «nuevo coloso de la sanidad pública madrileña»
Al margen de estos tres territorios sin autonómicas a la vista, los ejecutivos que sí se enfrentan a una cita con las urnas en mayo también han aprovechado este mes para hacer anuncios y promesas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, relanzaba a principios de abril por enésima vez su compromiso de reformar el Hospital La Paz y convertirlo, en palabras del vicepresidente Pedro Rollán, en un «nuevo coloso de la sanidad pública madrileña» con un presupuesto máximo de 500 millones.
Lo que aprobó hace una semana el Consejo de Gobierno son, en realidad, las bases y el pliego de prescripciones técnicas de un megaproyecto que ha pasado por varios baches en su breve trayectoria, empezando por un concurso para adjudicar el diseño que quedó desierto hace un año. Forma parte del catálogo de promesas de su antecesora, Cristina Cifuentes, de realizar un plan de inversión a diez años para reformar los hospitales públicos. Este mismo plan es el que ha citado de forma recurrente durante la precampaña Isabel Díaz Ayuso, candidata popular a la Comunidad.
En La Paz, como en los otros centros de referencia de la región, se denuncian problemas con el mantenimiento −caídas de techo, tuberías reventadas− y colapso en los servicios con frecuencia. De hecho, la Comunidad aprobó este pliego el 9 de abril y, solo tres días después, una nueva rotura de una cañería inundó parte de las oficinas sindicales del hospital.
Construcción de una mina de zinc en Cantabria
El Gobierno de Cantabria ha incluido entre sus objetivos la apertura de una mina de zinc con la que se promete crear 2.000 puestos de trabajo directos en la comarca del Besaya, una de las zonas que más ha sufrido la crisis económica, con una inversión de cerca de 600 millones de euros. El ejecutivo modificó la Ley del Suelo durante esta legislatura de manera urgente para permitir este tipo de explotaciones e hizo un concurso público para adjudicar las zonas donde se podrían hacer prospecciones que ganaron dos filiales de Canadá y Australia. Tras muchos meses de retraso en los plazos, el primer sondeo de investigación comenzó el pasado 19 de marzo.
Por otra parte, Revilla y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) están centrando su campaña de las generales en la reivindicación de una conexión de alta velocidad entre Santander y Bilbao, que conecte ambas ciudades en 40 minutos y con dos paradas intermedias en Laredo y Castro Urdiales.
En Aragón, Javier Lambán elegía Teruel, uno de los símbolos de la llamada España vaciada, para explicar que el 29 de abril el Consejo de Administración de Renfe empezará la licitación de los nuevos trenes que sustituirán a los llamados ‘tamagochi’, las locomotoras diésel que cubren los trayectos que unen Zaragoza con Canfranc y Teruel. La fecha estaba ya prevista, pero en febrero el presidente de Renfe aclaró que, aunque se liciten este mes, la adjudicación para su fabricación será «con suerte» a principios de 2020.
Promesas en educación en la Comunidad Valenciana
Los partidos del ‘Botànic’ (PSPV y Compromís son socios en el Gobierno valenciano) han centrado en la educación sus propuestas electorales más llamativas hasta la fecha. Así, el president Ximo Puig, candidato socialista a la Generalitat, aseguró que los estudiantes universitarios que aprueben todas las asignaturas podrán matricularse de forma gratuita el siguiente curso. Esta promesa electoral tendría un coste aproximado de 92 millones de euros anuales para las arcas públicas. También ha hablado de una multiplicación por cinco de las becas Erasmus.
Antes había sido el conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), quien anunció una de sus propuestas para la próxima legislatura si consiguen reeditar el Gobierno autonómico. Se trata de extender el servicio de comedor escolar gratuito a todos los alumnos valencianos de Infantil y Primaria −actualmente son 40.000 los niños que disfrutan de beca de comedor−. Para hacer efectiva esta medida (se implementaría de forma gradual a lo largo de la legislatura) se necesitarían 88 millones de euros más al año. La Generalitat invierte actualmente 72 millones en becas de comedor.
La educación también es uno de los ejes de las promesas del PSIB-PSOE, con Francina Armengol como candidata a la reelección como presidenta el 26M. El partido ha apostado por que la educación de 0 a 3 años sea gratuita, una limitación de los precios de alquiler y se ha comprometido a «triplicar» el número de viviendas públicas.
FUENTE: ELDIARIO
