Nadie tiene claro del todo hacia dónde nos conduce el Estado de las Autonomías. O al menos una gran mayoría de la opinión pública española que observa estupefacta como se vienen precipitando una serie de acontecimientos que ni tienen perfiles políticos, ni ideológicos, ni sociales y muchos menos económicos. El espectáculo que han montado los separatistas se vienen sucediendo ante el asombro y las risas, lo que humilla a un pueblo que históricamente contribuyó con la forja de la unidad nacional formando parte del reino de Aragón. El más difícil todavía del circo podría ser una anécdota más de los líderes de la política española desde hace siglos, que ahora ha cobrado dimensiones cinematográficas de ciencia ficción, que los murcianos estamos soportando estoicamente, que según las estadísticas seguimos siendo los últimos de la clase, entre los últimos como mínimo. El déficit nacional, las trampas del derroche de las diecisiete comunidades se eleva hasta  superar los doscientos mil millones de euros, que junto al derrumbamiento de la banca y las cajas politizadas, hizo estallar la burbuja de una crisis que así mismo fortalecía negativamente una corrupción sin precedentes, cuyos responsables, de la catástrofe, siguen esperando su turno para sentarlos en el banquillo de los acusados, porque la Justicia, con sus hombres y leyes, siguen siendo otra de nuestras asignaturas pendientes. Lea  el trabajo que hemos rescatado y saque sus propias conclusiones, y recuerde como las élites parlamentarias siguen dándose caña pero no ofreciendo soluciones.Siguen tirándose al cuello, como se comenta en la calle.

 

COLECTIVO OPINIÓN PUBLICA

 

 

Tarde o temprano, las autonomías españolas serán suprimidas porque se harán cada día más rebeldes y poderosas, convirtiéndose en un peligro mortal para la convivencia, la economía y la supervivencia de la nación. La rebelión de Cataluña no es el único problema grave del sistema autonómico, aunque si el más peligroso y preocupante. El independentismo catalán es solo la parte visible del enorme iceberg autonómico, que terminará demoliendo España si no es suprimido pronto. Las autonomías rompen España y tendrán que ser suprimidas.
 
El sistema autonómico español, la famosa «España de las Autonomías», no aguanta mucho más. Es un lastre, para la economía, la seguridad y la convivencia, que solo trae corrupción y gastos. El drama catalán y el crecimiento del independentismo en otras regiones terminará por convencer a los españoles de que ese sistema es insoportable y debe ser suprimido.
 
El balance de las autonomías en las cuatro últimas décadas es nefasto, aunque la soberbia de los políticos y el sometimiento de la mayoría de los medios de comunicación impiden que esa verdad sea difundida. Las autonomías han acabado ya con el mercado único y con la igualdad de los españoles ante la ley, además de romper la unidad fiscal. Entre sus desmanes están la existencia de una Justicia diferente, la proliferación de lealtades contradictorias, diferencias enormes en la calidad de los servicios públicos, privilegios diferentes en cada región y hasta la existencia de una educación y una sanidad que ya no son homogéneas.
 
Además, las autonomías son una fuente de gastos insoportables, cada una con su propio gobierno, parlamento e instituciones publicas inútiles que, de hecho, copian y duplican a las existentes en el Estado nacional.
 
Pero lo peor del sistema, derivado de aquel «café para todos» proclamado en tiempos de Adolfo Suárez, es que las autonomías generan fuerzas y corrientes centrífugas que destruyen la unidad nacional, enfrentan a unos ciudadanos con otros y tensionan y deterioran la convivencia y la vida cotidiana.
 
Es probable que los efectos más nocivos del sistema autonómico se estén produciendo en la educación. Los niños y jóvenes españoles están siendo educados según el capricho de los gobernantes autonómicos, sin armonía, uniformidad, respeto y una línea común. En algunas autonomías, como Cataluña, se está adoctrinando a los niños y jóvenes y tanto en Cataluña como en otras se promueven las diferencias, el nacionalismo y hasta el odio.
 
La inmensa mayoría de los ciudadanos ni entienden ni admiten las escandalosas diferencias que existen entre unas regiones y otras. Valga como ejemplo lo que ocurre con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo muy cuestionado que grava las herencias y que es diferente en cada autonomía. Mientras que en Andalucía, Asturias y otras regiones como Aragón y Extremadura se aplica con dureza, hasta el punto de que miles de familias renuncian a los bienes heredados y otras se arruinan para pagar los tributos que les exigen los políticos, en otras apenas se paga nada. De hecho, heredar en Andalucía significa pagar impuestos cien veces más elevados que en Madrid y mil veces superiores a los que pagan los canarios. Además de injusto, es un tributo claramente anticonstitucional que Rajoy mantiene, a sabiendas de que es vergonzoso e ilegítimo, y que algunos sátrapas autonómicos aplican sin piedad ni justicia.
 
Pero las diferencias e injusticias generadas por el sistema autonómico abarcan muchos otros ámbitos, como la sanidad, la educación, las subvenciones, la contratación pública, el trato a los funcionarios, la relación con las empresas, el precio de las matrículas universitarias, las carreteras, la Justicia, la regulación de las profesiones, el sector sin ánimo de lucro y otros muchos aspectos.
 
Algunas administraciones autonómicas, como Madrid, apuestan por corrientes liberales y bajan los impuestos, pero otras, como Andalucía, gobernada por los socialistas desde la muerte de Franco, despliegan políticas intervencionistas que crean densas redes clientelares y de poder muy parecidas a las que existían en la antigua Unión Soviética.
 
El sistema autonómico es caótico y a quien únicamente beneficia es a la clase política, que gracias a él posee amplios espacios de poder y de privilegios, además de instituciones inútiles donde pueden colocar a sus compañeros de partido, familiares y amigos.
 
El sistema autonómico propicia la corrupción y es el principal culpable de que España sea el país de Europa que más políticos mantiene a sueldo del Estado, casi medio millón, más de los que tienen Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos, todo un escándalo que obliga a los españoles a pagar impuestos elevados y desproporcionados.
 
Acabar con las autonomías empieza a ser más una urgencia que una opción.
 

DE FRANCISCO RUBIALES

 

 

Empresas públicas: el negocio ruinoso de las Autonomías

 

Los gobiernos regionales llegaron a sumar en España más de 600 empresas públicas. Era la larga —y ruinosa— nómina de sociedades mercantiles de las Autonomías que había cuando estalló la crisis económica y empezaron a hundirse las cuentas publicas que dejaron en evidencia esa maraña de entes. Con la crisis, se anunció una «poda» en esas extensas ramas del sector público autonómico que, según han constatado los últimos estudios del Tribunal de Cuentas (TCu), en cinco años se saldó con la eliminación de un 26% de esas sociedades. Aún así, al acabar la crisis España todavía rozaba el medio millar de empresas públicas autonómicas que deja una factura de miles de millones cada año.

Uno de los datos curiosos que se desprende de los informes elaborados al respecto por el TCu es que, a ciencia cierta, ni siquiera este alto organismo es capaz de saber cuánto dinero se tragan las empresas públicas regionales. Es incapaz de acceder al detalle de toda la información, a todos los recovecos contables y presupuestarios por los que transita el dinero desde los gobiernos regionales a sus sociedades mercantiles. La transparencia no es el fuerte de estos entramados mercantiles. De los datos a los que ha podido ir accediendo el TCu y que ha recopilado ABC se desprende que, con toda seguridad, ese conglomerado de empresas públicas perdió en cinco años, en el quinquenio 2010-2014, más de 22.000 millones de euros. Y eso solo como mínimo, porque el cómputo no es completo: faltan los datos del enorme entramado empresarial de la Generalitat, cuyas cuentas de 2014 no le fueron facilitadas al TCu.

A golpe de talonario público

Esos más de 22.000 millones de euros de pérdidas es solo una porción del agujero que acumulan las empresas públicas autonómicas. Hay que tener en cuenta que esas pérdidas las alcanzan después de consumir abultadísimas subvenciones. Para apuntalar la actividad de esas empresas públicas, los distintos gobiernos regionales les inyectaron más de 30.000 millones en ayudas públicas directas entre 2010 y 2014 —en la cifra faltan igualmente los datos de Cataluña—.

Los gobiernos regionales les inyectan miles de millones cada año

Es decir, entre las subvenciones que reciben y el dinero que pierden, el coste de las empresas públicas autonómicas superó los 52.000 millones de euros. Pero ahí tampoco acaba el coste real de este entramado societario, porque hay que sumar otras vías con las que se les inyectan abundantes caudales públicos para mantener a flote esas sociedades. Además de las subvenciones, desde hace varios años los gobiernos regionales han recurrido a la fórmula de los denominados créditos participativos, lo que supone inyectar fondos públicos bajo la forma jurídica de préstamos que, en no pocos casos, son de incierta recuperación a posteriori. Y, además, hay que tener en cuenta que en esas empresas públicas acostumbran a aterrizar multimillonarias cantidades de dinero público por otra vía más: la prestación de servicios a la Administración regional de la que dependen. El gobierno regional de turno se convierte de esa forma, a la vez, en dueño y cliente de su sociedad mercantil.

El entramado empresarial de las autonomías es muy heterogéneo. Por ejemplo, en las cuentas de ese quinquenio 2010-2014 se incluyeron los resultados económicos de la Sanidad pública murciana, servicio esencial para el que hace años que ese gobierno autonómico decidió crear una empresa mercantil que lo agrupara.

Sospechas de enchufismo

En su conjunto, la red de empresas de los gobiernos autonómicos son también un extenso espacio de colocación —se cuentan por miles los empleados del nutrido tejido societario de la Junta de Andalucía, y el de la Generalitat ronda los 5.000 trabajadores—.

Se trata, por tanto, de un relevante subsector de empleo público de los gobiernos regiones, y está salpicado desde hace años por las sospechas del enchufismo. El propio Tribunal de Cuentas lo ha ido advirtiendo de forma reiterada a lo largo de los años. Ha afeado expresamente los abundantes procesos selectivos en los que detectó que no se habían respetado los principios esenciales de igualdad, mérito y capacidad que han de cumplirse en el acceso a todo empleo público.

Las cuentas de la Generalitat

Las empresas públicas de la Generalitat catalana son las más opacas para el Tribunal de Cuentas (TCu). Lo constata su último informe de fiscalización que ha publicado sobre el sector público autonómico, el relativo al ejercicio contable de 2014: no ha conseguido conocer las cuentas de conjunto de las sociedades de la Generalitat catalana. Es el único sector empresarial autonómico para el que el TCu ha sido incapaz de certificar las pérdidas globales que arrojó en 2014, ni las subvenciones públicas que recibió, ni sus balances agregados… No es cuestión menor: Cataluña es la que tiene un mayor número de empresas públicas autonómicas, pero casi un tercio de ellas no presentaron al TCu sus cuentas de 2014. Cincuenta empresas de gobiernos regionales incumplieron esa exigencia de fiscalización ante el Estado y, de ellas, veinte pertenecen a la Generalitat catalana.

 

 

 

FUENTE: ABC